El país es un buen alumno del FMI, que se muestra flexible frente a las variaciones de algunas metas, pero el país tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo para aprobar las reformas estructurales que se necesitan y para mejorar los indicadores de su economía como, por ejemplo, el nivel de reservas internacionales.
Ecuador se ha comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar la reforma tributaria a la Asamblea Nacional en octubre de 2019.
La reforma busca simplificar el sistema y pasar de impuestos directos a indirectos y aumentar la recaudación tributaria en 1, 5% a 2% del PIB en 2021.
Además de reducir las exenciones y el trato preferencial para ciertos actores económicos, de acuerdo con un documento del FMI al que PRIMICIAS tuvo acceso.
En septiembre el Ejecutivo debe presentar a la Asamblea la Ley Anticorrupción, que permitirá congelar, confiscar e incautar el producto de los actos de corrupción.
Esta ley busca garantizar que los bancos y otras instituciones financieras relevantes implementen una mayor diligencia con respecto a los clientes en el Estado.
A la Asamblea tendrán que llegar, también en en septiembre, las enmiendas al marco legal del Banco Central, para dotarlo de la autonomía que perdió durante el gobierno de Rafael Correa.
Esta reforma introduce la prohibición de que el Banco Central realice cualquier préstamo directo o indirecto al Sector Público No Financiero (SPNF), incluso a través de la banca pública.
La reforma laboral solo será presentada una vez que el Gobierno haya logrado un consenso al interior de la Asamblea con sus nuevos aliados.
La tarea con el FMI
El Ministerio de Finanzas de Ecuador acordó entregar al Fondo Monetario (FMI) un plan de liquidación de los atrasos en los pagos del Gobierno Central a sus proveedores para finales de septiembre.
Ecuador debe publicar un plan para fortalecer la eficiencia y calidad del gasto en salud y educación para finales de diciembre.
Y para las mismas fechas también está prevista la entrega de un plan preparado de manera conjunta entre el FMI, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central para que este último se deshaga de las acciones en bancos públicos.
Estas acciones, equivalentes a USD 2.136 millones, fueron entregadas al Banco Central en 2017 como pago por los bonos que el Central le compró a Finanzas, en una operación que erosionó las reservas internacionales del país.
Pero en el camino para poner su economía de nuevo en una senda de sostenibilidad. Ecuador afronta varias amenazas de acuerdo con el documento.
Los riesgos que corre Ecuador
Amenazas externas:
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Una fuerte baja en los precios del petróleo
Un escenario así podría demandar un ajuste económico más largo y acelerado, con potencial para impactar los salarios y la creación de empleos.
Pero el FMI mantiene una posición flexible frente a un posible choque económico de este tipo, al ser el precio del petróleo una variable que el gobierno no controla.
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Un deterioro en las condiciones de financiamiento en el mercado internacional
Puede afectar gravemente la competitividad de Ecuador si estuviera, además acompañado de una revalorización del dólar.
Estos factores aumentarían la vulnerabilidad externa de la economía ecuatoriana.
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Un crecimiento mundial más débil de lo esperado
Si a esto se sumara un aumento de las barreras al comercio, el escenario golpearía a las exportaciones y colocaría más presión sobre el sector externo.
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La continua llegada de inmigrantes desde Venezuela
Es un factor de presión adicional sobre el gasto del Estado en los sistemas de salud y educación y puede empeorar los indicadores de empleo e incrementar la informalidad.
Amenazas internas:
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Un panorama político complicado
Que puede aumentar la oposición social y política a las reformas estructurales contempladas en el programa con el FMI: como las enmiendas laboral, tributaria y financiera.
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El todo por el todo
El plan del gobierno de impulsar reformas estructurales clave trae consigo sus riesgos. Si la estrategia falla, puede afectar negativamente las expectativas del mercado.
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La nueva composición de la Asamblea Nacional
El acuerdo que firmó el gobierno con partidos como Creo y los bloques BADI (Bloque Acción Democrática Independiente) y BIN (Bloque de Integración Nacional) puede mitigar el riesgo de fracaso de las reformas y crear una ventana de oportunidad política para que éstas se aprueben.
Pero se necesita que los cambios de política sean cuidadosamente calibrados y bien comunicados para conseguir un amplio consenso social.
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Déficits en la producción petrolera
Incluyendo las demoras en el incremento de la producción de nuevos campos como Ishpingo (que contiene las mayores reservas de crudo del bloque ITT) podrían afectar negativamente los ingresos petroleros del país.
El FMI asegura que los nuevos contratos de participación tienen potencial para reactivar la producción petrolera, pero el país se demora mucho en expedir las licencias ambientales a las empresas, lo cual puede impactar en un estancamiento de la producción y de la búsqueda de nuevas reservas de crudo.
El reto en cifras
El Fondo Monetario pronostica una caída de 0,5% para la economía ecuatoriana este año y un magro crecimiento de 0,2% en 2020.
De acuerdo con las previsiones del FMI, recién en 2021 Ecuador logrará superar los déficits (gastos mayores que sus ingresos, lo que ha obligado al país a endeudarse) y estabilizar sus cuentas públicas.
Según el Fondo, entre 2019 y 2024 se irán reduciendo las necesidades brutas de financiamiento y subirá la inversión extranjera directa, pero el balance en cuenta corriente no petrolera seguirá arrojando resultados negativos.
El país tendrá que hacer un fuerte esfuerzo para incrementar sus reservas internacionales brutas, que deben cerrar el año en un nivel cercano a USD 3.000 millones después de que el FMI redujera la meta original de USD 4.000 millones.
Según la metodología ARA, un nivel de reservas adecuado es de entre 100 y 150 puntos.
En 2024 Ecuador alcanzará un ARA de 78 puntos, mientras que en 2018 se encontraba en apenas 12 puntos.
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61 de cada 100 créditos son otorgados por almacenes y negocios
Entre 2019 y marzo de 2022, el monto promedio de crédito directo otorgado por casas comerciales y negocios del sector comercial fue de USD 386,21.
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