En la Merced de Buenos Aires hasta las familias se pelean por la minería

La compañía Hanrine tiene plazo hasta marzo de 2022 para terminar la fase de exploración inicial en las seis concesiones mineras localizadas en el cantón Urcuquí.

Los habitantes de la parroquia de La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, están divididos frente a las actividades de exploración minera que lleva a cabo la empresa australiana Hanrine, subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting.

Hanrine tiene seis áreas en concesión, todas localizadas en el cantón Urcuquí, y suman alrededor de 23.000 hectáreas.

La minera tiene autorización para realizar trabajos de exploración inicial en esas áreas, es decir, para buscar zonas que puedan contener yacimientos de minerales, específicamente de cobre.

Pero la mayor parte de la parroquia, que tiene unos 2.500 habitantes, está en contra de la minería formal y también de la minería ilegal, por el trauma que supusieron las actividades de minería ilegal de oro en la concesión Imba 2, entre diciembre de 2017 y junio de 2019.

No solamente hubo extensos daños al medioambiente, sino también episodios de violencia y la parroquia se vio invadida, casi de la noche a la mañana por al menos 7.000 mineros ilegales.

Tanto fue el impacto que se armó una ‘ciudad de plástico’, compuesta por miles de toldos negros que usaban los mineros irregulares para armar sus campamentos.

Hasta que la Policía y las Fuerzas Armadas desalojaron a la mayor parte de los mineros ilegales de la zona, en junio de 2019.

Actualmente, las actividades de exploración en la concesión Imba 2 siguen paralizadas.

Martha Mallamas, de 57 años de edad y oriunda de la parroquia, asegura que las calles del pequeño poblado se llenaron de comerciantes, de “gente extraña y peligrosa” y de muchas actividades conectadas con el crimen, como la prostitución.

“En un inicio nos beneficiamos porque los negocios como los restaurantes, tiendas y ferreterías aumentaron sus ganancias, pero también aumentó la contaminación de los ríos”, dice Mamallas, quien agrega que no quieren saber ni de minería legal ni de minería ilegal.

“Lo que queremos es vivir en libertad, no queremos ser ricos, solo queremos vivir de la ganadería y de la agricultura, con agua limpia”, dice.

Eulalia Ramos, también habitante de la parroquia, asegura que tras las actividades mineras ilegales, el pueblo se volvió un caos. En las noches había escándalos y peleas callejeras.

‘Todos estamos bravos’

Ramos y Mamallas afirman que la población se dividió, unos en favor y otros en contra de la minería, lo que incluso, dicen, causó cismas entre familias.

La familia Pérez (nombre protegido), por ejemplo, tiene problemas. Manuel y Zoila están contra la minería, pero de sus seis hijos dos están a favor de esta actividad y trabajan en ella.

Según Hanrine, la empresa tiene 100 trabajadores directos provenientes de las 23 comunidades de la zona de Urcuquí.

Y otras 250 personas trabajan de manera rotativa con la empresa. El 60% de los obreros pertenece a la parroquia La Merced de Buenos Aires.

“Cuando estamos en la mesa nos enojamos. Mi hijo ya no viene tan seguido a la casa”.
Manuel Pérez

También hay un grupo de familias que sí está a favor de la actividad de Hanrine. Pero, por supuestas presiones de sus detractores, prefieren no ser identificados ante el temor de ser insultados y golpeados en la calle.

Segundo (nombre protegido) considera que la actividad minera formal traerá muchas fuentes de trabajo y que es una oportunidad para salir de la pobreza.

Según él, “los que están en contra de la minería era porque antes lucraban de la actividad extractiva ilegal. Algunos hicieron harta plata (dinero). Y ahora todos estamos bravos”.

Y llegó la Policía

Desde la traumática invasión y posterior desalojo de los mineros ilegales en La Merced de Buenos Aires, Hanrine ha tenido problemas con las comunidades locales para retomar sus actividades de exploración inicial en Imba 1.

Incluso los pobladores de la parroquia montaron un bloqueo desde hace varios meses en el ingreso principal del centro de La Merced de Buenos Aires, impidiendo el paso del personal de Hanrine.

Para levantar el bloqueo, la empresa minera presentó una acción de protección ante la Unidad de la Familia Niñez y Adolescencia de Iñaquito, en Quito, el 22 de julio de 2021.

En la decisión judicial, que fue en favor de la empresa, el juez aseguró que se vulneraron los derechos de Hanrine y ordenó a la Policía que garantizara el libre acceso del personal de la minera a la concesión Imba 1.

El 3 de agosto, la Policía hizo un operativo en la entrada principal de la parroquia y despejó la vía. Hubo cinco detenidos. Desde ese día, unos 270 policías permanecen en las calles de La Merced de Buenos Aires, patrullando.

La Policía brinda protección a los trabajadores de Hanrine. Mientras tanto, quienes se oponen a la minería siguen organizándose, apoyados por ONGs, y dicen que no permitirán que la empresa minera retome sus actividades.

Organizaciones sociales como Acción Ecológica asesoran a quienes se oponen a la minería, aduciendo supuestas vulneraciones a sus derechos por parte del Estado.

Mauricio Almeida, coordinador Zonal Norte del Ministerio de Energía, dice que las preocupaciones de una parte de la población de La Merced de Buenos Aires no tienen fundamento.

“Los pobladores están mal informados e influenciados por actores antimineros, quienes señalan que por la actividad minera se les va a quitar el agua”, dice Almeida a PRIMICIAS.

Hanrine se anota un punto

El jefe de operaciones de Hanrine en Ecuador, Favio Ocampo, dice a PRIMICIAS que están satisfechos con el apoyo de la Policía porque les permite retomar la exploración inicial en la concesión Imba 1, tras un año de paralización.

La fase inicial empezó en marzo de 2018 y debe concluir en el mismo mes de 2022, según el registro ambiental otorgado a Hanrine.

Pese a los contratiempos, Ocampo espera que Hanrine termine la fase de exploración inicial en Imba 1 en marzo de 2022.

Una vista panorámica del nuevo campamento de Hanrine en la concesión Imba 1, el 4 de agosto de 2021. Cortesía Acción Ecológica.

“Para los trabajos en la fase 1, Hanrine tiene cuatro contratos firmados con los dueños de los terrenos donde realizamos actividades exploratorias. Desde hace un año se les vienen pagando los arriendos”, dice Ocampo.

El representante de la minera informó que Hanrine ya está recopilando información para solicitar al Ministerio del Ambiente (MAE) el cambio de fase, es decir, de exploración inicial a exploración avanzada.

Los problemas registrados en la zona no han detenido el trabajo de la empresa en su fase de exploración inicial en sus otras cuatro concesiones también en Urcuquí: Amadores, Imba 3, Imba 5, Imba 6 y en Imba 1, donde la actividad exploratoria se reanudó el 3 de agosto de 2021.