El presidente Guillermo Lasso planteó la regulación de la consulta previa para evitar el boicot de proyectos mineros y petroleros en los que el país ha puesto sus esperanzas para aumentar los ingresos del Estado.
Uno de las promesas del Ejecutivo con los dirigentes indígenas es impulsar "la consulta previa vinculante" con las comunidades. Ese sería el paso previo para desarrollar actividades mineras y petroleras.
Ese compromiso fue establecido en el Decreto Ejecutivo 95, con el que el presidente Guillermo Lasso reorganizó el sector petrolero. También consta en el Decreto 151 que dispone un plan de acción para el sector minero.
La propuesta sobre la consulta previa vinculante llega en medio de la intención del Gobierno de duplicar la producción petrolera y de preparar el camino para que cuatro nuevos proyectos mineros entren en producción.
Por otra parte, esta consulta previa, libre e informada es un derecho a favor de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, consagrado en el artículo 57 de la Constitución.
Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige la consulta previa "antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras".
El problema es que en Ecuador la consulta previa no está amparada en una ley específica, lo que ha complicado la ejecución de este derecho.
Con este antecedente, el Ejecutivo busca impulsar una ley para formalizarla. La iniciativa ha sido bien recibida por inversionistas de los sectores estratégicos y analistas mineros y petroleros.
De su lado, legisladores de Pachakutik también quieren impulsar, de manera independiente, un proyecto de ley sobre este tema.
Hasta 12 proyectos mineros en riesgo
El síndico de la Cámara de Minería, Andrés Ycaza, asegura que al sector minero le agrada la idea de una ley para formalizar la consulta previa. Según él, es necesaria una "regulación para que la ciudadanía tenga derecho a saber de qué se trata un proyecto extractivo y que pueda decidir si quiere o no un proyecto en su territorio".
De hecho, una norma de este tipo evitaría problemas como el ocurrido en el proyecto Río Blanco, en Azuay. Ese proyecto fue paralizado en junio de 2018 bajo el argumento de que el Estado no hizo la consulta previa con las comunidades aledañas.
Lo mismo pasa con el proyecto minero de cobre San Carlos Panantza, en Morona Santiago. La mina se encuentra en fase de exploración avanzada y es objeto de constantes protestas de la comunidad, la cual reclama porque no hubo una consulta previa.
Actualmente, existen 12 grandes proyectos mineros que corren el riesgo de paralizarse por por temas legales y por el rechazo ciudadano. Dentro de este total, están los cuatro proyectos que podrían entrar en operaciones durante la administración de Lasso. En esa lista están:
- La Plata (Cotopaxi).
- Loma Larga (Azuay).
- Curipamba (Bolívar).
- Cascabel (Imbabura)
Sector petrolero también soporta protestas
Los proyectos para extraer crudo en la Amazonía también soportan reclamos de grupos ecologistas y de las comunidades.
En las últimas semanas se han registrado problemas en el Campo Sacha, en Orellana, debido a una supuesta falta de consulta a las comunidades previo al desarrollo de nuevas actividades de las compañías petroleras.
Mientras que el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, expresa que el malestar de las comunidades nace porque se las excluye al momento de planificar las actividades extractivas.
"Con una nueva ley, la empresa tendrá la oportunidad de exponer las bondades de un proyecto y que las comunidades expresen sus objeciones o apoyos al mismo y de allí se podría continuar o no con un proyecto", afirma Santos Alvite.
"En Gobiernos anteriores no manejaron bien la consulta previa, casi nunca decidieron junto a las comunidades sobre los proyectos de recursos naturales".
Fernando Santos Alvite
Un proyecto en reposo
El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, asegura que el Gobierno de Lenín Moreno presentó -a finales de 2020- un proyecto de ley de consulta previa por orden de la Corte Constitucional (CC).
"Lastimosamente, como muchos proyectos de ley, este también reposa en los archivos de la Asamblea. El Presidente Lasso podría impulsar este proyecto", dice.
Benalcázar, quien trabajó en ese proyecto de ley, dice que una norma "ayudará a trazar la cancha a todos los jugadores para que haya seguridad jurídica".
Tanto Benalcázar como Ycaza consideran que la ley de consulta previa permitirá reducir las solicitudes de consulta popular en contra de las actividades extractivas en la Corte Constitucional.
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