En el segundo semestre del año, el Ejecutivo enviará al Legislativo las reformas tributaria, al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y al Código Monetario y Financiero. Los aliados del Gobierno coinciden en rechazar medidas que aumenten los impuestos y no todos están cómodos con la reforma laboral.
El desafío del Gobierno es lograr, en el segundo semestre del año, la aprobación de las reformas estructurales que el país acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero eso dependerá de la Asamblea Nacional, la instancia que discutirá y aprobará las reformas estructurales que le envíe el Ejecutivo.
En la agenda se destacan las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), al Código Laboral y al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Además, la Asamblea debe tramitar la Ley de Fomento Productivo II.
Esto implica un arduo trabajo -en términos políticos- del Ejecutivo.
Las reformas son necesarias para aumentar la competitividad, subir la recaudación tributaria, reducir el déficit fiscal, aumentar el nivel de reservas internacionales, fortalecer al sistema financiero privado y blindar al Banco Central.
En marzo de 2019 Ecuador firmó su acuerdo número 19 con el FMI, el primero de ellos data de 1984. El país incumplió la mayoría de estos compromisos y no recibió los desembolsos completos.
Considerando estos antecedentes, el Ejecutivo no puede arriesgarse a un fracaso de las reformas en la Asamblea.
El diálogo político con todos los bloques será un factor fundamental para conseguir apoyo en firme antes de que los proyectos de reforma lleguen al Legislativo.
PRIMICIAS dialogó con asambleístas de distintos bloques y todos coincidieron en que todavía no hay acercamientos de parte del Gobierno.
Así lo asegura Homero Castanier, de CREO. “No ha existido diálogo, acuerdos, ni socialización previa”.
Castanier dice que aún espera que el Ejecutivo acuda al Legislativo y comparta su trabajo.
La elección de César Litardo como Presidente de la Asamblea puso en evidencia la existencia de un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas, como Alianza PAIS, CREO, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI).
Pero el acuerdo parece frágil: La Asamblea tardó más de un mes en conformar las comisiones, una tarea que habitualmente se concreta casi de forma paralela a la elección del presidente del Legislativo.
Castanier dice que el acuerdo entre fuerzas permite que las propuestas de CREO también entren en debate en las diferentes comisiones. Y advirtió que “Creo no apoyará ninguna iniciativa para poner impuestos adicionales a los ecuatorianos”.
Eddy Peñafiel, jefe del bloque del BIN, aclaró que la supervivencia del acuerdo que existe al interior del Legislativo dependerá de lo que proponga el Gobierno.
Considera que “si las leyes llegan como una imposición y con una sola visión” habrá problemas para su aprobación. “Queremos que nuestros puntos de vista sean tomados en cuenta antes de que lleguen a la Asamblea”, afirmó Peñafiel.
Sin embargo, el margen de maniobra es escaso. El Fondo Monetario Internacional ya trazó las líneas generales de esas reformas.
Observaciones a la reforma laboral
La reforma laboral es el punto más crítico de las discusiones, en ello coinciden los asambleístas consultados por PRIMICIAS.
El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aprobó tres enmiendas al Código Orgánico del Trabajo:
- La primera enmienda es que la jornada de trabajo de 40 horas semanales no estará limitada a turnos de lunes a viernes sino que podrá cumplirse en seis días o menos.
- La segunda incluye una nueva modalidad de contrato, más flexible, para emprendimientos y nuevas inversiones.
- Y la tercera es la eliminación del pago del recargo de 35% en los contratos eventuales y ocasionales.
Guillermo Celi, legislador de SUMA, cree que es prioritario que se discutan las reformas.
“Siempre apoyaremos las leyes que fomenten el empleo y el emprendimiento. Pero no estaremos de acuerdo con las que generen incrementos de impuestos”, añadió el asambleísta de Manabí.
Raúl Tello, del BADI, cuestionó la iniciativa porque asegura que favorecerá a los grandes empresarios y resaltó que su bloque “no tiene ningún compromiso con el Gobierno”.
En la bancada de CREO están cómodos con la reforma laboral.
Señalan que es clave porque ayudará a aumentar la recaudación tributaria por la vía de un aumento del consumo y del número de trabajadores con empleo, quienes son los que pagan impuestos.
El tiempo corre
Al Gobierno ya se le venció el plazo para presentar a la Asamblea las enmiendas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que estaba previsto para finales de junio.
La fecha de esta enmienda está siendo reconsiderada y busca:
- Limitar la discrecionalidad del Ejecutivo para modificar el Presupuesto anual del Estado después de que éste haya sido aprobado por la Asamblea.
- Restringir el uso de Certificados de Tesorería (CETES) para operaciones de financiamiento de corto plazo.
- Presentar un plan para reducir el stock actual de CETES.
A finales de septiembre, el Ejecutivo deberá presentar a la Asamblea un proyecto de Ley Anticorrupción y las reformas para garantizar la independencia del banco Central y fortalecer la dolarización.
Y para finales de octubre debería llegar a la Asamblea la reforma tributaria, según el cronograma acordado con el FMI. Esta medida busca incrementar la recaudación tributaria entre 1,5% y 2% para 2021.
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