Corte Constitucional, una institución polémica a lo largo de los años

Apenas meses después de posesionarse, en junio de 2019, la Corte Constitucional dio paso al matrimonio entre personas del mismo sexo. A su vez, los magistrados declararon la inconstitucionalidad de dos artículos que permitían acceder al matrimonio solamente a las parejas heterosexuales. La decisión generó el rechazo de sectores más conservadores, que pedían el respeto de la "familia tradicional".

En agosto de 2020, la Corte emitió una sentencia que eliminó definitivamente el "error inexcusable", una figura demasiado amplia que permitió destituir jueces y fiscales por decisión del Consejo de la Judicatura. La sentencia se basó en la destitución de dos jueces de la Corte Nacional de Justicia, en un caso entre el Servicio de Rentas Internas (SRI) y OCP Ecuador de 2013. La decisión de la Corte puso fin a esta figura que había recibido críticas internacionales por su amplitud y por constituir una revisión de las sentencias de los jueces.

En abril de 2021, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de una parte de un artículo del Código Integral Penal (COIP), con lo que despenalizó el aborto en los casos de violación. La sentencia determina que las mujeres que hayan sido víctimas de este delito podrán acceder gratuitamente al aborto, de acuerdo a una Ley que deberá aprobar la Asamblea, y que aún está en trámite. La decisión también causó el rechazo de los sectores más conservadores, que defienden "la vida desde la concepción".

En mayo de 2020, casi un año después de su aprobación, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Reglamento de Uso Progresivo, Racional y Diferenciado de la Fuerza. Ese documento había sido aprobado por el Ministerio de Defensa, después del paro nacional de octubre de 2019. Según la Corte, el Reglamento era inconstitucional, ya que “genera consecuencias directas en el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal”. Sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen de manera complementaria a la Policía, en materia de seguridad interna y orden público, la Corte determinó que es inconstitucional porque va en contra de las atribuciones de cada entidad.

El tema carcelario ha sido uno de los prioritarios para la Corte Constitucional y, ante la crisis y los continuos estados de excepción, esa institución ha tomado un rol de vigilancia activa. En octubre de 2020, tras un nuevo estado de excepción, la Corte ordenó al Gobierno elaborar un plan debidamente financiado para enfrentar la crisis en las cárceles. Además, solicitó informes periódicos sobre la situación dentro de los centros penitenciarios.

El papel más crucial de la Corte Constitucional sobre la pandemia ha sido la revisión de los estados de excepción, dictados para poder restringir los derechos ciudadanos. En este caso, la Corte tuvo que frenar las restricciones al gobierno de Lenín Moreno en varias ocasiones, por el abuso de los estados de emergencia sin justificación. En los dos últimos estados de excepción decretados por Guillermo Lasso, la Corte ha insistido en la necesidad de que las restricciones se puedan tomar en el régimen ordinario. Para esto, la Asamblea tramita una ley, pero sin mayor premura.

Dos días antes de terminar su mandato, el entonces presidente Lenín Moreno vetó la Ley de Régimen Tributario Interno. Pero, el 27 de junio de 2021, la Corte negó la objeción y ahora los gobierno autónomos descentralizados y universidades cobrarán el IVA de forma directa. En su decisión la Corte señaló que el pleno de la Asamblea, mediante voto de mayoría, declaró improcedente la objeción presidencial, en lo relativo al proceso de retención de recursos generados por el IVA en favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y las universidades. Según la Corte, la objeción no procedía porque la reforma no extingue o modifica el IVA. “Además, no busca aumentar el gasto público o modificar la división política y administrativa del país”.

El 15 de diciembre de 2021, un fallo emitido por la Corte Constitucional ajustó el marco legal en materia de relaciones sexuales entre adolescentes. Según el organismo, a partir de los 14 años de edad, ellos tienen la capacidad de consentir una relación sexual. Pero la Corte aclara que ese consentimiento debe ocurrir en personas que tengan entre 14 y 18 años y bajo ningún concepto entre una persona de menos de 18 años y un mayor de edad. Así, la CC modificó el literal 5 del artículo 175 del COIP, que ahora dice: “En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad es irrelevante, excepto en los casos de personas mayores de 14 años que se encuentren en capacidad de consentir en una relación sexual”.

Tras 10 años, el 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la reforma tributaria llamada Ley de Fomento Ambiental, que entró en vigencia en noviembre del 2011. Pero seguirá vigente hasta 2023 para dar tiempo a la aprobación de una nueva Ley. Se trata de una de las reformas tributarias más importantes que impulsó el Gobierno de Rafael Correa, pues aumentó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 2 al 5%, entre otros tributos.

Una sentencia de la Corte Constitucional, del 1 de febrero de 2022, frenó los planes para expandir la producción de petróleo con 100 pozos en el Yasuní, un área de alta biodiversidad en la Amazonía. La Corte declaró inconstitucionales los artículos 3, 4 y 5 del Decreto 751, firmado en 2019 por el entonces presidente Lenín Moreno. Ahí se permitía la instalación de plataformas petroleras en un área de protección para pueblos no contactados, llamada zona de amortiguamiento. Con la sentencia, la Corte prohíbe, en la práctica, la extracción petrolera en esa zona sensible.