Antes de recibir las reformas, los legisladores de distintas bancadas mencionaron que no aprobarían el proyecto de ley que incremente los impuestos. Esto es una muestra, según analistas consultados, de cómo el populismo contamina la política económica en el país.
El tiempo se agota. La fecha máxima para que el Gobierno envíe las reformas tributarias y laborales era el 1 de octubre.
Según Fausto Ortiz, economista y exministro de Finanzas, el Ejecutivo pasa por un momento similar que un estudiante con malas notas. “Ha utilizado el último día para presentar las reformas, esperando que causen el menor efecto posible a la población”, señala Ortiz.
¿Por qué han demorado en enviar el ajuste económico a la Asamblea? Ortiz y dos analistas consultados señalan las razones:
- El cálculo político de un sector de la burocracia, que ha bloqueado varias de las reformas planteadas como parte del acuerdo de intención con el FMI (Fondo Monetario Internacional).
- La falta de un pacto fiscal, un consenso entre todos los sectores que blinde la economía de decisiones populistas de los gobiernos de turno.
Una burocracia que hace daño
Ortiz comenta que los cálculos de un sector ha impedido que reformas como el Plan de Monetización de activos del Estado se concreten.
"En 2019 no se ha cumplido el objetivo de monetizar activos por más de USD 1.000 millones y dudo mucho que alcancen este año",
Fausto Ortiz, analista económico.
Como parte del acuerdo de intención con el FMI, Ecuador debería mejorar la recaudación tributaria en 1,5% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
La reducción del gasto de capital de inversión y la disminución del gasto corriente destinado a sueldos son otras propuestas contempladas. “Quizá al gobierno se le pasó la mano en la disminución de la obra pública, pero en el gasto de sueldos se ha hecho muy poco”, enfatiza Ortiz.
El analista económico Walter Spurrier opina que el FMI ha sido muy comprensivo con Ecuador, "porque no se ha eliminado el gasto corriente de funcionarios innecesarios”.
La meta del FMI era reducir este gasto en USD 653 millones en 2019, luego moderó el objetivo a USD 260 millones. Lo cierto, explica Spurrier, es que apenas en el primer semestre se han disminuido USD 97 millones.
Según Spurrier, esa burocracia de escritorio ha impedido llevar adelante la reducción del tamaño del Estado.
"Hay un sector que ha puesto trabas legales para evitar los despidos de trabajadores con contratos ocasionales en el Estado",
Walter Spurrier, consultor económico.
Hay quienes señalan otro tipo de cálculo político que nace en el Gobierno. “El presidente Moreno quizá no busque la reelección, pero sí presentar un candidato afín”, expresa José Gabriel Castillo, catedrático de la Espol.
Un pacto para blindar la economía
En julio pasado el ministro de Finanzas Richard Martínez estuvo presente en un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizado en Guayaquil.
Allí Martínez reconoció la necesidad de establecer un pacto fiscal con los sectores económicos y productivos.
Spurrier define al pacto fiscal como un acuerdo económico entre todos los actores. "Es sentarse a consensuar y buscar soluciones para equilibrar un déficit fiscal que acarreamos desde 2013".
Perú y Chile son dos países donde funciona un pacto fiscal, porque las "políticas económicas se respetan sin importar el gobierno que venga".
En ambas naciones, explica Spurrier, los gobernantes y políticos entendieron que una economía de mercado les ha servido para salir de la pobreza. "En Ecuador aún no aprendemos de los errores y lo que se aprueba ahora, se desmonta más tarde", añade.
Mientras que Ortiz asegura que una muestra de la falta de consenso será la discusión de las reformas en la Asamblea. "El gobierno tendrá que sentarse con las distintas bancadas y es complicado que los legisladores las aprueben".
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