Informe para concesionar Sacha, una de las tareas del nuevo Ministro de Finanzas de Ecuador

Un tema pendiente del nuevo ministro de Finanzas es la emisión del informe de Riesgo Fiscal solicitado por el Comité de Licitación Hidrocarburífera para la concesión del campo petrolero Sacha, el más productivo de Ecuador, a un consorcio que incluía una filial de la gigante estatal China Sinopec. 

El gobierno analiza la concesión del campo Sacha por 20 años a ese consorcio a cambio de un bono anticipado de USD 1.500 millones.

De acuerdo con la propuesta presentada, el consorcio ofrece incrementar la producción del campo de los actuales 77.000 barriles diarios de petróleo unos 100.000 barriles diarios en un plazo de tres años.

La propuesta ha sido cuestionada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que hablan de una supuesta privatización del campo, así como de trabajadores petroleros que ya se oponen a la propuesta.

PRIMICIAS conoció que el Ministerio de Energía y el consorcio firmaron ya las actas de cierre de negociación en diciembre de 2024, pero no se había emitido el Informe de Riesgos Fiscales por parte del Ministerio de Finanzas que había realizado varias consultas sobre el proceso y pedido aclaraciones.

Una de las primeras tareas de Jaramillo será dialogar con las autoridades y técnicos del FMI. En abril de 2025 están previstas las Reuniones de Primavera del FMI en Washington, en las que han participado los ministros de Economía ecuatorianos desde que el país volvió a solicitar financiamiento del multilateral, en 2019.

De ahí que es de esperar que Jaramillo asista a ese foro en el que además participan inversionistas y agentes del mercado internacional.

Además, en marzo de 2025 está previsto que un equipo técnico del FMI revise el cumplimiento de las metas del acuerdo de crédito que el Gobierno de Noboa concretó en abril de 2024.

El acuerdo con el FMI es clave para el país por las millonarias necesidades de préstamos externos que tiene Ecuador. Solo para 2025 Ecuador espera unos USD 1.250 millones de desembolsos del FMI para cubrir las necesidades del Presupuesto del Estado.

La de marzo será la segunda revisión de metas dentro de este programa de crédito. Y si el Gobierno alcanza los objetivos previstos, el FMI desembolsaría unos USD 410 millones a Ecuador ese mes o más tardar en abril.

Sin embargo, esas metas que revisará el organismo se evaluarán con corte a diciembre de 2024; es decir, Jaramillo deberá presentar al Fondo en marzo, los resultados alcanzados durante la gestión de Vega hasta diciembre de 2024.

Y más adelante, en julio de 2025, el organismo hará una nueva revisión de metas, de las que depende otro desembolso de USD 410 millones. Esas metas son con corte a abril de 2025; es decir, en esa ocasión sí se revisarán los objetivos alcanzados durante la gestión del nuevo ministro Jaramillo.

Algunas de las metas por cumplir dentro del acuerdo con el FMI apuntan a:

1. Reducir el déficit en el Presupuesto del Gobierno Central (que se crea cuando los gastos superan a los ingresos).

2. Reducir los atrasos en los pagos a proveedores y gobiernos locales.

3. Aumentar el monto de reservas internacionales en el Banco Central (BCE).

4. Y aumentar la cantidad de beneficiarios de bonos sociales.

Pero a la par, Jaramillo también deberá seguir en las conversaciones para un eventual segundo préstamo que Vega comenzó a negociar con el FMI.

Se trata del programa Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF por sus siglas en inglés).

El programa dura hasta 18 meses y requiere que el Gobierno cumpla reformas de políticas de alta calidad que respondan a los desafíos estructurales a largo plazo del cambio climático o la preparación para pandemias.

El gasto en obra pública es el que más estancado ha estado en los últimos años. Así, el gasto público en el Plan Anual de Inversiones (PAI) de 2024 sumó USD 1.279 millones a diciembre de ese año, una cifra menor a lo gastado en el PAI de 2023, que fue de USD 1.371 millones

El PAI comprende proyectos de inversión pública en carreteras, cárceles, escuelas, centros de salud o en energía.

Y para 2025, el PAI contempla 285 proyectos de inversión por unos USD 1.797,16 millones, es decir representa el 4,98% del total del Presupuesto del Estado.

El desafío es cuánto logrará ejecutarse de ese presupuesto de inversión. Por ejemplo, en 2024, el presupuesto del PAI era USD 1.808 millones para todo el año, pero se ejecutaron USD 1.279 millones. Además, el monto de atrasos en pagos en el PAI sumó USD 295 millones en 2024.

En junio de 2024 el Ministerio de Finanzas implementó un sistema de bandas de precios para las gasolinas de bajo octanaje, como son la Extra y Ecopaís. Con esto se esperaba un ahorro de unos USD 544 millones para el Estado ese año.

Pero la intención del Gobierno es seguir recortando ese gasto. Un informe enviado por la administración del presidente candidato al FMI en noviembre de 2024 menciona que se compromete a "mejorar la focalización de los subsidios y mejorar la eficiencia y la capacidad del sistema de refinación de petróleo en el mediano plazo".

Pese a que en gobiernos anteriores el intento de reducir el subsidio al diésel ha causado fuertes protestas sociales, entre los inversionistas internacionales hay expectativas de que, si Noboa gana la reelección, podrían implementarse medidas para reducir esta subvención.

En 2024, en la gestión de Vega, los gastos en bonos para población vulnerable se redujeron frente a 2023. El Gobierno destinó en 2024 USD 1.275 millones para los seis tipos de bonos sociales; entre ellos, el Bono de Desarrollo Humano, el bono para personas con discapacidad y la pensión para adultos mayores.

Se trata de una reducción de USD 20 millones frente a lo destinado a esos bonos en 2023.

Y más bien, el Estado tuvo que crear un nuevo bono para los taxistas, conductores de camionetas productivas y tricimotos, por la reducción del subsidio a la gasolina, al que destinó USD 14 millones en 2024.

Jaramillo tendrá que plantear medidas que permitan al Gobierno al menos alcanzar la recaudación récord de impuestos que dejó 2024. 
Es un desafío, pues en 2025 ya no recibirá algunos ingresos por contribuciones que fueron temporales durante 2024.

El Gobierno de Noboa presentó en noviembre de 2024 al FMI un plan para implementar cambios tributarios permanentes, pero esa información no se ha hecho pública. Según el FMI, esas nuevas medidas dejarían ingresos equivalentes al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador en 2025.

Esto es alrededor de USD 881 millones, tomando en cuenta que el multilateral prevé que el PIB en 2025 será de USD 125.968 millones.

Entre las medidas tributarias temporales que se deben reemplazar están la condonación tributaria y el impuesto a la banca y cooperativas, que dejaron ingresos al Fisco en 2024, pero que ya no estarán vigentes en 2025.

Otro desafío que enfrentará Jaramillo  es la volatilidad de los ingresos petroleros, que han ido perdiendo peso en el Presupuesto del Estado.

Una de las metas del Gobierno es subir la producción petrolera en los dos próximos años, que está estancada.
Según datos del Gobierno, Ecuador extrajo 475.272 barriles diarios en 2024, que fue prácticamente lo mismo que se produjo en 2023.

El objetivo es llegar a 508.088 barriles diarios en 2025 y en 2026 alcanzar un pico de 600.720 barriles diarios. Pero luego de ese año, se prevé que la producción petrolera nacional vaya descendiendo a 539.252 barriles diarios en 2027 y 395.544 barriles en 2028. Subir la producción en 2025 y 2026 será una tarea difícil porque está en marcha el plan de cierre del bloque petrolero ITT.

El nuevo ministro de Finanzas enfrentará el desafío de pagar la millonaria e histórica deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Una ley aprobada en julio de 2024 ordena que el actual Gobierno consolide el monto adeudado al IESS y firme un acuerdo de pago a 10 años plazo. El IESS ha dicho que el plazo para cumplir con esta normativa vence en marzo de 2025.

Según el IESS, llegan a la abrumadora cifra de USD 24.233 millones, un valor comparable a todos los gastos del Presupuesto General del Estado en 2025. Pero el dato aún estaba en proceso de consolidación con Finanzas.