Proveedores impagos del Estado sobreviven entre deudas y despidos

Economía

Autor:

Gabriela Coba

Actualizada:

17 Ago 2020 - 0:05

Proveedores del Estado en un plantón el 7 de agosto de 2020. - Foto: API

Proveedores impagos del Estado sobreviven entre deudas y despidos

Autor:

Gabriela Coba

Actualizada:

17 Ago 2020 - 15:41

La deuda del Gobierno ecuatoriano con los proveedores se arrastra desde 2019, pero se agravó con la crisis por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Desempleo, moratorias, más deudas y hasta riesgo de quiebra. Esas son algunas de las consecuencias que enfrentan los proveedores a quienes el Gobierno adeuda USD 490 millones, según información del Ministerio de Finanzas.

«Se está extrayendo liquidez del sector privado. La deuda golpea a toda la cadena de valor», dice Fernando Palacios, miembro del Comité Empresarial de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi).

Y lo explica: «sin los recursos del Gobierno la economía se paraliza, porque si la empresa no recibe esos ingresos para atender las obligaciones con sus proveedores y con el mismo Gobierno tiene que contraerse para evitar gastos. Si esa contracción se generaliza, se genera una crisis de demanda».

A la espera de que el Gobierno cumpla sus obligaciones, «los proveedores han tenido que vender propiedades, acceder a préstamos e incluso han acudido al chulco. Hay empresas cuyos ingresos mayoritarios provienen del Gobierno», dice Marco Leguísamo. Él representa a 120 proveedores, a quienes el Gobierno debe cerca de USD 20 millones, desde septiembre de 2019.

El ‘chulco’ es una práctica ilegal que consiste en el cobro de intereses excesivamente altos por un préstamo.

Leguísamo dice que, entre esos 120 proveedores hay quienes, incluso, han tratado de acceder a créditos del programa Reactívate Ecuador, pero ninguno ha podido. «Una de las razones que nos ha dado el Banco del Pacífico es que tenemos alto riesgo por trabajar con el Estado«, dice.

En deuda con el empleo

«La falta de pago golpea más a los empleados porque no se puede pagar sus salarios», afirma Leguísamo. Y agrega que, «aunque se trata de mantener la nómina, hay casos en los que las empresas han tenido que hacer recortes de entre 10% y 20% del personal».

Y, el temor es que mientras más se dilate el pago de la millonaria deuda haya más despidos. «Estimamos que 12.000 empleos están en riesgo de perderse», sostiene el dirigente.

Por eso, los proveedores del Gobierno han hecho plantones en busca de una respuesta. La última manifestación fue el 7 de agosto de 2020, en los exteriores de la Plataforma Financiera, en Quito, donde funciona el Ministerio de Finanzas.

Participaron representantes y empleados de empresas de seguridad, limpieza, textiles, turismo, construcción, informática, suministros médicos y del sector metalmecánico.

«Estamos tan desesperados que hemos hecho plantones, poniendo en riesgo nuestra salud».

Marco Leguísamo, representante de 120 proveedores

El desempleo preocupa, especialmente, a las empresas del sector de servicios, como seguridad y limpieza, que tienen en promedio 400 trabajadores.

Ese es el caso de la compañía de seguridad Alpriseg, con 500 trabajadores, a la que Gobierno debe USD 1,7 millones.

«Los primeros meses tratamos de pagar los sueldos de los guardias, pero con el pasar del tiempo se volvió imposible».

Iván Valencia, gerente general de Alpriseg

Por el momento, dice Valencia, «en la empresa no ha habido despidos, aunque los trabajadores ya no quieren laborar porque están impagos. Se trata de personas que han permanecido en la primera línea durante la emergencia sanitaria. Incluso hemos tenido guardias que se han contagiado y han fallecido».

Además del desempleo, a las empresas de seguridad les preocupa que, en medio de la emergencia sanitaria, «instituciones del sector público, entre las que se encuentran hospitales, van a quedarse sin seguridad«, dice Valencia.

Él representa a 15 empresas de seguridad a las que el Gobierno les debe más de USD 33 millones.

En busca de liquidez

La propuesta de pagar de la deuda en bonos -que el Gobierno hizo el 21 de julio, pero que no concretado todavía- no es factible para los representantes de los proveedores.

¿La razón? No es liquidez inmediata y tampoco existe un reglamento para saber cómo se podrán usar los papeles. Es decir, se desconoce si los bonos servirán para el cruce de cuentas, por ejemplo, para el pago de impuestos.

«La negociación de los bonos en el mercado de valores será difícil porque el mayor comprador de esos papeles, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), también necesita liquidez», dice Fernando Palacios, miembro del Comité Empresarial de la Capeipi.

Los representantes de los proveedores dicen entender que la situación económica es difícil, por lo que no exigen del Gobierno el pago total de la deuda, sino un plan de pagos.

«Necesitamos un cronograma para llegar a acuerdos con los trabajadores, con nuestros proveedores y con la banca», dice Leguísamo.

Valencia asegura que, durante el plantón el 7 de agosto, una delegada del Ministerio de Finanzas pidió a los proveedores que presenten un cronograma de pagos «aunque eso es responsabilidad del Gobierno».

Los proveedores esperaban una respuesta a su propuesta el 13 de agosto de 2020, pero una funcionaria delegada por Finanzas les hizo un nuevo pedido: hacer el cronograma de pagos de forma separada, según la actividad económica de cada empresa.

Ahora, los empresarios y empleados están a la espera de una nueva respuesta.

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