Transporte pesado de Ecuador da 15 días al Gobierno y advierte con “apagar motores” por alza del diésel

El gremio del transporte pesado advirtió que podría detener sus operaciones si el Gobierno no atiende sus demandas en un plazo de 15 días. Aunque sus dirigentes insistieron en que no buscan una paralización, señalaron que la situación del sector es insostenible y que, de no existir respuestas, se verían obligados a “apagar motores”.

“Los transportistas no queremos parar. No estamos en capacidad de hacerlo, pero si el Gobierno no nos da solución, tendremos que apagar nuestros motores”, afirmó Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), que agrupa a pequeños y medianos transportistas a escala nacional, tras un congresillo realizado este lunes 20 de abril en Guayaquil.

En paralelo, durante su rendición de cuentas en Guayaquil, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, aseguró que el Gobierno mantiene una articulación permanente con el sector, en contraste con los reclamos expuestos por el transporte pesado en un encuentro realizado en la ciudad.

"Los transportistas han estado aquí, en la rendición de cuentas, hemos tenido claros avances con ellos, estamos trabajando en la tercera placa, en zonas de descanso... todos los compromisos a los que llegamos con ellos están en una hoja de ruta, mantengo reuniones con cada uno de estos sectores para darle seguimiento a todo lo proyectado".

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte.

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Pero, en la práctica, el principal reclamo de la Confetrape, que representa a cerca de 100.000 trabajadores, se centra en el incremento del precio del diésel, tras la eliminación del subsidio en septiembre de 2025, cuando el galón pasó de USD 1,80 a USD 2,80. Desde entonces, el combustible se ajusta bajo un sistema de bandas, en función de los precios internacionales.

En ese contexto, el valor ha seguido subiendo. Para abril de 2026, el precio referencial del diésel premium se ubicó en USD 2,96 por galón, en medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad del petróleo.

Según Ortiz, el impacto ha sido directo en la estructura de costos de los transportistas, al punto de volver inviable la operación en muchos casos.

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“El transporte pesado ecuatoriano ha colapsado”, sostuvo el dirigente, al explicar que los costos operativos se han triplicado en comparación con los niveles previos. Como ejemplo, señaló que un recorrido que antes implicaba un gasto de entre USD 140 y USD 150 en combustible, ahora requiere alrededor de USD 400.

A esto se suma, según el gremio, el incremento en el precio de repuestos y la falta de control en ese mercado, lo que también presiona la economía de los transportistas, especialmente de los pequeños y medianos, que —aseguran— son los más afectados.

Gremio exige frenar alza del diésel y plantea medidas

Frente a este escenario, los transportistas plantean como medida urgente la paralización del incremento mensual del precio del diésel. Además, proponen la focalización del subsidio para el sector organizado, así como la implementación de un ajuste dinámico de tarifas que permita compensar las variaciones en el costo del combustible.

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Esta última propuesta contempla una fórmula en la que las tarifas del transporte se ajusten en función del precio del diésel: si sube el combustible, sube la tarifa; si baja, la tarifa también debería reducirse.

Ortiz aseguró que estas alternativas ya han sido planteadas previamente al Gobierno, sin obtener respuestas concretas. Por ello, anunció que el gremio presentará un nuevo documento formal con sus demandas al presidente de la República, Daniel Noboa, y a los ministerios competentes.

Advertencia sin anuncio de paro

Pese al tono de advertencia, el dirigente aclaró que el sector no está en condiciones de impulsar una paralización inmediata, ya que esto también implicaría pérdidas para los propios transportistas.

Sin embargo, insistió en que la falta de soluciones podría llevar a una detención progresiva de la actividad.

“Nosotros no queremos paralizar, pero el Gobierno tampoco nos está garantizando condiciones para seguir trabajando”, señaló.