La CIDH no tiene competencia para investigar la violencia civil

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el paro de octubre causó malestar en el Gobierno. El Ejecutivo está en desacuerdo con el documento y lo califica como "subjetivo" y "sesgado".

La CIDH recomendó la creación de un plan de atención inmediata y la reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias. Pero, también, la investigación y sanción de los responsables de todos los actos de violencia durante las movilizaciones.

La respuesta del Gobierno ha sido tajante y el argumento se repite en todos los discursos: hubo un exceso de violencia y quieren que se sepa la verdad. El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo que eso es lo justo.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que ellos son los primeros interesados en que se aclaren los hechos. Y que "todos merecemos justicia y reparación".

El encargado de enviar la respuesta hasta Washington, a las oficinas de la CIDH, es el canciller José Valencia. Él calificó al informe como "absolutamente subjetivo" y carente de contexto.

Y, visiblemente molesto, el presidente Lenín Moreno hizo un resumen sobre la versión gubernamental de lo sucedido, en la que se registran varios de los excesos civiles, pero ninguno de los policiales.

Así, el discurso oficial se mantiene en la versión del trabajo ejemplar de las fuerzas del orden y el uso progresivo de la fuerza. Como, dijo el mismo mandatario: "nosotros, como Gobierno, defenderemos a nuestros policías".

Que a ellos (los supuestos culpables de la violencia civil) los defiendan aquellos que acostumbran defender a criminales y terroristas.

Lenín Moreno, presidente de la República

Mientras tanto, el correísmo y el movimiento indígena acusan al Gobierno de represión, persecución y criminalización. Aunque ambos sectores aseguran que no actúan en conjunto, descargan toda la responsabilidad en el Gobierno y la fuerza pública.

Los primeros afirman que quieren culparlos de un falso intento de desestabilización. Tres de ellos medidas cautelares, Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, en un proceso en el que están acusados del presunto delito de rebelión. Y, otros siete se asilaron en México argumentando que son perseguidos políticos aunque no tienen procesos judiciales abiertos.

Los segundos anunciaron una demanda internacional contra el Estado por violación de derechos humanos. Se trata de la Conaie y la Asociación de víctimas del paro nacional 'Inocencio Tucumbi', en nombre de uno de los miembros del movimiento indígena que murió durante un enfrentamiento con la policía.

Además, varios dirigentes indígenas han sido acusados de presunto secuestro y lo consideran también una judicialización de la protesta social.

¿Qué dice el informe de la CIDH sobre la violencia civil?

El documento señala que la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública –muchos de los cuales denunciaron haber sufrido malos tratos, como, por ejemplo, violencia sexual contra policías mujeres.

También recuenta los hechos que el Mandatario resume en su mensaje a la Nación:

• Apedreamiento de ambulancias y obstaculización a bomberos.
• Agresión a comerciantes en medio de saqueos y vandalismo.
• Desalojo violento de trabajadores para bloquear el trabajo de instalaciones industriales.
• Bloqueos de carreteras en varias provincias del país que provocaron desabastecimiento de medicinas y alimentos a miles de personas.
• Sabotaje del suministro de agua potable que dejó sin servicio a centros poblados.
• Incendio de edificios públicos que pusieron en riesgo al vecindario.
• Ataques a medios de comunicación como intento de incendiar una televisora y un diario mientras que había personas dentro de las instalaciones; y ataques a periodistas, entre otras.

La Comisión también recibió información sobre los "cuantiosos perjuicios económicos y materiales sufridos tanto por el Estado como por algunos de los sectores económicos productivos del país".

Por eso, la CIDH condenó todos los tipos de violencia y recordó que "el Estado tiene el deber de investigar los hechos de desmanes, incendios, saqueos, secuestros y actos de destrucción en los que han participado personas particulares, identificando, juzgando y sancionando a los responsables, en especial cuando han resultado personas heridas durante los mismos".

Precisamente, la quinta recomendación al Estado trata de ello: Fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.

Competencias y atribuciones de la CIDH

Ecuador es parte de la Organización de Estados Americanos y firmante del Pacto de San José, es decir, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Y el artículo 41 de la Convención permite a la CIDH formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas.

Sin embargo, esta no puede hacer lo mismo con respecto al sector privado y la población civil de un país.

Los gobiernos de turno han desestimado las recomendaciones y medidas cautelares de la Comisión a conveniencia. Sin embargo, el debate sobre si estas son legalmente vinculantes no ha sido zanjado del todo.

En la biblioteca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reposa un artículo del jurista argentino Juan Carlos Hitters que sostiene que las recomendaciones de la CIDH son vinculantes indirectamente.

Esto porque si los Estados se reservaran el derecho a interpretarlas, para aplicarlas según las circunstancias de cada caso concreto, estarían desvirtuando el sistema internacional de derechos humanos al que se han afiliado y en el que asumieron sus obligaciones.

Las competencias del Estado ecuatoriano

Es competencia de la Fiscalía y la Justicia investigar y sancionar a los civiles culpables de los delitos cometidos durante las manifestaciones, sean destrucción de propiedad pública o privada o agresiones a los uniformados o a otros civiles.

Sin embargo, aunque las denuncias y teorías abundan, no hay resultados a la vista.

La versión gubernamental es que hubo un supuesto intento de desestabilización y golpe de Estado. Así lo han mantenido desde las escalada de violencia en las manifestaciones. El Ejecutivo acusó al correísmo y a la injerencia extranjera, desde Venezuela, del caos y los ataques diversificados a estructuras estatales. Nada de eso ha sido aún confirmado por las investigaciones oficiales.

Además, la Defensoría del Pueblo conformó una Comisión Especial para la Verdad y Justicia, para investigar si hubo violaciones de derechos humanos. Aún se espera su informe, ofrecido para marzo.

Lo mismo hizo la Asamblea Nacional. Creó una Comisión Ocasional Multipartidista para investigar el paro. 50 días y numerosas comparecencias después, el informe resumió lo evidente.

El organismo recomendó algo similar que la CIDH: Investigar, juzgar y sancionar a los culpables de los actos violentos, contra personas o bienes, garantizando el debido proceso.

Queda en manos de las autoridades competentes probar quiénes cometieron delitos durante las manifestaciones y sancionarlos. Incluidos los uniformados que cometieron excesos.

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