Solo la mitad de petroleras solicitó migrar a los contratos petroleros de participación. El resto quiere mantener sus contratos de servicios.
El proceso de migración de los contratos petroleros de las empresas extranjeras y privadas que operan en Ecuador está estancado.
Los constantes cambios de dirección en el Ministerio de Energía y la declaratoria de inconstitucionalidad del paquete de reformas petroleras, incluidas en la Ley de Desarrollo Económico, frenaron el proceso.
Un total de 37 petroleras extranjeras y privadas operan bloques petroleros en Ecuador. De ellas, 18 compañías solicitaron migrar de un contrato de servicios específicos a uno de participación.
Según el Ministerio de Energía, las solicitudes presentadas para una migración libre y voluntaria corresponden a:
- Nueve de 15 contratos petroleros de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos firmados con el Ministerio de Energía, bajo la modalidad de pago de tarifa por servicio.
- Y nueve de 22 contratos de servicios específicos firmados por las compañías extranjeras y privadas con la empresa pública Petroecuador.
El cambio
Con el cambio, el Gobierno de Guillermo Lasso buscaba incrementar las inversiones privadas en el sector petrolero para duplicar la producción hasta llegar al millón de barriles.
Pero la meta actual es subir de los actuales 485.543 barriles diarios a 542.483 barriles diarios en 2026. Es decir, un incremento modesto de 12% en seis años.
En un contrato de servicios específicos, la empresa recibe una tarifa por barril extraído como pago de sus inversiones y el Estado se queda con el 100% de la producción petrolera.
Bajo la modalidad de participación, las compañías tienen derecho a un porcentaje de la producción de petróleo como pago de sus inversiones.
Bloqueo constitucional
Una parte del proceso de migración de contratos quedó detenido, tras un fallo de la Corte Constitucional del 28 de octubre de 2022.
La Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 131 al 145 de la última reforma tributaria, que entró en vigencia en noviembre de 2021.
Según el Gobierno, estos artículos buscaban la “modernización del sector petrolero”. En ellos se establecía, por ejemplo, que el Estado podría delegar las áreas en producción de Petroecuador.
Con ello, la Corte echó abajo la intención de nueve compañías extranjeras y privadas que buscaban cambiar sus contratos de servicios específicos con Petroecuador a participación.
Negociación se enfría
El fallo de la Corte Constitucional no impacta en los 15 contratos de servicios específicos firmados por el Ministerio de Energía y Minas.
Aunque, migrar al contrato de participación no atrae a todas las operadoras. Solo nueve empresas presentaron interés en cambiar su modalidad contractual.
El ministro de Energía, Fernando Santos, cree que un contrato de servicios específicos favorece a Ecuador en el escenario actual. Esto porque, bajo esta modalidad, Ecuador recibe el 100% de los beneficios de los altos precios del petróleo.
Santos reconoció que "el proceso está congelado" por ahora. El primer paso para reactivarlo es la elaboración del modelo de contrato de participación, dijo.
Una de las empresas que ha solicitado el cambio de contrato es Petrolia, filial de la petrolera canadiense New Stratus Energy. Pero el proceso no avanza por una disputa entre esta empresa y el Ministerio de Energía, que alega que Petrolia no tiene autorización para operar los bloques 16 y 67.
Petrolia, en cambio, ha asegurado que es la misma empresa que opera desde hace 28 años en Ecuador y que solo cambió de nombre, pues su accionista en España transfirió sus acciones a NSE en noviembre del 2021.
La empresa dice que pagó la prima de la transacción y el cambio de nombre a Petrolia se registró en el Ministerio de Energía.
¿Y los precios bajos?
Los contratos de prestación de servicios fueron firmados durante el Gobierno de Rafael Correa y establecen que el Estado debe pagar tarifas fijas a las contratistas, aun en el caso de que el precio del barril de crudo sea inferior a ellas.
Esas condiciones contractuales han provocado que Ecuador acumule deudas (denominadas carry forward), que sumarán USD 1.371 millones en 2023, según la Proforma Presupuestaria.
No obstante, los contratos establecen que esos valores pendientes de pago no se cancelarán a menos que el precio del petróleo suba. Si eso no ocurre hasta que los contratos finalicen, el carry forward quedará como un saldo a favor del Estado.
Por ejemplo, en los contratos de Petrolia, de los Bloques 16 y 67, que concluyen al final de 2022, el Estado acumula una deuda de unos USD 300 millones por carry forward. Ese valor no se pagará y quedará a favor del Estado, según el contrato.
Nota: Esta noticia fue publicada originalmente el 1 de diciembre de 2022 a las 05:25 y actualizada el 1 de diciembre a las 15:30 para incluir una explicación de la cláusula de carry forward en los contratos petroleros.
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