El panorama para la reforma tributaria sigue favorable al Ejecutivo

Durante el primer debate del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, solo dos bancadas -correístas y el PSC- criticaron la propuesta.

Es oficial: hay menos discrepancias entre el Ejecutivo y la Asamblea sobre la reforma tributaria, que reemplazó al fallido proyecto de ley de Crecimiento Económico que fue archivado el 17 de noviembre y que busca recaudar USD 619,5 millones en 2020.

¿Las razones? Al menos dos.

El diálogo previo. El presidente de la República, Lenín Moreno, encabezó los esfuerzos por buscar el apoyo de los legisladores.
La propuesta forme en discusión es menos extensa: de 404 artículos que tenía la ley de Crecimiento Económico bajó a 50 artículos.

Y, el gobierno cosechó ese ‘esfuerzo’ durante el primer debate de la reforma en el Pleno de la Asamblea.

Las bancadas de Alianza PAIS, SUMA, Creo el Bloque de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) coincidieron en que el proyecto de está mejor estructurado.

Gabriela Larreátegui, legisladora de SUMA e integrante de la Comisión de Régimen Económico que analiza la reforma, dijo ayer que “es necesario apoyar (al Ejecutivo) para que salga la mejor ley”.

Solo dos bancadas continúan con las críticas al proyecto tributario: los correístas, autodenominados bancada de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC)

Ellos coinciden en que la reforma tributaria crea más impuestos a los ciudadanos y favorece a los “amigos” del Gobierno, especialmente, a los banqueros. Todo apunta a que correístas y socialcristianos no votarán en favor de la reforma si el texto no incorpora todas sus observaciones.

Por ahora, esta “oposición” suma solo 44 votos. El Gobierno podría contar con 93 votos para que se apruebe la reforma tributaria: necesita mínimo 70.

Los acuerdos

Las bancadas coinciden en que existen artículos que benefician a los ciudadanos. Entre ellos:

La remisión de multas e intereses a becarios.
La posibilidad de pago con bonos del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por concepto de la devolución del IVA, siempre y cuando se establezca un límite en esta forma de pago.
El 0% de IVA para las tiras reactivas de medición de glucosa, las bombas de insulina y marcapasos.
La remisión de pago de intereses y costas judiciales en operaciones de crédito de hasta USD 100.000 para los sectores agrícola, pecuario y pesquero, otorgadas por la CFN y Banecuador.
El impuesto progresivo para los plásticos de USD 0,3 a 0,10.
30.000 familias afectadas por el terremoto de 2016 y que recibieron crédito para reconstruir sus casas, ya no tendrán que pagar esa deuda.

Los dilemas

Durante el primer debate, los legisladores coincidieron en tres puntos de preocupación:

Los intereses que reciban las instituciones del sistema financiero por los préstamos otorgados a los sujetos calificados como emprendedores, hasta por un monto equivalente al 3% de los ingresos gravados de dicha institución financiera.
Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de suscripción podrán pagar hasta el 80% de los valores correspondientes a las tarifas por uso y explotación del espectro radioeléctrico por medio de la implementación de proyectos.
El pago de las deudas del Gobierno Central a las entidades públicas y privadas con bonos del Estado y con certificados de Tesorería, previo a la petición y aceptación de las partes.

A pesar del ambiente menos hostil, los legisladores advirtieron también que estarán pendientes de que el texto final recoja las observaciones que se hicieron en el primer debate.