El álbum de los 15 prófugos o asilados del correísmo

El 10 de julio de 2017 y tras abandonar el poder luego de una década, el exmandatario Rafael Correa viajó a Bélgica para reunirse con su familia. 

Dijo que tenía varias propuestas académicas y que volverá al país "si lo invitan". 

Pero las invitaciones, más que universitarias, han sido judiciales. Correa tiene procesos abiertos en varios frentes. Hay juicios por peculado en los proyectos de reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.

También, hay causas por delincuencia organizada en la construcción fallida de la Refinería del Pacífico.

Además, dentro del caso 30-S hay otras denuncias por violación a los derechos humanos. Se lo acusa de planificar el secuestro del político Fernando Balda, cuya sentencia se emitió este viernes 14 de agosto. Correa no pudo ser condenado en ausencia.

En julio de 2020, el Tribunal negó la apelación del expresidente por el Caso Sobornos 2012-2016 y ratificó la pena de ocho años de cárcel para él y 18 personas más. 

Correa fue señalado como autor mediato por instigación en un proceso sobre coimas. Los sobornos se pidieron a empresarios privados a cambio de adjudicación de contratos públicos. 

Pedro Delgado tiene dos procesos con sentencia en firme. El primero es de ocho años de cárcel por peculado bancario, tras la entrega de un crédito del banco Cofiec por USD 800.000 al argentino Gastón Duzac. 

Y en la segunda causa fue condenado a cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Esto ocurre tras no poder justificar un incremento patrimonial de USD 394.000, mientras ocupó los cargos de asesor de la Presidencia y titular del directorio del BCE. 

Es prófugo de la justicia desde 2012 y vive en Miami, donde no trabaja, pero tiene una casa avaluada en USD 385.000.

Carlos Ochoa fue el exhombre fuerte de los medios públicos e incautados y luego, titular de la Superintendencia de Comunicación, recibió orden de prisión preventiva en enero de 2019.

En esa fecha, él no estaba en el país, pues huyó con destino a México en octubre de 2018, tras ser censurado por la Asamblea.

Se lo acusa de la falsificación de la Ley de Comunicación (LOC) para sancionar a los medios locales. En su gestión, la Supercom imprimió 300.000 textos de bolsillos de la ley, que incluyen la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la norma. 

Esta transitoria fue utilizada para emitir resoluciones contra 11 radios.

El primer destino escogido por la exasambleísta del correísmo Sofía Espín fue Bolivia, pero luego hubo un cambio de planes.

Huyó del país en octubre de 2018 con rumbo a La Paz, mientras se la investigaba por el delito de tráfico de influencias. Pero la crisis en el gobierno de Evo Morales impidió su estancia. Entonces se refugió en México.

Espín fue investigada por la Fiscalía tras visitar a la agente Diana Falcón, testigo protegido. Según la denuncia, la legisladora le pidió a Falcón que se retracte de su testimonio que involucraba a Correa en el secuestro de Fernando Balda. 

Ella ya puede regresar al país, luego de que la justicia archivó el proceso en diciembre de 2019. 

El 18 de abril de 2019 se confirmó la salida de Patiño, exhombre fuerte del correísmo y quien pasó por los Ministerios de Defensa, Finanzas, Relaciones Exteriores, entre otros cargos clave en la década de la Revolución Ciudadana. 

La huída de Patiño ocurrió cuatro días después de que un juez de Latacunga negó la detención del excanciller con fines investigativos. Este había sido el pedido de la Fiscalía, que busca procesarlo por el delito de instigación. 

El proceso se desprende de una convención del partido donde Patiño hizo un llamado a “tomar las instituciones públicas”. 

Además, el ministerio del Gobierno investiga los nexos de Patiño con el ciudadano sueco Ola Bini. Este último es señalado como colaborador de Julian Assange, fundador de Wikileaks que estuvo asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. A Bini se lo indaga por el delito de ataques a sistemas informáticos.

Fernando Alvarado Espinel fue la figura de la propaganda y las retahílas de cadenas en los 10 años del correísmo. Su fuga ocurrió en octubre de 2018, al igual que la de Sofía Espín y Carlos Ochoa.

El exsecretario de Comunicación y luego titular del Ministerio de Turismo se escapó burlando de frente los controles policial. 

Alvarado ya enfrentaba un proceso por peculado, luego de que la Fiscalía lo vinculó en una serie de irregularidades por la contratación para la producción de los Enlaces Ciudadanos (sabatinas), emitidos entre el 2013 y 2017. 

Una juez ordenó colocarle un grillete electrónico y presentarse cada 15 días en la Corte de Guayas. Pero Alvarado logró quitarse el dispositivo y huir vía terrestre con destino a Caracas.

Lo hizo con un mensaje en WhatsApp de burla y desafío dirigido a un chat del entonces Ministerio de Justicia: agradeció el "trato cordial" e informó que se despojó del dispositivo electrónico y lo "he dejado abandonado. Al momento no me encuentro en el país. Cualquier inquietud adicional estoy presto a mantener comunicación con ustedes a través de este medio". 

En Venezuela también se encuentra su hermano, Vinicio Alvarado, otro prófugo de la justicia.

La Fiscalía sigue buscando a Vinicio Alvarado, el otro exhombre fuerte del gobierno anterior y confidente de Correa desde la primera campaña electoral en 2006. 

La última vez que se escuchó a Alvarado fue en julio de 2019, cuando compareció desde Caracas en la audiencia por el caso Sobornos. En la capital venezolana se encuentra desde el año pasado.

Durante la audiencia, Alvarado negó cualquier participación en el esquema de sobornos en las campañas correístas entre 2012 y 2016.

Por este caso, el exministro del correísmo recibió una pena de ocho años en prisión. La condena fue ratificada por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia el pasado 20 de julio. 

El excontralor Carlos Pólit tiene una sentencia de seis años en prisión, como autor del delito de concusión. Mientras que su hijo John recibió tres años en cárcel, en calidad de cómplice.

Ambos se encuentran en Miami desde mayo de 2017, un año antes de que fueran condenados. La Fiscalía probó que Pólit recibió USD 10 millones en sobornos de la constructora Odebrecht. 

En Estados Unidos goza de los beneficios de la ciudadanía americana. Como no existe un tratado de doble nacionalidad con Ecuador, el gobierno estadounidense solo lo reconoce como estadounidense. 

Por ello, él puede ingresar a un consulado ecuatoriano en Estados Unidos sin que sea detenido o extraditado. Incluso el nombre de Pólit fue retirado de la lista roja de Interpol en mayo de 2019.

Desde agosto de 2017, Ramiro González está prófugo de la justicia y vive muy cerca, en Lima (Perú). Se lo acusa de defraudación tributaria y tráfico de influencias.

Mientras fungía como titular del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), González conoció de un contrato irregular firmado por USD 2 millones. 

Antes de que la Policía allane la vivienda de González en Quito, el político y fundador del partido Avanza fue alertado. 

En abril de 2019, el exfuncionario del correísmo fue detenido en Lima, pero fue liberado en junio del mismo año. 

En diciembre de 2019, la justicia peruana negó su extradición. Ecuador pidió reconsiderar la medida, solicitud que todavía no ha sido respondida.

El exasambleísta Carlos Viteri se refugió en la embajada de México en Quito luego de los violentos disturbios de octubre de 2019.

Estuvo tres meses encerrado allí hasta que el 9 de enero de 2020 viajó a México, luego de que se le concediera asilo político. Todavía reside en ese país.

A Viteri la Fiscalía nunca lo acusó de delito alguno, ni fue incluido en las causas por rebelión que se abrieron tras el paro nacional.

Sin embargo, el exlegislador se consideró perseguido político y abandonó su curul. En el gobierno de Rafael Correa, Viteri fue director del Ecorae, el organismo de desarrollo para la Amazonía.

Soledad Buendía y su pareja Edwin Jarrín se refugiaron en la embajada de México tras el paro de octubre de 2019.

Ella era asambleísta y en el gobierno de Rafael Correa fue secretaria de Gestión Política. Él fue vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fue cesado tras la consulta popular de 2018.

Buendía entró en la Embajada de México en medio de las investigaciones que realizaba la Fiscalía por los violentos disturbios registrados en Quito. Aunque nunca se le presentó una acusación formal.

Reside en México desde enero de 2020, cuando recibió el salvoconducto que le permitió tomar un vuelo desde Quito hasta la capital mexicana.

La expresidenta de la Asamblea y exlegisladora, Gabriela Rivadeneira, siguió los mismos pasos que su compañero, Carlos Viteri.

Tras los sucesos de octubre de 2019 se refugió en la embajada de México y en enero del siguiente año viajó a ese país, luego que la Cancillería ecuatoriana le emitiera un salvoconducto.

Sobre Rivadeneira no pesa ninguna acusación formal, pero ella asegura que es perseguida política. Denunció suspuestos seguimientos de la Policía.

Un día después de que viajara a México su padre fue detenido acusado de enriquicemiento privado no justificado y asociación ilícita. Sin embargo, fue sobreseído el pasado 6 de agosto de 2020.

Rivadeneira dijo que no regresará al país porque considera que no hay garantías para su libertad e integridad física.

Fernando Molina era asambleísta alterno de Carlos Viteri Gualinga. Luego de las violentas protestas contra el alza de la gasolina, durante octubre de 2019, él siguió los pasos de Viteri, Buendía, Rivadeneira y Jarrín.

También se refugió en la embajada de México en Quito y en enero partió rumbo a ese país. 

México le concedió el asilo político, pese a que sobre él y sus compañeros no existe ninguna acusación de la Fiscalía General del Estado. 

En México gobierna Andrés Manuel López Obrador, afín a la doctrina del correísmo.

María de los Ángeles Duarte fue ministra de Vivienda, ministra de Transporte, candidata a la alcaldía de Guayaquil y directora de Alianza PAIS en Guayas durante los 10 años del correísmo.

La Fiscalía la acusó de cohecho por el caso Sobornos 2012 - 2016, también conocido como 'Arroz Verde'. 

Fue condenada a ocho años de prisión, sentencia que ya fue ratificada en segunda instancia. Solo queda la casación en la Corte Nacional de Justicia.

Pero antes de conocerse el resultado de esa instancia, Duarte ingresó a la embajada de Argentina en Quito, este martes 11 de agosto de 2020, donde actualmente está en calidad de "huésped".

Walter Solís, secretario del Agua y ministro de Transporte del gobierno anterior, es una de las figuras más buscadas del álbum del correísmo. 

Sobre él pesan dos difusiones rojas de Interpol y dos órdenes de prisión preventiva. Además fue condenado a ocho años en prisión por cohecho en el caso Sobornos. 

¿Dónde está? Es la gran pregunta de la Fiscalía. Se presume que huyó a Estados Unidos. 

La propia Interpol en Washington informó a la Corte Nacional de Justicia que el exfuncionario había registrado una dirección de Florida a su llegada a ese Estado en julio de 2017.