El objetivo inicial del Acuerdo Nacional 2030 fue reformar el sistema político. Ahora tiene varios ejes adicionales y las metas políticas no son lideradas por el Ejecutivo.
La idea de promover un ‘Acuerdo Nacional’ fue incluida en el programa de Pensamiento Político que mantiene, en papeles, el Ministerio de Gobierno. Aunque el programa nació en 2010, con la llegada del presidente Lenín Moreno, en 2017, se enfocó en fortalecer el diálogo nacional
Y, para 2019, el documento sugirió que el Estado requería “consolidar espacios para la generación de acuerdos ciudadanos”. El objetivo, decía, es la institucionalización del sistema político que involucra a numerosos actores sociales. Y, en teoría, esta debía servir para discutir el futuro del Ecuador en cuanto a su sistema político.
Con optimismo, el informe señalaba que esto debería lograrse con los aportes de todas las funciones del Estado y de todos los niveles de gobierno.
Así como con el apoyo de otros sectores como organismos especializados en cooperación, instituciones académicas, líderes sociales y políticos, gremios, colectivos, asociaciones, comunidades, etc.
Al inicio del periodo presidencial, el programa se puso a cargo de la entonces Secretaría de Gestión de la Política, en junio de 2017, apenas un mes después de que el presidente Lenín Moreno asumiera el poder. Y mediante el Decreto Ejecutivo No. 49 convirtió al diálogo social en política gubernamental.
Casi dos años después, tras la eliminación de las Secretaría de la Política, la tarea de dialogar y buscar consensos pasó a manos del vicepresidente Otto Sonnenholzner. En mayo pasado, el Ejecutivo hizo el lanzamiento oficial del “Acuerdo Nacional 2030”.
El Gobierno lanzó el Acuerdo Nacional 2030 el 6 de mayo de 2019, en Quito. Presidencia
El Acuerdo Nacional 2030 original, de acuerdo con el documento del Ministerio de Gobierno, tenía previsto desarrollar tres propuestas integrales sobre:
- La conformación del Consejo de Participación Ciudadana Cpccs) y entidades de control como la Contraloría General.
- Transformación del sistema electoral para garantizar mecanismos de representación plural fundamentados en ideas y propuestas.
- El combate a la corrupción.
Se supone que el programa de Pensamiento Político debía concentrarse en el Acuerdo, para generar consensos para mejorar el sistema de representación política y el de control y rendición de cuentas. Y tenía previsto contar con un presupuesto de USD 1’111.266 para las jornadas de diálogo en el país.
Pero, desde su lanzamiento, los objetivos mutaron. Dejó de enfocarse en el sistema político para intentar abarcarlo todo, con distintas mesas de trabajo temáticas:
- Democracia.
- Educación.
- Seguridad Social.
- Competitividad y Empleo.
- Cambio Climático.
- Seguridad Ciudadana.
- No Violencia y Prevención del uso de Drogas.
Según el vicepresidente, todas las mesas temáticas del diálogo han registrado avances y se han firmado acuerdos, excepto la de Seguridad Social. Pero no se presentará ningún “libro” al respecto, porque, sostiene, se trata de un proceso permanente.
Los objetivos políticos se quedaron en el camino
El objetivo con el que nació la iniciativa sigue lejos de cumplirse. La mesa de sobre política ha tenido problemas y, aunque las reformas al Código de la Democracia avanzan en el Legislativo, salieron de otros actores: las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil.
De todas formas, la versión del Ejecutivo es otra. Según Sonnenholzner, la votación en la Asamblea fue “el resultado de los diálogos que lideró Juan Sebastián Roldán”.
Aún así, los otros dos temas de esa mesa siguen pendientes: el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y de la Contraloría, que podría transformarse en en tribunal de cuentas.
En cuanto a la primera, la misma Asamblea y también la sociedad civil le llevan la delantera al Ejecutivo. El Legislativo debate un proyecto de enmiendas que podrían modificar las funciones del Cpccs. Aunque en primera instancia no lograron acuerdos, el próximo año deberán decidir si aprobarlas o no.
Mientras tanto, el Comité por la Institucionalidad Democrática continua recogiendo firmas para convocar a un referendo y eliminar la institución por completo. Y parece ser la vía más rápida para lograr un cambio institucional.
En el otro extremo está el futuro de la Contraloría. El mismo titular de la entidad, Pablo Celi, planteó la idea y entregó un proyecto para reemplazar la Ley de la institución al presidente Moreno, en septiembre de 2017.
Pero hasta ahora el Mandatario no ha planteado una opción ni ha remitido la iniciativa al Legislativo.
Aunque, según el Vicepresidente, estos temas siguen en la agenda del Ejecutivo y requieren valoraciones constitucionales, para decidir si se deben plantear las modificaciones a través de la Asamblea o la Corte Constitucional.
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