El lunes 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con otros movimientos y organizaciones sociales, iniciaron un paro nacional.
Los argumentos del paro son la falta de acciones del Gobierno para fomentar el empleo, controlar el aumento de los precios de bienes esenciales, asegurar la cobertura y los insumos para servicios públicos de educación y salud, y detener la creciente inseguridad.
En 2021, la Conaie había asistido al Palacio de Carondelet a dialogar con el Presidente de la República, sin que de esos encuentros se hayan concretado acciones para dar atención a los pedidos planteados.
Con estos antecedentes, comenzó el paro sobre la base de diez demandas:
- Congelar el precio del diésel en USD 1,50 y de las gasolinas Extra y Ecopaís en USD 2,10; y la focalización de subsidios para los sectores vulnerables. Desde el 23 de octubre de 2021, el precio es de USD 1,90 y de USD 2,55, respectivamente.
La reducción solicitada impactaría en el monto destinado a subsidios, según el precio del petróleo, en por lo menos USD 1.000 millones al año.
Si el diálogo incluye un mecanismo de focalización, como se propone, el impacto sería menor; y se podría financiar mediante la optimización de otros rubros, como por ejemplo los USD 1.577 millones anuales que subsidian al Impuesto a la Renta de sociedades. Es viable, es un tema de decisión.
- Moratoria de las deudas en la banca pública, privada y cooperativa; y condonación de las deudas de los pequeños y medianos productores del campo. Medida que el sector financiero público y privado puede soportar, en el marco de la redistribución equitativa de la riqueza que manda la Constitución (artículo 3). Es posible.
- Precios justos para los productos del campo en las tres regiones del país, subsidio agrícola y no firmar tratados de libre comercio que destruyen la producción nacional. Mediante cambios regulatorios y de control para proteger a pequeños productores rurales frente a las cadenas de intermediación y comercialización; pero además revisando la política comercial, para incorporar la participación de los sectores que se puedan ver afectados por el aperturismo que está impulsando el Gobierno. Es necesario.
- Empleo, derechos laborales, libertad de sindicalización y organización de la clase trabajadora. Tema que constituye la principal preocupación de la sociedad en este momento. Es urgente.
- No a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Es importante discutir la política de extracción de recursos naturales del Gobierno, dando paso a mayor transparencia y participación, y quizá una consulta popular. Es democrático.
- Respeto a los derechos colectivos: educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. Es deber primordial del Estado el garantizar el efectivo goce de los derechos constitucionales (artículo 3 de la Constitución).
- Alto a la privatización del patrimonio nacional y no al sometimiento de los tribunales internacionales como el Ciadi. Lo que incluye detener procesos de venta del Banco del Pacífico y la concesión de infraestructuras estratégicas que el Gobierno lleva adelante, buscando consensos y quizá una consulta popular. Es democrático.
- Políticas de control de precios en la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Problemática que se sabe afecta a los hogares pobres y vulnerables por el aumento de precios en bienes de primera necesidad. Es justo.
- Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Asignación de presupuesto frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y de personal. Algo que el Gobierno había señalado que no es necesario, aunque es su deber constitucional.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia. Tema que el Gobierno no ha podido resolver y que, junto al empleo, son las mayores necesidades de la población. Es urgente.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido la detención del presidente de la Conaie, la declaratoria del estado de excepción mediante Decreto Ejecutivo 455, sobre cuya base se requisó a la Casa de la Cultura; el DE 452 que dispone a los Gobernadores fortalecer mecanismos de control para prevenir la especulación de precios; el DE 454 en que se dispone a la Ministra de Salud Pública declarar la emergencia en el sector de la salud; y el DE 456 con las siguientes políticas compensatorias:
- Disponer que la Ministra de Educación duplique el presupuesto para la educación intercultural bilingüe y etnoeducación.
- Que el Ministro de Agricultura establezca un subsidio de 50% al precio de la urea.
- Disponer al Ministro de Inclusión Económica y Social aumentar el valor del bono de desarrollo humano (BDH) de USD 50 a USD 55 mensuales, lo que implica un aumento promedio de tres centavos por persona al día.
- Que el Directorio de BanEcuador reduzca la tasa de interés de 10% al 5% para créditos vigentes por montos de hasta USD 3.000, y condonar los créditos vencidos por montos de hasta USD 3.000.
- Y disponer al Directorio de BanEcuador que autorice a su gerente general disponer de USD 100 millones para una línea de crédito de hasta USD 20.000, al 5% de interés anual y hasta 10 años plazo.
Disposiciones del presidente que no constituyen una acción efectiva, cuyos plazos y condiciones no se conocen. Medidas tomadas de manera unilateral, sin diálogo, sin responder a todas las demandas planteadas; y, que deberían ser implementadas con mecanismos de participación y veeduría ciudadana.
El gobierno no ha sabido canalizar el malestar ciudadano. Dice llamar al diálogo, pero limita y reprime la movilización social.
Para dialogar, se deben dar condiciones: garantizar la presencia y seguridad de los manifestantes, y la posibilidad de manifestarse de manera pacífica (derogar el estado de excepción); el reconocimiento de la Conaie como el actor legítimo para el diálogo (detener la persecución a sus dirigentes) y de la agenda de diez puntos como los temas sobre los cuales dialogar (dar respuesta a la Conaie y fijar fecha para el diálogo); y una metodología y mediación aceptada por las partes, que puede ser encargada a la Asamblea del Sistema de Educación Superior y al Sistema de Naciones Unidas.
Que se logre o no el diálogo es una responsabilidad del gobierno. En sus acciones refleja su naturaleza democrática o autoritaria.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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