El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su ministra de Agricultura, Cecilia López, lanzaron un ambicioso programa para adquirir tres millones de hectáreas y transferirlas a los campesinos.
Se trata de una reforma agraria de nueva generación, basada en consensos con los propietarios y bajo reglas de mercado.
Incluso la Federación Colombiana de Ganaderos apoyó la iniciativa y firmó un acuerdo para viabilizar estas ventas. Al momento, se están definiendo las fuentes de financiamiento y los detalles de su implementación.
Se estima una inversión del gobierno superior a los USD 13.000 millones (unos USD 4.500 por hectárea), que sería recuperada parcial y gradualmente a través de las ventas de estas tierras a los campesinos.
No existe una experiencia de esta envergadura en América Latina.
Una similar, aunque de menor escala, fue la de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y del Fondo Populorum Progressio, que en los años 90 llevó adelante un programa de canje de deuda externa para financiar la compra de tierras, que benefició a 15.000 familias campesinas.
Esta iniciativa beneficio a indígenas y afrodescendientes en las áreas de mayor pobreza extrema del país. Un factor decisivo para aumentar la producción agropecuaria de las comunidades, reducir la pobreza y mejorar sus condiciones de vida.
Economistas de izquierda y de derecha han respaldado este tipo de estrategias.
Existe un consenso de que promover el acceso y la propiedad de la tierra, especialmente para los pequeños productores, es esencial para la equidad y la competitividad.
En el caso de Colombia, con tanta población desplazada y empobrecida por la violencia, es, además, una medida crucial para garantizar la paz.
El desafío será hacerlo de manera sostenible y eficiente. Cientos de factores podrían hacer fracasar este plan.
Algunos críticos lo ven como una propuesta llena de buenos propósitos, pero demagógica y poco realista.
Hay limitaciones presupuestarias, un enredo jurídico en la propiedad de la tierra, ocupaciones, desplazamientos ilegales e inseguridad física por la presencia de grupos violentos.
Alternativamente, en vez de centrarnos en los obstáculos que harían casi imposible la ejecución de un programa tan ambicioso, podríamos enfocarnos en los factores críticos que podrían hacerlo exitoso.
Desde ya, se requerirá un esfuerzo gigantesco de tramitología y escalamiento de la capacidad actual de las instituciones públicas para delimitar linderos, emitir títulos de propiedad individuales y comunitarios, derechos de agua, perfeccionar los contratos de compra-venta, crédito e hipotecas, y demás detalles aplicables caso por caso en miles de propiedades.
La capacidad de ejecución será primordial. Para la gestión de proyectos estratégicos como este, hay experiencias útiles.
Tony Blair popularizó en Inglaterra el uso de los delivery units para resolver cuellos de botella, hacer "seguimiento feroz" y entregar resultados.
La propia Toyota tiene algo similar con su equipo de black belts, cuya función es resolver los problemas a las diferentes áreas de la empresa.
En Colombia, la propuesta podría también ser una oportunidad para simplificar procesos, innovar e identificar mejoras en la calidad de los servicios a los ciudadanos y las empresas en general, especialmente si utilizamos nuevas tecnologías digitales.
Por ejemplo, se podría pensar en titulación digital, soportada con tecnología de blockchain, que no solo sea más ágil, sino que garantice la trazabilidad y transparencia de las transacciones.
El acceso a la tierra es un primer paso muy importante, pero para incidir en el bienestar de los nuevos propietarios y la competitividad del sector, será fundamental diseñar intervenciones complementarias y provisión de bienes públicos necesarios para viabilizar el modelo de negocios.
Además de la infraestructura básica de transporte y riego, la articulación al mercado (nacional o externo) y la comercialización son neurálgicos, e incluso considerados como prerrequisitos para facilitar el acceso a crédito y seguro agropecuario.
El acompañamiento a los nuevos propietarios, a través de capacitación y extensionismo agropecuario, puede ser un factor imprescindible, sobre todo en las primeras etapas de producción y comercialización.
Es una oportunidad para promover otra transición 'verde' hacia un sector agropecuario más sostenible, con prácticas de conservación, agroforestería y la provisión de servicios ecosistémicos.
Esto sería muy distinto a la ganadería tradicional, que tiene graves impactos ambientales, y podría facilitar el financiamiento concesional de los diferentes fondos climáticos para la adquisición de las tierras.
Una estrategia integral más allá de la transferencia de activos sería clave para mejorar la oferta y seguridad alimentaria, generación de ingresos para el repago de las deudas al gobierno, la reducción de la pobreza y desigualdad, y la sostenibilidad ambiental.
Sería un buen ejemplo para la región.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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