Ruta del Cobre suspende actividades de minería por fuerza mayor

La oposición de la comunidad llevó al proyecto minero Ruta del Cobre, ubicado la parroquia Chaucha, en Cuenca, a suspender -por fuerza mayor- las actividades en una de sus tres concesiones: Janeth 1 (oro) y Janeth 2 y Janeth 3 (cobre).

La suspensión de los plazos por fuerza mayor se puede aplicar cuando existen hechos imprevistos o fortuitos que impiden ejecutar con normalidad las labores que el concesionario minero haya previsto.

Según la minera, cuya casa matriz es Grupo México, sus tareas no se pueden cumplir en las actuales circunstancias, por lo que es necesaria la declaratoria.

Hasta el 13 de abril, el Ministerio de Energía y Minas solo ha aceptado el pedido para la primera

Esa cartera de Estado aceptó que “la oposición a la minería y el riesgo que corren los trabajadores en sus visitas al sector de Shaglli, en la parroquia Chaucha, no es imputable a la empresa, por ende no fue generada por culpa de Ruta del Cobre”.

Respecto a Janeth 2, el informe de la Agencia de Regulación y Control Minero expone que la figura de fuerza mayor no procede, por lo que fue negada. En tanto que Janeth 3 aún no tiene respuesta.

Chaucha está cerca de parroquia Molleturo, en donde se encuentra el proyecto minero Río Blanco, suspendido desde 2018 por acciones judiciales derivadas de una serie de conflictos con comuneros. En las dos parroquias existe una alta resistencia a la actividad minera.

Inversiones suspendidas

La suspensión por fuerza mayor implica que las labores previstas se suspenden, además de las inversiones mínimas y prometidas por la empresa Ruta del Cobre. 

PRIMICIAS solicitó información sobre las inversiones previstas para 2023, pero no obtuvo respuesta hasta el 13 de abril de 2023.

Sin embargo, entre 2012 y 2022, la empresa ha invertido USD 42 millones, según información del Banco Central del Ecuador. Para 2022, la inversión prevista era de USD 5 millones.

Las inversiones deberán evaluarse una vez que se haya levantado la suspensión del plazo, informó a PRIMICIAS el Ministerio de Energía y Minas. 

Mientras el plazo esté suspendido, la empresa sí deberá cumplir con las obligaciones legales, administrativas, económicas y ambientales. Eso incluye el pago de patentes anuales, presentación de informes y los compromisos de su plan de relacionamiento comunitario.

Loma Larga espera resolución

Ruta del Cobre es el tercer proyecto minero de Azuay que enfrenta problemas por la oposición de las comunidades.

Río Blanco, un proyecto de extracción de oro a mediana escala, empezó a operar en 2016 y se suspendió dos años después por una orden judicial y una sucesión de ataques de grupos antimineros al campamento.

En 2022, en Río Blanco hubo una escalada de violencia por la presencia de mineros ilegales. Además, la empresa china Junefield Gold Investments oficializó en octubre el inicio de un arbitraje en contra del estado ecuatoriano por la suspensión.

En tanto que Loma Larga, de propiedad de la canadiense Dundee Precious Metal, tampoco ha avanzado de acuerdo con las proyecciones del Gobierno.

La inversión total esperada del proyecto Loma Larga, está ubicada en los cantones Cuenca, San Fernando y Girón, es USD 499 millones, según información del Banco Central.

Para 2023 estaba previsto el inicio de la construcción de la mina, pero en julio de 2022, un juez de Cuenca aceptó parcialmente una acción legal que busca suspender el proyecto minero.

La resolución determinó que el proyecto no cumplió con la consulta previa, libre e informada, y ordenó que se cumpla ese proceso antes de continuar a la siguiente fase.

Pero el fallo también descartó que haya existido vulneración al agua, a la naturaleza y al buen vivir. Por eso, la empresa canadiense considera que tiene puntos a su favor para continuar las actividades.

La resolución sobre la consulta previa fue apelada por el Ministerio de Energía y Minas, pero aún no hay una sentencia definitiva. Si el fallo es ratificado, Dundee Precious Metal deberá realizar el proceso de consulta previa antes de pasar a la etapa de explotación.

Incertidumbre en el sector

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, sostiene que la consulta popular que se cumplió en Cuenca en 2021 para frenar la minería y las últimas resoluciones judiciales han provocado incertidumbre en el sector.

Producto de la consulta popular, el Ministerio del Ambiente delimitó una zona de recarga hídrica en la que las actividades mineras a gran escala están prohibidas.

En esa demarcación hay 22 concesiones mineras, entre las que consta Janeth 3, de Ruta del Cobre, y dos concesiones de Loma Larga.

La consulta popular no afecta a las otras dos concesiones de Ruta del Cobre, porque son de mediana minería. Además, los efectos son a futuro y no se puede revertir las concesiones previas a la consulta.

Pero Vargas considera que la consulta popular sí ha tenido un efecto importante en los proyectos mineros de Azuay. "Ha generado inseguridad jurídica y las empresas también analizan más sus inversiones", asegura.

A eso se suma la resistencia de las comunidades indígenas y las trabas jurídicas que surgen en otros proyectos, como la anulación de la licencia ambiental del proyecto Llurimagua, en Imbabura.

Estos hechos preocupan al Gobierno, porque alteran las proyecciones de ingresos que espera del sector minero. En el 2021, el Ministerio de Energía proyectó que para el 2025 podría alcanzar más de USD 4.000 millones en exportaciones mineras.

Pero en los dos últimos años, los conflictos legales y con las comunidades han alterado ese panorama.

"Cualquier retraso tiene un impacto inversiones, también en las fechas de inicio de producción, lo cual retrasa el inicio de exportaciones y la recaudación tributaria que estas conllevan", informó el Ministerio de Energía y Minas a PRIMICIAS.