La cobertura de la reserva internacional con relación a los depósitos del Banco Central disminuyó del 93% al 46% entre 2008 y 2020, según el Ministerio de Finanzas.
La Ley para Defender la Dolarización, que reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), busca corregir la debilidad de la Reserva Internacional del Banco Central del Ecuador (BCE), que es evidente desde 2008.
El 9 de febrero de 2021, la Secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, envió al presidente de la Asamblea, César Litardo, los informes técnicos del Ministerio de Finanzas que justifican el proyecto de ley cuyo objetivo es garantizar la independencia del Banco Central frente a futuros gobiernos.
En los informes se ve que, desde 2008, el gobierno de turno usó las reservas internacionales del Banco Central para financiar el gasto público y, a cambio del dinero, le entregó al Banco papeles o bonos del Ministerio de Finanzas.
Una práctica que puso en riesgo el sistema de dolarización, según el informe técnico MEF-VE-2021-0001 del 6 de enero de 2021, firmado por la viceministra de Economía, María De Los Ángeles Rodríguez.
La reserva internacional es la liquidez (efectivo) que proviene de los recursos depositados por los siguientes clientes del Banco Central:
- Las entidades bancarias públicas y privadas, que guardan los ahorros de las personas.
- El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y la Corporación Financiera Nacional (CFN), que son bancos del Estado.
- Y las instituciones que forman parte del Sector Público no Financiero (SPNF), como las empresas públicas y los gobiernos seccionales.
Según el informe de Rodríguez, la reserva internacional sirve de respaldo para que, en una crisis, los depositantes de los fondos puedan exigir los mismos para financiar sus necesidades.
Pero, actualmente, no existen suficientes recursos (reservas) para cubrir todos los depósitos del Banco Central.
Mientras que en 2008 había un descalce de apenas USD 454 millones entre la cobertura de la reserva internacional y los depósitos recibidos por el Banco Central, esa brecha aumentó a USD 6.593 millones hasta octubre de 2020, según el Ministerio de Finanzas.
Eso significa que la cobertura de la reserva sobre los depósitos del Banco Central disminuyó del 93% al 46% entre 2008 y 2020.
De acuerdo con información del Banco Central, las reservas internacionales alcanzaron los USD 6.402 millones en febrero de 2021, o un 13% si se mide bajo el indicador ARA.
La métrica ARA es la ‘Reserve Adequacy Measure’, por su nombre en inglés. Significa que reservas de entre 100% y 150% de ARA son adecuadas, mientras que las inferiores a 50% son consideradas muy bajas.
A la luz de esta escala, Ecuador tiene las reservas más bajas de la región, incluso, por debajo de las de Venezuela, como lo muestra el siguiente mapa:
La toma del Banco Central
Según el informe técnico de Rodríguez, hasta el 30 de septiembre de 2008, el Banco Central era una “entidad autónoma y hacía un manejo responsable de la reserva internacional”.
Hasta esa fecha, el Banco Central tenía alrededor de USD 3.520 millones en reservas (ahorros).
“Al existir este fondo de ahorros limitó la expansión del gasto público, que representaba el 21,5% del PIB y que ocasionó, de manera automática, que el Sector Público no Financiero arrojara un superávit fiscal”, según el informe.
La independencia del Banco fue posible, según el Ministerio de Finanzas, porque operó cumpliendo la regla de los cuatro sistemas (balances).
Esta estructura de balances fue establecida cuando el país se dolarizó en 2000 y, luego, fue desarmada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Así, por ejemplo, al finalizar 2007, las reservas internacionales representaban el 58% del total de activos del Banco Central y respaldaban el 91% de todos sus pasivos.
Pero, a partir 2008, ya en el primer periodo de gobierno de Correa, hubo un cambio de modelo que vino acompañado de la “eliminación de una serie de normativas que había permitido robustecer la dolarización”, según el informe de Rodríguez.
La eliminación de las normativas posibilitó “la constante expansión del gasto público”, en parte con el dinero que había en el Banco Central, volviendo más volátiles a los sectores macroeconómicos y ocasionando, de manera paulatina, mayores déficits fiscales.
En definitiva, el Banco Central perdió su autonomía y administró la reserva de “manera política y antitécnica”, ocasionando que el gobierno usara las reservas internacionales para cubrir el gasto público.
El Banco Central perdió su autonomía y administró la reserva de “manera política y antitécnica”.
Más presiones
Además, en 2015, ante la caída de los ingresos petroleros, el gobierno de Correa se vio presionado a reducir el gasto público, pero no lo hizo, según el informe de la viceministra de Economía.
Más bien, el gobierno financió el gasto público con líneas de crédito internas, a través de papeles que eran vendidos al Banco Central y pagados con las reservas.
Solo entre enero de 2015 y abril de 2017, el Banco Central adquirió títulos del gobierno por cerca de USD 5.800 millones, sin que todavía hubiera podido recuperar la totalidad de ese dinero.
El gobierno financió el gasto público con líneas de crédito internas, a través de las reservas del Banco Central.
Demoras para blindar al Central
Pese a este panorama, el proyecto de Ley para Defender la Dolarización, que busca devolver la independencia al Banco Central, fue devuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea al Ejecutivo el 10 de febrero.
El CAL justificó su la decisión en el artículo 136 de la Constitución, que señala que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la suficiente exposición de motivos.
La decisión de la Asamblea también se sustentó en el numeral 2 del artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa, que establece que debe existir una adecuada enunciación de los artículos de un proyecto de ley. Y, según el CAL, eso no se cumplió.
El Ministerio de Finanzas informó la tarde del 17 de febrero que todavía no hay una fecha para remitir el proyecto a la Asamblea de nuevo, con las enmiendas del caso.
El proyecto de ley plantea recuperar la independencia del Banco Central y de la Junta de Política y Regulación Financiera ante el poder Ejecutivo.
Para ello, el proyecto propone la prohibición de que el Banco financie el gasto del Estado y se plantea un cronograma de recobro de las inversiones realizadas por el Banco en el sector público.
Además, prohíbe la adquisición de bonos del Ministerio de Finanzas a cambio de dinero de las reservas.
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