Según datos oficiales, 120 personas presentaron problemas en su salud por contaminación de los ríos Coca y Napo tras la rotura de dos oleoductos y un poliducto, el 7 de abril de 2020.
La erosión regresiva en las márgenes del río Coca, que arrancó con la desaparición de la cascada San Rafael en febrero de 2020, ya afectó indirectamente a 25.108 personas de Napo, Orellana y Sucumbíos.
Son personas que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo, afluentes contaminados por el derrame de 15.000 barriles de hidrocarburos, el pasado 7 de abril de 2020.
El fenómeno natural provocó la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), perteneciente a la petrolera estatal Petroecuador; del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito.
Así, lo señaló el informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con corte al 15 de octubre de 2020, al que tuvo acceso PRIMICIAS.
Pero, hay otro grupo de 188 personas que fue afectado de manera directa. De ese total, 120 presentaron problemas en su salud por la contaminación del agua, tras la rotura de los tres ductos.
Tanto Petroecuador y OCP continúan con las labores de remediación ambiental en algunos puntos a lo largo de los ríos Coca y Napo. Las empresas también entregan agua a las comunidades afectadas.
PRIMICIAS dialogó con personas afectadas por la contaminación del río y coincidieron en que, pese a las labores de remediación, el agua no volverá a la normalidad.
“Las comunidades del cantón Aguarico consumimos el agua del río y la remediación no logrará quitar totalmente la contaminación”, cree Leopoldo Ocampo, un agricultor de 51 años.
El informe oficial también asegura que otras cuatro personas del cantón El Chaco fueron evacuadas del sector San Rafael. Ellos estaban en una zona de riesgo por el avance de la erosión regresiva.
Otras seis familias, dice la Secretaría de Riesgos, podrían ser evacuadas próximamente, en el caso que el fenómeno natural afecte a centros poblados aledaños al río Coca.
Pero, los problemas para las personas de esos sectores no solo tiene que ver con la calidad del agua. También hay problemas con la circulación vehicular en la vía Quito-Lago Agrio (más conocida como la E-45) por los constantes daños y peligros.
Según el informe, 218,3 metros viales fueron afectados por grietas y pérdida de la masa asfáltica por el avance de la erosión regresiva entre febrero y el 15 de octubre de 2020.
Sin embargo, el Ministerio de Transporte construyó variantes provisionales para no detener la circulación vehicular.
Situación actual
El frente de la erosión se localiza a la altura del campamento La Loma, a 7,6 kilómetros aguas arriba de la desaparecida cascada San Rafael, en la provincia de Napo.
De acuerdo “con las observaciones de los hechos ocurridos y sin incluir otros factores como la geología o los caudales transitados”, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) estima que en esas condiciones, la erosión regresiva podría llegar hasta las obras de captación de Coca-Codo Sinclair (CCS), en 12 meses.
Las autoridades ecuatorianas están preocupadas por posible daño a la hidroeléctrica más grande del país, con 1.500 megavatios de potencia.
Coca-CodoSinclair también fue la central más cara de Ecuador. Su construcción tuvo un costo de USD 2.300 millones y fue inaugurada en noviembre de 2016.
Para paliar los afectos y ralentizar el fenómeno natural, Celec lleva adelante la construcción de un dique y la colocación de contenedores metálicos en el lecho del río Coca, cerca del puente Ventana 2, clave para las operaciones de la central hidroeléctrica.
Una vista panorámica del puente Ventana 2, el 1 de octubre de 2020. Cortesía El Chaco
Las preocupaciones también se toman en el campo petrolero. Tanto OCP y Petroecuador realizan obras para precautelar su infraestructura ante el avance de la erosión.
En el caso de Petroecuador, la estatal petrolera realizó las siguientes acciones:
- La construcción de tres variantes y un baipás de tuberías en el sector.
- La ejecución de una cuarta variante.
- La definición de una nueva ruta para la variante para el SOTE.
Mientras que OCP, de capital privado, invertirá alrededor de USD 20 millones en 2021 y 2022 en la construcción cuatro variantes definitivas del oleoducto.
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