"Cuando Alex Saab hable, algunos aquí y en el extranjero sufrirán", le dice ADN al correísmo en debate sobre el sistema SUCRE en la Asamblea

El reconocimiento de culpabilidad de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, del delito de lavado de activos en Estados Unidos dio un impulso inesperado, el 17 de septiembre, al informe de fiscalización sobre el sistema SUCRE en la Asamblea Nacional del Ecuador.

El Pleno conoció y aprobó la ampliación de la investigación que inició en 2021 la Comisión de Fiscalización, durante la presidencia del exlegislador asesinado Fernando Villavicencio, sobre las supuestas irregularidades cometidas con este mecanismo de intercambio implementado por los países bolivarianos desde 2009.

Durante el debate, el oficialismo aprovechó para relacionar a la Revolución Ciudadana (RC) con Saab, quien el 15 de septiembre admitió en una corte de Miami que cometió conspiración para realizar actividades ilícitas, fraude, sobornos a funcionarios públicos y ocultar el origen de los fondos.

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En Ecuador, Alex Saab habría actuado a través de la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons) con la que hizo exportaciones ficticias de viviendas de interés social para Venezuela por un monto cercano a los USD 160 millones.

La asambleísta de ADN, Fabiola Sanmartín, aseguró que de ese monto declarado ingresaron al Banco Central del Ecuador apenas USD 1,8 millones por otras mercancías. "Es decir, el fraude fue del 98%", aseguró la legisladora.

"Cuando Saab hable, algunos en Ecuador y otros el extranjero se pondrán a sufrir, porque se conocerá la forma que usaron nuestro recursos para esta trama internacional de lavado de activos".

Fabiola Sanmartín, asambleísta de ADN

Recomendaciones del informe

En el documento, la Comisión de Fiscalización exhorta a la Fiscalía a que continúe con los procesos de investigación que existen sobre el sistema SUCRE, especialmente de aquellos con configurarían el delito de peculado.

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Además le pide que, de ser necesario, acuda a la asistencia penal internacional para obtener datos legales y financieros que permitan determinar la ruta que siguió el dinero ecuatoriano en esta trama de corrupción y que habría ido a parar en paraísos fiscales.

Al Consejo de la Judicatura le recomienda que no solo investigue la actuación de los jueces que han dictado sobreseimientos en caso relacionados a SUCRE, sino que incluya al exdirector Nacional de Transparencia de Gestión que habría dispuesto el archivo de trámites en enero de 2022

La Asamblea también resolvió pedir al Ministerio de Finanzas y a la Procuraduría que se conforme un equipo legal para recuperen USD 2,4 millones aportados por Ecuador para el funcionamiento del sistema SUCRE.

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La arremetida del oficialismo contra el correísmo continúo durante el breve debate abierto por la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, previo a la aprobación del informe.

Lucía Jaramillo, acusó a la Revolución Ciudadana de haber guardado silencio durante todo este tiempo. Aseguró que de las cuentas de Foglocons salieron USD 70.000 como aporte para la campaña electoral de Rafael Correa y Jorge Glas en 2013.

"Este informe llega en el momento oportuno, porque Alex Saab tiene mucho que contar", aseguró la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacional, que elaboró el documento con el que la Asamblea autorizó al presidente Daniel Noboa salir del SUCRE en junio pasado.

Una tibia defensa

Pese a las referencias y los intentos de relacionarlos con Alex Saab, la respuesta de la bancada correísta fue tibia el 17 de septiembre en el Pleno de la Asamblea.

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Ana Herrera, que también es parte de la Comisión de Fiscalización, calificó como "mal hecho" al informe con problemas de forma, como una serie de faltas de ortografía, así como de fondo porque se estarían confundiendo conceptos jurídicos con financieros.

Según el correísmo, no se puede hablar del delito de peculado, porque los USD 2,4 millones que estarían en el Banco de la Alba siguen siendo un activo de Ecuador. Sin embargo, el estatuto señala que si un país abandona el sistema, los pierde, por lo que Herrera cargó al gobierno de Daniel Noboa la responsabilidad de recuperarlos.