Caso Purga: Segunda advertencia a las "altas esferas de la política legislativa"

Esta vez el epicentro fue Guayas. Los allanamientos y la docena de detenciones, en la madrugada del 4 de marzo, fueron el prólogo del último 'golpe' de la fiscal Diana Salazar, con el inicio del caso Purga.

Alrededor de las 04:00, apareció el mensaje de la Fiscal General en las redes sociales, anunciando la continuidad de la depuración y la "limpieza de las instituciones del Estado" del narcotráfico y la corrupción.

El operativo de la Fiscalía logró la detención de funcionarios de la Corte del Guayas y de la Dirección Provincial de la Judicatura, así como de un exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), quienes son acusados de presunta delincuencia organizada.

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Pero esta movida de la Fiscalía, llega también como una segunda advertencia a las organizaciones políticas. La primera fue con el caso Metástasis, que salpicó a la Revolución Ciudadana, y de la que se desprende este nuevo eje de investigación.

En esta ocasión, Salazar tampoco dudó en señalar a las "altas esferas de la política legislativa", por poner a su servicio y del narcotráfico la administración de justicia de una de las provincias más influyentes del país y que ha sido territorio socialcristiano durante décadas.

Por lo que la detención del exasambleísta Pablo Muentes, que ha mantenido una relación muy cercana con la cúpula del PSC y fue colaborador del mismo Jaime Nebot cuando dirigía el Municipio de Guayaquil, prende alertas en los círculos cercanos a la lista 6.

Golpe de efecto

El caso Purga coincide, además, con la reciente decisión de la Asamblea Nacional de censurar y destituir al vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, el 29 de febrero.

Con esa maniobra política, conseguida entre el correísmo, socialcristianismo y oficialismo, se abre la puerta para que esas fuerzas políticas negocien el envío de una terna para ocupar la vacante.

Esto implica una nueva pugna por el control de la codiciada Judicatura, infiltrada por el narcotráfico y con operadores que responden también a ciertas banderas políticas, un episodio que se repite frecuentemente desde el recrudecimiento de la crisis del sistema judicial.

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Y esa terna deberá pasar por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también dividido entre simpatizantes del correísmo (2) y el socialcristianismo (2), pero con una supuesta 'mayoría' de independientes (3).

Se trata del secreto peor guardado del país: las organizaciones políticas siempre han tenido, cuando menos, 'simpatizantes' o 'aliados' dentro de todas las instituciones colegiadas del Estado, pese a que la única que permite la representación partidista es la Asamblea Nacional.

Es así que el nuevo operativo liderado por la fiscal Salazar llega en un momento preciso, tal como sucedió con el caso Metástasis, que aterrizó en el tablero político cuando el correísmo buscaba respaldos para enjuiciarla políticamente y sacarla de su despacho.

Silencio y quejas

Después de horas de silencio, el Partido Social Cristiano emitió un escueto comunicado en el que no nombraron a Muentes. La 6 solo señaló que "nadie está por encima de la ley" y que "la justicia debe concretar sus acusaciones y pruebas en el proceso".

Mientras que la Revolución Ciudadana prefirió no pronunciarse y dedicar la jornada a atacar al gobierno del presidente Daniel Noboa, pese a que gracias al oficialismo pudieron concretar la destitución de Murillo de la Judicatura.

Sin embargo, como es costumbre, Rafael Correa y sus más fieles seguidores sí utilizaron sus redes para quejarse y atacar a la Fiscal General. El expresidente afirmó que se trata de una 'venganza' por la votación en el Legislativo.

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Pero legisladores del oficialismo tampoco se hicieron eco del caso y el mismo Gobierno guardó silencio, cuando anteriormente las autoridades habían felicitado y respaldado el trabajo de la fiscal Salazar.

El único grupo político que sí aprovechó la coyuntura para quejarse sobre los alcances de la corrupción en el país y exigir transparencia fue Construye. Esto, pese a que las dos últimas grandes investigaciones de la Fiscalía apuntan a que la Función Legislativa también ha sido infiltrada por el crimen organizado.