Domingo, 05 de mayo de 2024

Contraloría detectó falencias en selección de servidores públicos

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

14 Oct 2022 - 9:53

El organismo identificó a funcionarios sin títulos profesionales y ascensos sin justificaciones en varias entidades públicas, entre 2011 y 2021.

Edificio de la Contraloría General en Quito.

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

14 Oct 2022 - 9:53

Edificio de la Contraloría General en Quito, el 23 de diciembre de 2021 - Foto: Cortesía El Universo

El organismo identificó a funcionarios sin títulos profesionales y ascensos sin justificaciones en varias entidades públicas, entre 2011 y 2021.

La Contraloría General del Estado identificó las falencias recurrentes en la gestión del talento humano en varias entidades públicas en los últimos 10 años.

Las acciones de control se realizaron sobre las operaciones en la administración del personal, entre 2011 y 2021. El análisis de los informes arrojó 73 hallazgos, que fueron categorizados y ponderados para establecer incumplimientos frecuentes.

La principal deficiencia que observó Contraloría fue en la planificación y diseño de instrumentos para la administración del talento humano.

Además, detectó omisiones en la verificación de requisitos para ascensos, encargos y reclutamiento.

Las fallas en el otorgamiento de nombramientos definitivos y el control de la asistencia también fueron irregularidades recurrentes detectadas.

El 31,5% de los hallazgos fue sobre los instrumentos para la administración del talento humano, reglamentación interna, planificación de necesidades de personal, procesos de evaluación y capacitación de funcionarios.

"No se diseñaron planes, políticas ni se definieron los perfiles profesionales para las entidades. La ausencia de estos insumos impidió especificar las cualidades del talento humano y la cantidad necesaria de trabajadores", señala el informe de Contraloría.

Además, el organismo detectó que faltan informes técnicos respecto de las demandas de profesionales en las unidades administrativas. Esto propició convocatorias para contratar personal sin justificativos técnicos.

"No se evaluó el rendimiento de los servidores, en relación con sus funciones, responsabilidades y perfil de los cargos. Por lo que no se identificaron oportunidades de ascensos ni necesidades de capacitación", agregó.

En cuanto al fortalecimiento de las capacidades, no se elaboraron planes de formación para el personal y hubo incumplimiento de las capacitaciones previstas por periodos de hasta tres años.

Irregularidades en ascensos y encargos

El 20,5% de las irregularidades se refiere a los controles para verificar el cumplimiento de requisitos, previo a ingresar al servicio público o para recibir ascensos.

Por ejemplo, Contraloría identificó a funcionarios sin títulos profesionales, títulos sin validez legal y la promoción de personas que no cumplieron con la formación y experiencia requeridas para asumir las nuevas responsabilidades.

Las acciones de personal se suscribieron sin verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales. Además, en los expedientes no constaron: formularios de no incurrir en nepotismo, títulos que acrediten la formación profesional, declaraciones juradas de bienes, acuerdos de confidencialidad, entre otros documentos.

También se otorgaron nombramientos permanentes sin concursos de méritos y oposición.

Asimismo, hay inconsistencias en la selección de personal, como errores en la calificación de pruebas y falta de registros que corroboren la entrega de documentos, dentro de los procesos de reclutamiento.

Las entidades tampoco controlaron la asistencia y la permanencia de los servidores. Los funcionarios no registraron su ingreso a la jornada laboral, pero no se emitieron llamados de atención para prevenir nuevas faltas.

Se autorizaron, además, permisos remunerados por calamidad doméstica, matrimonio o paternidad/maternidad sin respaldos.

Los resultados forman parte del octavo reporte de control público, elaborado con una muestra de 11 informes de auditoría, aprobados entre 2018 y 2022.

Estas investigaciones establecen falencias recurrentes en la administración de los recursos públicos.