'Coronacrisis': sube el descontento social, pero baja la movilización

Los problemas del país se agravaron con la pandemia. El discurso del Gobierno de la triple crisis es evidente: económica, sanitaria y social. Pero a eso se suma también la política.

El confinamiento social y las demás medidas de prevención golpearon todos los ámbitos. Y los resultados no se hicieron esperar en el sector público y privado: despidos masivos, funcionarios impagos, cierre de empresas y reducción de presupuestos.

Eso se refleja en una creciente lista de sectores sociales que buscan formas de manifestarse y reclamar sus derechos.

El último ejemplo lo dieron el 16 de junio un grupo de unos 200 maestros fiscales, que se reunieron en la Plaza de la Administración, en Guayaquil, para manifestarse porque siguen sin recibir sus salarios.

Llegaron con sus computadores y se sentaron en la Plaza a trabajar, porque dijeron que sin sus salarios no pueden pagar el Internet para dar, así, sus clases virtuales.

Esta manifestación simbólica que, según sus dirigentes, representaba a unos 10.000 maestros impagos de la Zona 8 se replicará en otras ciudades, sucedió un día después de que la Gobernación y la Alcaldía de Playas entregaran tablets e internet gratuito a un grupo de estudiantes.

Eso gracias a una historia que se volvió viral de una maestra que acudía en bicicleta a enseñar a los niños que no tenían acceso a Internet.

Antes de eso, el 22 de mayo, los maestros ya realizaron una marcha en Guayaquil, contra las medidas económicas del gobierno, como la reducción de la jornada laboral y, por consecuencia, del salario.

Las manifestaciones no se detienen, pero son menores

A diferencia de otros países, como Estados Unidos, en Ecuador la movilización social sí ha tenido bajas por los efectos de la pandemia. Los grupos son más reducidos que en otros momentos, aunque siguen saliendo a las calles para mostrar su descontento.

La Corte Constitucional (CC) pidió al Ejecutivo que respete el derecho a la protesta social, pese a la pandemia y las restricciones emitidas para prevenir el contagio.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo dijo que así sería, pero pidió que se respeten las medidas de prevención. El secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, advirtió que, en caso de haber un contagio comunitario, los dirigentes sociales deberán responder ante la justicia.

Más allá de esas declaraciones, hay un hecho clave de parte del Ejecutivo: Carondelet está cercado. El acceso al Palacio Presidencial está restringido. Lo reportaron los manifestantes que llegaron hasta el Centro Histórico el 8 de junio.

A mediados de abril el movimiento indígena estaba dispuesto a salir a las calles, aupado todavía por su masiva movilización en octubre por el paro nacional que obligó a mantener el subsidio a los combustibles.

Sin embargo, un mes después, cuando los gremios sindicalistas anunciaron más movilizaciones contra las medidas económicas, la Conaie dijo que los apoyaba pero que estaba concentrada en atender la pandemia.

Estos son algunos de los demás casos de movilizaciones conocidos de estos meses:

En la lista de quejas contra el Gobierno están también las distintas manifestaciones que hubo el lunes 25 de mayo, tras el informe a la Nación, del presidente Lenín Moreno.

Los grupos fueron distintos y protestaron en varias ciudades, como Guayaquil, Quito, Latacunga, Santo Domingo, Loja y Cuenca, pero el motivo era el mismo, rechazar las medidas económicas.

A ellos se suman también los miles de trabajadores del sector privado que buscan la intervención de las autoridades, especialmente en los casos de despidos intempestivos o falta de protección, derechos u oportunidades.

Entre esos grupos hay varios que también han salido a las calles a protestar:

• Los repartidores de las aplicaciones de entrega como Glovo.
• Los trabajadores despedidos de Canal UNO.
• Los empleados de Confiteca.

Sin embargo, la pandemia sí ha reducido el nivel de estas manifestaciones, ya que la cantidad de gente es menor y el tiempo de las protestas también.

De todas formas, el Ejecutivo extendió el estado de excepción por 60 días, para seguir atendiendo la emergencia sanitaria, lo que además permite mantener toques de queda y restringir la movilidad, así como mantener a los militares apoyando a la Policía Nacional en las labores de control interna.