¿Qué empresas pagarán un impuesto en marzo de 2024 para cubrir el gasto por el conflicto armado?
A contrarreloj, las empresas con utilidades en 2022 tendrán que pagar un impuesto temporal para cubrir gasto en seguridad. Deberán hacerlo hasta el 31 de marzo.
Planta de la mina Mirador, operada por la empresa Ecuacorriente.
PRIMICIAS.
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Con la entrada en vigencia de la Ley para enfrentar el conflicto armado interno, las empresas grandes y medianas que reportaron utilidades en 2022 tendrán que pagar un nuevo impuesto para financiar el gasto en seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.
Se trata de la Contribución Temporal de Seguridad (CTS) que las empresas deberán pagar en marzo de 2024 y de 2025.
La fecha máxima de pago de la contribución vence el 31 de marzo, de ahí que las empresas tienen apenas dos semanas para cumplir con esta nueva obligación tributaria en 2024.
En estos dos años, el Gobierno de Noboa prevé USD 652 millones por este nuevo impuesto, que según la ley, solo puede ser utilizado para gastos relacionados con el conflicto armado interno o para necesidades de seguridad.
Con la nueva ley, las mayores empresas del país, que son las que generan más utilidades, volverán a pagar una contribución especial para financiar gasto público.
Ya en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, de 2021, el Gobierno de Guillermo Lasso creó la Contribución Especial Post Covid, que las empresas con patrimonios de más de USD 5 millones debieron pagar en 2022 y 2023.
El Gobierno de Lasso recaudó USD 741 millones por esta contribución en los dos años. En esa ocasión, la tarifa fue de 0,8% de la declaración patrimonial de 2020.
De hecho, las empresas deberán usar el mismo formulario que utilizaron para la declaración Contribución Especial Post Covid, explicó el Servicio de Rentas Internas (SRI). El formulario actualizado estará disponible desde el 23 de marzo de 2024, detalló la entidad.
¿Qué empresas pagarán más impuesto?
Ahora, la nueva ley dispone que todas las empresas paguen un impuesto de 3,25% sobre el valor de las utilidades reportadas en 2022.
A diferencia de la reforma tributaria de 2021, este año las empresas ya no podrán acogerse a facilidades de pago por hasta seis meses, sino que tendrán que hacer un solo desembolso en marzo.
Los bancos y las cooperativas no están obligadas a pagar esta contribución, pero sí otro impuesto más alto, también sobre las utilidades, que se deberán pagar una sola vez, pero en mayo de 2024.
También se excluye de la nueva contribución a las micro y pequeñas empresas, según lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, explica el abogado tributario Javier Bustos.
Las microempresas son las que tienen hasta nueve empleados, activos por hasta USD 100.000 y ventas anuales menores a USD 100.000.
Y las empresas pequeñas tienen activos de hasta USD 750.000 y ventas anuales de hasta USD 1 millón.
Aunque el 91% de las empresas es del segmento de micro y pequeñas, en monto, la mayor parte de las utilidades proviene de las compañías medianas y grandes.
En 2022, todas las empresas del país tuvieron USD 6.355,95 millones en utilidades, sin contar a las entidades del sector financiero y de seguros.
De ese monto, 20 empresas grandes generaron USD 2.315 millones en utilidades; esto es el 36% del total.
Los cuatro primeros lugares en el top de empresas con más utilidades ese año son compañías del sector minero y petrolero.
La empresa con mayores utilidades en ese año fue la minera Ecuacorriente, que explota la primera mina de cobre a gran escala en el país, Mirador, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Se trata de una compañía subsidiaria ecuatoriana del consorcio chino CRCC-Tongguan.
Le sigue Shaya Ecuador S.A., que tiene un contrato por servicios con financiamiento en el campo petrolero Auca, de la estatal Petroecuador. La principal accionista de Shaya Ecuador es la francesa Schlumberger.
En la lista también están grandes empresas del retail, como Corporación Favorita, con sus supermercados Megamaxi y Supermaxi.
Alrededor de 3.000 empresas del sector comercial pagarían la tasa relacionada a la seguridad, por unos USD 54 millones, explica Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Hay, además, compañías de telecomunicaciones, como Conecel (Claro) y Telconet, así como cerveceras, exportadoras y aerolíneas.
¿Y si las empresas no pagan?
Las empresas que no paguen el impuesto serán sancionadas con una multa equivalente al 3% de la obligación generada, por cada mes o fracción de mes de retraso.
Los gremios dicen que las empresas harán un esfuerzo para cumplir con la obligación.
Para Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (Cipem), el pago de la contribución provocará una reducción en el crecimiento económico de Ecuador en 2024.
Lo anterior, debido a que las utilidades de 2022 ya fueron utilizadas por las empresas y ahora, para pagar la contribución, tendrán que destinar la liquidez que tenían previsto usar para inversiones, compras o para contratación de personal, añade Robalino.
"El dinero que se iba a usar para la producción irá a la caja fiscal", menciona el vocero de Cipem.
Díaz Granados añade que al sector le preocupa que el dinero de las contribuciones en la práctica no se use para la crisis de seguridad.
"Esta preocupación aumenta al revisar la Proforma presupuestaria, ya que la misma no refleja un incremento del gasto en las instituciones relevantes en seguridad", añade.
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