El organismo electoral tomó la decisión de revisar todo el proceso de inscripción de Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Juntos Podemos. La Contraloría recomendó al CNE que los eliminara.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) sesionó el domingo 19 de julio de 2020 para decidir sobre la recomendación de la Contraloría de eliminar a cuatro movimientos políticos del registro electoral, incluyendo al correísta Fuerza Compromiso Social, además de Libertad es Pueblo, Justicia Social y Juntos Podemos.
Sin embargo, el Pleno del CNE no los eliminó sino que decidió suspenderlos hasta revisar cómo se inscribieron.
Los consejeros aprobaron un informe jurídico para que comience el proceso de revisión “de las actuaciones administrativas con las que se inscribió” en el registro de organizaciones políticas a los cuatro movimientos.
Los miembros de minoría, Enrique Pita y Luis Verdesoto, no asistieron a la sesión del CNE.
La investigación de la Contraloría determinó que ninguno de los cuatro movimientos completó las firmas suficientes para la inscripción, pues habrían presentado registros repetidos, firmas de menores de edad, de personas fallecidas y números de cédula incompletos.
Por esa razón, el CNE revisará estas actuaciones (de anteriores administraciones del organismo electoral). Los movimientos tienen 10 días para presentar pruebas y alegatos para este análisis.
La Contraloría deberá pronunciarse en los próximos días sobre la resolución de posible destitución de los tres vocales del CNE que, según su informe, permitieron que esas organizaciones políticas siguieran existiendo a pesar de las irregularidades detectadas.
Los antecedentes
La Contraloría presentó un examen especial que señala a tres vocales del CNE, Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, por no haber cumplido la recomendación de un anterior examen. El ente de control notificó la posible destitución de estos tres funcionarios.
A criterio de Contraloría, el CNE (con los votos de Atamaint, Cabrera y Acero) permitió que los cuatro movimientos políticos siguieran existiendo a pesar de que no cumplieron con el requisito constitucional de tener adherentes correspondientes al 1,5% del padrón electoral.
En el primer examen, Contraloría halló que estas cuatro organizaciones habían entregado firmas duplicadas y no válidas, además de números de cédula incompletos.
Quedan pendientes de resolución dos demandas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) presentadas por FCS y Juntos Podemos. Ambas fuerzas acusan al contralor, Pablo Celi, de interferencia en la Función Electoral y piden su destitución.
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