Se incluyen 9 obligaciones del Estado por USD 10.784 millones que antes no se registraban como deuda pública como los convenios de empresas públicas para dar liquidez al Gobierno.
Un cambio en la metodología ocasionó que el endeudamiento público de Ecuador aumente un 17% debido a que el Ministerio de Finanzas incorporó obligaciones que antes no estaban registradas como deuda.
Con el cambio metodológico, la deuda pública pasó de USD 62.859 millones a USD 73.643 millones entre julio y agosto de 2021.
Las cifras no son estrictamente comparables, según el Ministerio de Finanzas, entidad que trabaja en actualizar la serie de los meses y años anteriores.
En agosto de 2021 la Cartera de Finanzas registró obligaciones adicionales por USD 10.784 millones como deuda pública dentro del boletín mensual.
De los USD 73.643 millones, USD 44.574 millones era deuda externa y USD 29.069 millones eran obligaciones internas.
El Ministerio de Finanzas, además, registró un rubro de “otros pasivos” por USD 5.074 millones, que corresponde a obligaciones de corto plazo, pero que no se considera para el cálculo del endeudamiento del Estado.
La deuda pública equivale al 69,86% del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador, según el último reporte del Ministerio de Finanzas, de agosto de 2021.
Desde 2009 la deuda interna y la externa de Ecuador han registrado crecimientos permanentes, como lo muestra el siguiente gráfico:
El incremento del 17% ocurre, sobre todo, porque el Ministerio de Finanzas registró nuevas obligaciones para el cálculo de la deuda interna, que suman USD 11.321 millones. En ese rubro incorporó los saldos de:
- Los gobiernos autónomos descentralizados, que agrupa a las juntas parroquiales, las alcaldías y las prefecturas.
- Nuevas obligaciones con la seguridad social, que incluyen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Banco del IESS (Biess), al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).
- Nuevas obligaciones no pagadas; es decir, que contaron con una asignación en el Presupuesto General del Estado, pero no fueron atendidas o canceladas.
- Las empresas públicas.
- Los Certificados de Tesorería (Cetes), títulos valores con vencimientos menores a 360 días.
- Los pasivos derivados de convenios de liquidez de los saldos que las empresas públicas transfieren al Ministerio de Finanzas para el gasto estatal.
- Los atrasos del ejercicio fiscal.
Compromiso con el FMI
La “transparencia de la deuda” es parte de los compromisos que Ecuador acordó en el último acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6.500 millones, suscrito en septiembre de 2020 y renegociado un año después.
La nueva metodología busca incluir estos rubros que, hasta julio de 2021, no formaban parte de los informes de la deuda pública.
La actualización de la metodología es parte de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas aprobada en mayo de 2020, y que reformó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
Incluso, busca corregir errores del pasado.
Antes de terminar la gestión en mayo de 2017, el entonces presidente Rafael Correa eliminó del informe de deuda el registro de los convenios de liquidez para efectos del cálculo de endeudamiento estatal, es decir, las obligaciones con las empresas públicas del Ejecutivo.
Venta anticipada se incluye
En la cuenta de deuda externa también se registraron cambios, según la nueva metodología.
El principal ajuste fue la incorporación de las obligaciones por ventas anticipadas de petróleo y de los derechos contractuales como el suscrito entre Ecuador y la compañía de servicios petroleros Schlumberger.
Además, el Ministerio de Finanzas dejó por fuera de los registros de la deuda externa, los rubros por Derechos Especiales de Giro (DEG), que son la moneda del FMI.
Los DEG son activos que se pueden intercambiar por monedas de libre uso, como dólares.
Otros pasivos
Los DEG fueron incluidos en la cuenta denominada “Otros pasivos”, que es deuda de corto plazo.
Además, en esa cuenta se incorporaron los siguientes rubros:
- Las cartas de crédito, que es una deuda que garantiza el pago por las importaciones de derivados de petróleo.
- Las obligaciones por las tarifas con empresas privadas para las operaciones petroleras.
- Y, los convenios de pago, es decir, la devolución de acciones de entidades como la Corporación Financiera Nacional (CFN), que hizo el Banco Central al Gobierno.
El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, dice que, a excepción de los DEG, los “otros rubros” deberían incluirse dentro de la deuda pública.
Carrera señaló que hay otras obligaciones que no están dentro de los registros de la deuda.
Citó, por ejemplo, las obligaciones con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) y con la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
Otro rubro que debe incorporarse, según Carrera es la deuda por incentivos jubilares de funcionarios del sector público, que sumaría USD 800 millones.
“El nuevo informe de la deuda de Ecuador, sin embargo, es más sincero y busca ordenar las cuentas fiscales”, consideró Carrera.
Un plan de reducción
La nueva metodología para transparentar la deuda pública es parte de las acciones que emprendió el Gobierno con el fin de reducir progresivamente el peso de esas obligaciones en la economía.
La Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia en julio de 2020, establece un cronograma para reducir progresivamente la deuda hasta 2032:
- La deuda representará el 57% del PIB hasta 2025.
- Bajará a 45% del PIB hasta 2030.
- Y a un 40% del PIB a partir de 2032.
Para llegar al objetivo de cumplir la regla fiscal del 40% hará falta el esfuerzo de tres Gobiernos.
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