Diario El Comercio, con USD 19 millones en pérdidas y acción de control de la 'Super' de Compañías

Las pérdidas acumuladas que arrastraba diario El Comercio sumaban USD 19,9 millones hasta diciembre de 2022.

Pero la situación financiera ha empeorado en lo que va de 2023, porque hasta septiembre, los empleados de este diario denuncian que les deben cinco meses de sueldos y el décimo cuarto sueldo o bono escolar.

Además, en el Servicio de Rentas Internas (SRI), el medio de comunicación reporta deudas por USD 35.391 en impuestos y tiene una mora patronal de USD 10.539 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En este escenario, la Superintendencia de Compañías confirmó a PRIMICIAS que está llevando a cabo un control societario de oficio a Diario El Comercio.

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El proceso comenzó en julio de 2023, pero es de carácter reservado.

"Debido a las irregularidades de Grupo El Comercio, como el incumplimiento de pago de haberes de los trabajadores, se notificó a esta compañía el inicio de un control societario", dijo la Superintendencia.

La Superintendencia explica que el control de oficio que ha iniciado a El Comercio es un proceso en el que se emprenden "acciones para determinar la realidad económica, financiera, contable y societaria de la compañía".

Entre los procedimientos que puede tomar en este escenario la entidad están las inspecciones in situ y extra situ.

Despidos y deudas con empleados

Así, con las cifras en rojo y el silencio de sus directivos, el medio de comunicación, uno de los diarios impresos más antiguos de Ecuador, ya no publica noticias en su portal web desde el 4 de julio de 2023.

Y desde junio ya había dejado de circular su versión impresa luego de una jornada de despidos masivos. Los empleados despedidos en ese último gran recorte no han recibido todavía sus liquidaciones.

Los trabajadores que quedan en nómina siguen en huelga de brazos caídos. Aunque solo el 9 de agosto, en el contexto del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el diario publicó una actualización nueva en su web con el hecho.

Ya desde septiembre de 2021, la empresa comenzó a recortar personal e hizo varios despidos.

En casi todos los casos, los empleados despedidos se vieron obligados a aceptar el pago de sus liquidaciones en cuotas mensuales. Pero El Comercio tampoco ha cumplido con esas obligaciones desde noviembre de 2022.

Otros ex colaboradores de la empresa denuncian que hace 11 meses nos le pagan la jubilación patronal.

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Con las pérdidas acumuladas recurrentes hasta 2022 y un déficit de capital de trabajo por USD 6 millones, la auditora externa Moore Ecuador consideró que estas cifras situaban a la compañía en causal de disolución.

Y, de no ser por la reforma a la Ley de Compañías, que fue publicada en el registro oficial el 15 de marzo de 2023, la 'Súper' de Compañías pudo haber dispuesto la disolución de la compañía, explica el abogado Enrique Jervis, socio del estudio EJD.

Antes de esa reforma, la entidad podía disolver las compañías que tengan pérdidas que alcancen el 60% o más de su patrimonio, siempre que dicho estado se registre más de cinco años seguidos.

Pero con la reforma legal, aunque empresas como El Comercio acumulen millonarias pérdidas, la Superintendencia no puede disponer que se disuelvan, agrega Jervis.

Mientras el tiempo pasa, los pocos empleados que quedan se lamentan porque los directivos no les han informado cuál es el futuro de la empresa.

"No nos dicen mayor cosa, estamos a la espera de que el corporativo tome una decisión definitiva. Lo último que nos dijeron, en julio, es que iba a darse una reestructuración profunda", dice una de las periodistas del medio de comunicación.

Pero esa reestructuración aún no se ha dado.

Lo nuevo es que, en octubre de 2023, los empleados que tenían sus líneas telefónicas con planes corporativos las perdieron por falta de pago.

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"Las líneas están a nombre de El Comercio, pero el valor mensual del plan nos lo descontaban del rol de pagos, es decir, era costeado por nosotros. Pero el Diario no ha pagado a la telefónica y nos cortaron las líneas", relata otro periodista.

Aunque, lo único que ha pasado estos meses, dice otra trabajadora, es que, al parecer, la empresa se puso al día en algunas de sus deudas con el IESS.

Así, algunos trabajadores pudieron pedir créditos quirografarios en septiembre, para cubrir sus gastos mensuales, ya que no tienen sueldos.

El futuro de la compañía  es incierto

El proceso de control que ha emprendido la Superintendencia a Diario El Comercio comprende la inspección de aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables.

"El control de oficio se realiza luego de una planificación basada en riesgo o por un hecho público o notorio en donde se estén cometiendo irregularidades ", explicó la Superintendencia.

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Con esta inspección en marcha, podría haber varios desenlaces para esta empresa, según lo que dispone la Ley de Compañías, dice Jervis.

Por ejemplo, la empresa podría ser intervenida. Esto implicaría que se nombre un interventor que disponga medidas para corregir o encausar el rumbo económico y jurídico de la compañía, agrega Jervis.

Existen seis causales por las que se podría disponer la intervención de una empresa, dice Jervis:

• Por pedido de los accionistas.
• Cuando la Superintendencia comprueba que en la contabilidad hay irregularidades, como activos o pasivos ocultos.
• Si la empresa no ha presentado la información como balances y estados de situación financiera en los plazos previstos por la Superintendencia, y que esto implique riesgos para los socios o terceros.
• Cuando la empresa, sin ser entidad financiera, incurre en captación de fondos.
• Si la compañía no ha cumplido con la obligación de auditoria externa, en los casos en que esto aplica.
• Y cuando, después de inspección o de una denuncia, se comprueba que se han violado derechos de accionistas, del estatuto de la empresa o de la ley.

No obstante, las inspecciones que haga la Superintendencia también podrían derivar en que la compañía entre en disolución, si la entidad encuentra que la empresa incurrió en alguna de las causales.

Balances opacos

Los balances de 2022, presentados por El Comercio a la Superintendencia de Compañías, tienen vacíos, lo que llevó a los auditores independientes Moore Ecuador a emitir una opinión con salvedades sobre esta información.

Lo anterior significa que no existen suficientes respaldos y documentos para sostener parte de la información del balance. En pocas palabras, hay opacidad o vacíos.

Los auditores externos basaron su opinión con salvedades en que Diario El Comercio no ha formalizado parte de los préstamos recibidos de terceros, incluidos en el rubro otras cuentas por pagar, por USD 3,6 millones.

En esa información no se define los plazos y tasas de interés correspondientes. Además sobre dichos montos no ha efectuado su valoración al costo amortizado.

Por lo anterior, los auditores dicen que no pudieron determinar los eventuales efectos contables que se deriven cuando se completen y formalicen los acuerdos correspondientes.

Otra observación es que el diario no completó el análisis de deterioro de sus propiedades, planta y equipo, y obras de arte, incluidas en el rubro "Otros activos" para determinar su real valor.

Por esta razón, "no podemos establecer el monto de los ajustes, si los hubiere, relacionados con el deterioro de estas inversiones, que al 31 de diciembre 2022 ascienden a USD 15,8 millones y USD 902.710, respectivamente", añaden los auditores.