La inyección de capital que está recibiendo Ecuador de entidades internacionales para paliar su falta de liquidez, más de 10.000 millones de dólares, ha abierto un agrio debate sobre el precio de estos acuerdos a nivel social, si bien parece que las alternativas no eran demasiado alentadoras.
Las finanzas públicas ecuatorianas acumulan una deuda de casi 56.000 millones de dólares, según los últimos datos del Ministerio de Finanzas, y la necesidad de devolver préstamos y deuda cuando el país está en pleno estancamiento hacían necesaria la búsqueda de ayuda extranjera.
“Los acuerdos eran imprescindibles”, asegura el exministro de Finanzas Pablo Better, para quien esa deuda es “inmanejable en las actuales circunstancias” del país.
La economía ecuatoriana está sumida en el estancamiento y, según un informe del FMI difundido esta semana, el crecimiento real previsto para 2019 será de -0,5 por ciento, y en 2020 apenas llegará a 0,2.
Una situación que viene originada en la extrema dependencia del país de sus exportaciones petroleras, la deuda que dejó el anterior presidente Rafael Correa (2007-2017), el déficit fiscal y otros factores regionales que han frenado el desarrollo.
“Es una de las razones por las cuales el acuerdo con el FMI es tan importante. Hay que reducir la carga de los pagos anuales en el presupuesto general”.
Pablo Better
El experto económico fue presidente de la Asamblea de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial y ex Presidente del Directorio del Banco Central de Ecuador.
Con el apoyo de EE. UU., país al que Ecuador se ha acercado desde que Moreno llegó al poder en mayo de 2017, su ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió a organismos internacionales en busca de financiación más asequible y de asistencia para programas de desarrollo.
En marzo, varios de ellos le extendieron una línea gradual de crédito por 10.200 millones de dólares, un regalo que para muchos líderes sindicales y sociales vino envenenado por el paquete de reformas que exigen estas organizaciones, entre ellas, fiscal, laboral y tributaria.
Las reformas prioritarias
“A Martínez lo que debe preocuparle es el déficit, el gasto innecesario”, indica Better sobre las medidas exigidas, que cree imprescindibles para que dentro de tres años Ecuador pueda equilibrarse.
Y cree que “la burocracia” tendría que “reducir 100.000 puestos de trabajo”, equivalente a “un 15 % de los servicios públicos” de todo el aparato estatal y local.
“Eso es difícil y no se puede hacer de golpe”, advierte sobre la necesidad de hacerlo de forma gradual para no provocar que “la gente que salga al desempleo genere políticamente un movimiento que vuelva a la década pasada”, en alusión al anterior régimen de Correa.
Pero considera imprescindible sacar adelante esas reformas porque “si no hay cambios en ese sentido se va a interrumpir el programa” de asistencia.
Otros temores incluyen que una reforma laboral, que el Gobierno defiende como necesaria para incrementar la competitividad y la productividad, perjudique las condiciones de trabajo.
El pasado 28 de junio, en un documento de 80 páginas, el Directorio del FMI dio un espaldarazo a Moreno al verificar que había cumplido las metas fijadas para el segundo desembolso de 251 millones de dólares (sus reservas fueron técnicas), si bien Better cree que, pese a sus “buenas intenciones”, quizás Moreno “no tenga todos los instrumentos que requiere para hacer la reforma”.
El fraccionamiento político en el país es muy alto y Moreno tendrá dificultad en hacer pasar por la Asamblea todas las reformas requeridas.
Better destaca en ese sentido que “si hay reformas se puede salir del estancamiento”, que si Ecuador “cumple el acuerdo con el Fondo las cosas se verán muy positivas”, pero advierte que Moreno “tiene que manejarse con mucho cuidado” en su llamado Plan de Prosperidad, como se conoce al conjunto de reformas estructurales en marcha para reactivar la economía.
Argumentos en contra del FMI
La plataforma ciudadana “Va por ti Ecuador” denunció, este jueves 4 de julio, que el acuerdo con el FMI, por valor de 4.200 millones de dólares, es “inconstitucional” y lo tachó de “burla al pueblo ecuatoriano” y un “burdo juego de palabras” para violar la Constitución del país.
El profesor de derecho constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Jorge Benavides, opinó que la forma jurídica que se le ha dado a este acuerdo, la de acto administrativo de efectos generales, implica que afectaría a la sociedad ecuatoriana.
Y que al tratarse de un acuerdo en el que el Gobierno se compromete a hacer reformas, “existe la posibilidad de que, en el futuro, alguna de estas reformas pueda contravenir leyes de Ecuador“.
Otros colectivos y expertos advierten desde hace meses de un impacto de las medidas sugeridas por el FMI contra la clase media y los sectores populares.
Entre ellas está la reducción del gasto público y del tamaño de la Administración del Estado con el fin de llegar a equilibrar el déficit fiscal.
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