Se trata de las empresas públicas Cementera del Ecuador, Enfarma y Fabricamos Ecuador (Fabrec) que están en proceso de liquidación. También será eliminada empresa que agrupa a los medios públicos.
El Gobierno ha presentado las medidas económicas para hacer frente a la crisis, y pretende modificar, una vez más, la estructura del Ejecutivo. Al menos, ese fue el anuncio del presidente Lenín Moreno.
Para reducir el impacto del coronavirus en la economía y la caída en el precio del petróleo, Moreno eliminará 16 de las 123 entidades adscritas al Ejecutivo.
De las 16 instituciones que serán suprimidas mediante Decreto Ejecutivo, cuatro son empresas públicas:
- La Empresa Pública Fabricamos Ecuador (Fabrec).
- La Empresa Pública Cementera del Ecuador (EPCE).
- La Empresa Pública de Fármacos (Enfarma EP).
- La Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador (Medios Públicos EP).
Así lo dijo a PRIMICIAS, el presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas (Emco EP), Marco Ávila. Agregó que el Ejecutivo no descarta en eliminar más empresas.
Pese al anuncio del 10 de marzo, los cambios serán pocos, pues Fabrec y EPCE estaban en proceso de liquidación desde octubre de 2019. Mientras que Enfarma está en proceso de cierre desde 2016.
Medios Públicos EP en cambio, afronta una larga crisis económica.
Fabrec
En mayo de 2012, Fabrec que era capital mixto se convirtió en empresa pública, a través de decreto ejecutivo.
La empresa que ofrecía productos textiles y calzado, registró pérdidas económicas prolongadas hasta que en octubre de 2019 entró en proceso de liquidación por orden del presidente Lenín Moreno.
Hasta diciembre del año pasado, la empresa pública tenía 20 funcionarios. El gasto mensual en salarios fue de USD 26.082.
Empresa Pública Cementera del Ecuador
La misión de la empresa, que nació en enero de 2010, era desarrollar, industrializar, comercializar materia prima y productos terminados de la cadena productiva del cemento, como bloques.
Las marcas que estaban en la empresa pública son: Cemento Chimborazo, Cemento Guapán y Prefabricados de Hormigón (Prefa). Por pérdidas económicas el Ejecutivo la decretó en proceso de liquidación en octubre de 2019.
Enfarma
La empresa pública fue creada en diciembre de 2009 en la administración de Rafael Correa, con un patrimonio inicial de USD 300.000.
La función de la empresa era producir y vender fármacos. El expresidente Rafael Correa ideó la construcción de un complejo farmaceútico en Yachay, pero solo se concretó la remoción de tierra.
Y finalmente, Enfarma se convirtió en una especie de intermediadora para la compra y venta de medicamentos.
Pero el mismo Correa dispuso el cierre y la liquidación de la empresa pública en 2016. La disposición fue ratificada por Lenín Moreno en abril de 2019.
No todos los medios públicos serán cerrados
La eliminación de la empresa debe concretarse a través de un decreto ejecutivo y tomaría, al menos, unos seis meses.
Según Marco Ávila, presidente de EMCO, la decisión presidencial de cerrar Medios Públicos EP “no necesariamente significa la desaparición de los medios de comunicación públicos, sino de la empresa como tal”.
Es decir, es probable que algunos de esos medios subsistan, dice Ávila. El funcionario reconoce que es una oportunidad para que inversionistas privados muestren su interés por adquirirlos.
Medios Públicos EP registra pérdidas todos los meses, aunque Ávila no detalló los números rojos.
Afirmó que el Gobierno Central entregó a la empresa unos USD 80 millones desde el 2015. En 2020, por ejemplo, la transferencia fue de USD 13 millones.
Medios Públicos EP tiene a su cargo una veintena de medios de comunicación, entre ellos Ecuador TV, los diarios El Telégrafo, El Tiempo y Editogram (imprenta).
Hasta febrero de 2020, la nómina de Medios Públicos EP era de 649 funcionarios y el gasto anual en este rubro fue de USD 8,5 millones. Pero Medios Públicos EP también administra 18 medios privados que fueron incautados en 2008, como Gamavisión y TC Televisión.
El BID impulsa empresas públicas eficientes
El 9 de marzo, PRIMICIAS explicó el contrato de cuatro años entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ecuador para apoyar la reforma a las empresas públicas, suscrito en noviembre de 2019.
El banco todavía no desembolsa los USD 75 millones porque el Estado no ha logrado, por ejemplo, la fusión de sus empresas petroleras y la presentación de un proyecto de Ley de Empresas Públicas.
El plan de trabajo del contrato contempla la realización de 31 consultorías, tres socializaciones, seis capacitaciones y dos auditorias.
El BID busca que las empresas sean más eficientes y expone varios problemas, entre ellos:
- Las empresas públicas tienen estándares de gestión y de gobernanza bajos.
- Las EP no tienen estados financieros auditados.
- El régimen fiscal de las EP es bastante “peculiar” puesto que no declaran impuestos.
Según Ávila, las transferencias del Gobierno Central a las empresas públicas en 2016 se redujeron. En ese año, el Gobierno entregó USD 678 millones del Presupuesto General del Estado.
En 2019 el presupuesto fue reducido a USD 232 millones y para 2020 es de USD 80 millones. “Estamos sincerando la situación económica de las EP”, dijo Ávila.
El contrato busca también, el rediseño de las entidades y para lograrlo es clave la Ley de Empresas Públicas, que no ha sido presentada en la Asamblea.
Los retrasos obedecen a aspectos coyunturales, como las protestas de octubre de 2019 y a la actual crisis económica y sanitaria, dice Ávila.
Una de las consultorías establecerá qué entidad reemplazará a EMCO. El proceso debería definirse hasta mayo de 2020, según el cronograma de actividades.
La institución que administre a las empresas públicas, con su nuevo rol corporativo, tendrá dos funciones, según Ávila:
- Tomar decisiones estratégicas.
- Transparentar la información del estado de las EP.
Otro tema que le interesa al BID es el rediseño de las empresas públicas. La prioridad es la fusión de las estatales petroleras Petroamazonas y Petroecuador.
El contrato contempla un desembolso de USD 22,5 millones para la fusión.
Pero también la optimización de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). La inversión para ello es de USD 3,3 millones, según el contrato.
Ávila afirma que CNEL abarca el 45% del territorio de Ecuador y tiene 11 unidades de negocio. La intención es que se reduzcan a cinco.
Y otro componente del contrato es la optimización del talento humano, en especial en Petroamazonas, Petroecuador, CNEL, CELEC, Tame y EMCO.
Al respecto, el contrato establece un presupuesto de USD 43 millones para la desvinculación de funcionarios de estas instituciones durante la vigencia del proyecto, en el siguiente orden:
- USD 35,7 millones para las desvinculaciones en Petroamazonas y Petroecuador.
- USD 909.000 para las desvinculaciones de funcionarios en Tame.
- USD 5,4 millones para liquidar los despidos en CELEC y CNEL.
- USD 909.000 para las desvinculaciones en EMCO.
Pero las desvinculaciones ya empezaron en las 22 empresas públicas, dice Ávila.
En 2019 hubo una reducción de 4.000 empleados de las empresas públicas, lo que generó un ahorro de USD 60 millones. Ávila reconoce que los despidos seguirán en 2020.
Aunque la prioridad será la homologación de escalas salariales y la reestructuración de las empresas, según Ávila.
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