Las reformas económicas, que el gobierno se comprometió a cumplir en el Acuerdo de Facilidad Extendida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún no se han enviado a la Asamblea, aunque se dijo que se lo haría luego de la vacancia legislativa.
Noticia actualizada a las 12:15 del miércoles 11 de septiembre de 2019 con declaraciones del presidente de la Asamblea, César Litardo.
El ministro Richard Martínez fue el más buscado por la prensa durante su participación, este martes 10 de septiembre de 2019, en el V Encuentro Iberoamericano sobre la Alianza del Pacífico, donde realizó una conferencia sobre la situación económica del país.
El interés de los periodistas no radicaba en el discurso de Martínez, sino en la fecha en la que se enviarán las reformas pendientes a la Asamblea Nacional o cuál es el camino para ponerlas en marcha.
Durante su intervención, Martínez afirmó que el pronunciamiento sobre ese tema es competencia del presidente Lenín Moreno. No dijo nada más. Al finalizar su intervención eludió a los periodistas por una puerta de servicio.
Más bien, fue el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien adelantó este miércoles 11 de septiembre de 2019 en una rueda de prensa en Riobamba que en dos semanas el Ejecutivo enviará el proyecto de reformas tributarias con el carácter de urgente en materia económica.
Reformas pendientes
En julio, Andrés Madero, ministro de Trabajo, y Richard Martínez, titular de Finanzas, manifestaron que el gobierno enviaría las reformas laboral y tributaria luego de la vacancia legislativa, que en ese entonces debía finalizar el 23 de agosto, pero se aplazó al 2 de septiembre.
Hasta este 10 de septiembre, no obstante, ninguna propuesta ha sido remitida a la Asamblea.
Durante su ponencia en el foro, el titular de Finanzas reflexionó sobre la temática de las reformas que son parte del acuerdo suscrito con el FMI, firmado en marzo de 2019.
“El sistema fiscal es importante, pero no es el único problema económico del país. Tenemos problemas en el marco normativo para las finanzas públicas, en el marco normativo para las empresas públicas, un bajo desarrollo del mercado de valores, el sistema financiero debe modernizarse y algunas restricciones en temas de competitividad deben corregirse”, dijo Richard Martínez.
La última se refiere al impuesto a la salida de divisas (ISD), considerado por empresarios y analistas como un impuesto a la entrada de capitales.
Martínez dio a conocer que en el Código de las Finanzas Públicas se propondrá “ajustar el incremento del gasto del presupuesto del 15% al 3%, y que puede llegar a un 5% en casos extremos, como catástrofes naturales”.
Desembolsos del acuerdo
El país se comprometió a cumplir varias metas en el Acuerdo de Facilidad Extendida, que durará 36 meses, a cambio de recibir USD 10.200 millones: USD 4.200 millones del FMI y 6.000 millones de otros multilaterales.
“Hasta julio Ecuador obtuvo USD 2.281 millones”, dijo el ministro Martínez.
Este año está previsto que Ecuador reciba en total USD 4.624 millones del FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El próximo año se tiene programado que los multilaterales desembolsen USD 3.146 millones y en 2021, año en que termina el acuerdo, USD 2.059.
Entre el 12 y 26 de agosto de 2019 un equipo técnico del FMI, dirigido por Anna Ivanova, estuvo en Ecuador para la segunda revisión del cumplimiento de metas. Si el país aprueba esta etapa recibirá, este mes, un desembolso de USD 250,14 millones.
Analistas económicos, como Jaime Carrera y Alberto Acosta Burneo, creen que el gobierno superará esta revisión, a causa de la flexibilidad del Fondo. Aunque, “las próximas evaluaciones serán más difíciles en términos de objetivos cuantitativos y progreso legislativo requerido”, señaló en agosto la calificadora de Riesgos Fitch.
El BID financiará vivienda social
En un contexto donde el país está expectante a los cambios económicos, el ministro Martínez anunció que se logró emitir una garantía por USD 400 millones con el BID, uno de los multilaterales, para crear el primer bono social de América Latina. “Es una operación a una tasa menor al 6%, a 15 años plazo”, dijo el ministro.
Se espera que el acuerdo se cierre a mediados o finales de octubre de 2019.
“Los USD 400 millones alimentarán el fideicomiso del proyecto Casa para todos, dinero que se va a utilizar para créditos a una tasa de 4,99% para viviendas de interés social y vivienda de interés popular”, dio a conocer Richard Martínez.
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