Falta claridad sobre el alcance de la decisión antiminera en Cuenca

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, está dispuesto a acudir a la Corte Constitucional para que aclare los alcances de la consulta popular.

Hay muchas interpretaciones sobre el resultado de la Consulta Popular en la que ganó la opción contra la minería de mediana y gran escala en las zonas hídricas que alimentan a los ríos de Cuenca: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.

El 7 de febrero, la Consulta ganó con 80,9% de respaldo en las urnas. El problema es que no están claros sus alcances.

El dictamen de la Corte Constitucional (CC), que justificó el plebiscito, estableció que los resultados de la consulta podrían ser aplicados únicamente en el futuro, es decir, que no tendrá un carácter retroactivo.

Pero ese dictamen de la Corte está siendo interpretado de diferentes maneras.

Varios representantes del sector minero señalaron que el triunfo del no en el plebiscito no implicará que se detengan las actividades de los proyectos que ya están en marcha en las zonas de recarga hídrica, como Loma Larga (de cobre y oro) y Río Blanco (de plata).

El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, agrega que las prohibiciones para realizar actividades mineras en esas zonas de Cuenca son hacia futuro, respetando las competencias institucionales establecidas en la Constitución.

“Los que señalan que se detendrán los dos proyectos no entienden cómo funciona la actividad minera, que se desarrolla en varias fases. Nadie se mete a invertir en una concesión sabiendo que, a futuro, no podrá realizar la fase de explotación, de beneficio y de comercialización”, dice Benalcázar.

El exviceministro afirma que la paralización de los proyectos podría desembocar en arbitrajes internacionales contra Ecuador por parte de las empresas mineras.

La Cámara de la Minería dijo que emitirá un comunicado el jueves 11 de febrero sobre los alcances de la consulta popular realizada en Cuenca.

Mientras que el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, explica que el plebiscito sí detendría el desarrollo de los dos proyectos mineros, porque ninguno está aún en fase de explotación, sino de exploración y de evaluación económica.

Palacios reconoció que en los sitios de las concesiones, que están fuera de las zonas de recarga hídrica, sí podrán realizarse actividades extractivas.

Según información de la Cámara de la Minería de Azuay y del Municipio de Cuenca, en las cinco zonas de recarga hídrica existen 43 concesiones de minería metálica (oro, plata y cobre).

Ante las dudas, Palacios dijo que está dispuesto a realizar las consultas a la Corte Constitucional para aclarar los alcances del plebiscito.

Los grandes proyectos

El proyecto Loma Larga, de oro y plata, está en la fase de exploración avanzada y de evaluación económica.

El yacimiento tiene reservas de 33.384 toneladas de cobre, además de 10,5 millones de onzas Troy de plata y 1,86 millones de onzas Troy de oro.

Aunque la explotación minera en este proyecto aún no empieza, la empresa INV Minerales Ecuador S.A., dueña de la concesión, ha invertido USD 64,5 millones entre 1999 y 2019.

Según el Banco Central, está previsto que el inicio de la producción de la mina ocurra durante el primer trimestre de 2023. Y, entre 2023 y 2034, los beneficios para el país por recaudación tributaria superarían los USD 1.345 millones.

Mientras que en la zona hídrica del río Norcay está la mina de oro Río Blanco, cuya concesionaria es la empresa Ecuagoldmining S.A.

La concesionaria apenas inició su fase de explotación, pero paralizó sus actividades de forma inmediata por dos razones:

Por daños a la infraestructura de la empresa el 6 de mayo de 2018.
Por dos sentencias judiciales, donde se señaló al Gobierno de no haber realizado la consulta previa a las comunidades de la zona antes de iniciar las actividades mineras en su concesión.

La mina Río Blanco tiene reservas de 4.307 millones de onzas Troy de plata y 0,6 millones de onzas Troy de oro.

Otro proyecto que estaría en riesgo es Ruta del Cobre, que pertenece a la compañía del mismo nombre.

El proyecto está en la fase evaluación económica del yacimiento y todavía no se define el método de explotación. Entre 2012 y 2019, la empresa Ruta del Cobre realizó una inversión de USD 35,5 millones en esa concesión, según el Banco Central.

“Este proyecto no se vería afectado -por efectos del plebiscito- porque está fuera de las cinco zonas de recarga hídrica, aunque sí es una concesión vecina de esos ríos”, dijo Benalcázar.

Qué sigue

Una vez que los resultados de la consulta popular sean oficializados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Concejo Municipal de Cuenca remitirá la información al Ministerio del Ambiente para que valide la georeferenciación de las cinco zonas de recarga hídrica.

Aunque en el dictamen de la Corte Constitucional se establece que la delimitación definitiva de las zonas donde se prohibirá la actividad minera es competencia exclusiva del Ministerio del Ambiente.

Luego, el Concejo Cantonal debe incorporar las zonas de prohibición de actividades extractivas en el Plan de Ordenamiento Territorial.