La agenda de reformas del Gobierno vuelve a depender del Legislativo

El paro nacional de 18 días modificó el escenario político para todos los actores. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, contó a PRIMICIAS que los planes para la ofrecida consulta popular del Ejecutivo están cambiando.

La medida sigue sobre la mesa y en la mira de la administración del presidente Guillermo Lasso. Pero tendrá que esperar al próximo año, para llevarse a cabo con las elecciones seccionales, "porque no es el momento de hacerle gastar más dinero innecesariamente al Estado", apuntó Jiménez.

Además, el contenido ya no será tan variado como se preveía. Es probable que se enmarque solo en temas que permitan atender la crisis de inseguridad que vive el país, explicó el Ministro de Gobierno.

Así, los planes de usar una consulta popular como herramienta legislativa, para esquivar un probable bloqueo en el Parlamento, cambiaron de rumbo. En marzo, el Mandatario afirmó que trabajaría a través de decretos ejecutivos y que avanzaría con sus planes "sin considerar que la Asamblea existe".

Tres meses después, ahora el ministro Jiménez asegura que "están buscando restablecer una serie de nexos y de conversaciones con algunos actores políticos" en el Legislativo.

El objetivo es recomponer relaciones con la Asamblea, con claridad sobre los consensos y los disensos y "la prioridad absoluta" para los proyectos que reformen el sistema social y económico.

Las versiones del Gobierno

Para Jiménez, las movilizaciones sacudieron el escenario nacional y los reclamos de las organizaciones indígenas y campesinas estuvieron dirigidos no solo al Gobierno, sino a toda la clase política.

"El pueblo no espera, el pueblo busca soluciones(...) y eso no solamente es un tema que debe atribuirse al Gobierno", apuntó el funcionario.

El ministro sostuvo que, por ello, es el momento propicio para retomar el trámite de un proyecto de Ley de Inversiones. Tras el fracaso de la primera versión, agregó, los diferentes actores ya tienen en claro los puntos positivos de la iniciativa.

El archivo de ese proyecto legal fue, precisamente, el detonante para que el presidente Lasso rompiera relaciones con la Asamblea, pese a que tenía una aliada en la expresidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

Hoy, la situación con el nuevo titular, Virgilio Saquicela, luego de que votara a favor de la destitución del Mandatario, presenta un desafío: para el Ejecutivo aquella votación reflejó un intento de golpe de Estado institucional.

Saquicela concuerda con Jiménez en que todos los poderes del Estado deben sintonizar con las demandas ciudadanas. Y sostiene que la agenda de la Asamblea tiene puntos que requieren del Gobierno central.

Por eso, el titular del Parlamento califica como indispensable "un diálogo rápido, franco, sincero, que ponga bases de consenso mínimos entre Legislativo y Ejecutivo".

Mientras tanto, a los ojos del asesor presidencial, Diego Ordóñez, "no hay ningún cambio que se pueda pensar o definir frente a la concepción de la gestión política del Gobierno frente a la Asamblea".

"Sortearemos los obstáculos como lo hemos hecho hasta ahora", sostuvo el asesor y señaló que "si hay una línea de trabajo en la que nos podamos poner de acuerdo(...), se puede debatir, consensuar y ceder, pero si lo que se plantea es o la impunidad o la guerra, el Gobierno no va a ceder".

Además, en este contexto, el presidente Lasso admitió que su gobierno no tiene experiencia política. Lo dijo durante la posesión de sus nuevos ministros, el 5 de julio, en Carondelet. Dijo que tampoco tienen operadores políticos, refiriéndose a los hombres o mujeres "del maletín".

Así envió un mensaje claro a todos los legisladores: "no vamos a entregar ni un solo hospital, a cambio de un voto en la Asamblea Nacional(...) ni tantos otros cargos". "Ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política", señaló.

El escenario en el Legislativo

"Tomamos nota de esa visión institucional que se impuso en la Asamblea y tenemos que buscar la manera de, dentro de lo legítimo, recomponer esas relaciones", argumentó el Ministro de Gobierno.

Pero las cifras muestran que no hubo dicha imposición. Fueron 48 legisladores los que se opusieron directamente al intento de destitución. Otros 80 estuvieron de acuerdo. Es decir, el 58%.

Lo que no hubo fue la mayoría absoluta de dos tercios de votos que se requieren para tomar una decisión de esa magnitud.

Gracias a los 15 votos del PSC y 10 votos de la Izquierda Democrática (ID) que se negaron, el Legislativo no podrá volver a invocar la muerte cruzada en lo que queda del periodo.

Por ello es que Jiménez habló de reconstruir esos puentes 'quemados' por el presidente Lasso, que dejó de lado su alianza con el socialcristianismo incluso antes de posesionarse y que acusó de evasor de impuestos al excandidato presidencial de la ID.

Además, de los seis proyectos de ley enviados por el Primer Mandatario durante su primer año, tres siguen en trámite:

• El proyecto para el uso progresivo de la fuerza.
• Las reformas a la Ley de Educación Superior.
• El proyecto de Ley de Libertad de Expresión.

Solo la reforma tributaria pudo superar el trámite y entrar en vigencia por tecnicismos legales, con una votación legislativa que la dejó 'en el aire'. Mientras que la conocida como 'megaley' y el proyecto de inversiones fueron archivados.

Además, en campaña el presidente Lasso prometió varias reformas legales, que aún no han visto la luz, una de ellas es la esperada reforma laboral, que pasó de ser una prioridad del Ejecutivo a quedar relegada frente a la coyuntura.

En la mira, para este año, también estaban los proyectos de Gestión de la Pandemia y de Gestión de Riesgos.

Y en el plan de gobierno incluyeron reformas en las leyes de Deportes, de Educación Intercultural, de Erradicación de la Violencia de Género, de Turismo, de Régimen Especial de Galápagos, de Incentivo para Asociaciones Público-Privadas, de Servicio Público, de Seguridad Social, de Telecomunicaciones.

Así como proyectos nuevos de primer emprendimiento, de Galápagos, de comercio exterior y otras reformas vinculadas al Consejo de la Judicatura y los códigos Integral Penal, Administrativo, de Ordenamiento Territorial y General de Procesos.

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