En medio de críticas a la Justicia y de una avalancha de casos de corrupción, la Judicatura empezó el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia.
La emergencia por el coronavirus trajo consigo una ola de casos de corrupción, sobre todo en compras públicas de insumos médicos y medicamentos. Luego de una serie de allanamientos y de detenciones, la pelota está en la cancha de la Justicia.
La mayoría de casos, al menos 40, son de fuero ordinario. Esto quiere decir que empezarán a tramitarse en tribunales de primer nivel. Mientras que otros cuatro casos se juzgarán en Corte Provincial.
Y dos casos más: Alexandra Ocles y Daniel Mendoza, ya están siendo tratados en la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo organismo del sistema de justicia del país.
Incluso los otros 44 casos, cuando entren a la etapa final de la judicialización, llegarán a la Corte Nacional para la instancia de casación, que es el paso previo a la ejecución de la pena.
Para que los casos de corrupción ligados a la emergencia sanitaria, y otros que estaban en trámite terminen, lleguen a las instancias de juicio y a casación tendrá que transcurrir -en promedio- al menos un año.
Pero, en medio de este proceso, se atravesará una renovación de la Corte Nacional de Justicia. El 31 de mayo de 2020, el Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento para el proceso.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial, los 21 magistrados nacionales son designados para un período de nueve años. Pero cada tres años deben ser remplazados siete de ellos.
La renovación -que debe estar lista para enero de 2021- será atípica. En 2019, un proceso de evaluación terminó con la destitución de 14 jueces.
En su lugar fueron nombrados conjueces temporales, extraídos de cortes provinciales y de tribunales de primer nivel, para las salas contencioso administrativo y tributaria.
Estos magistrados temporales deberán ser reemplazados en la renovación que se viene.
A ellos se sumarán al menos dos jueces titulares, que ya han completado sus nueve años en el cargo. Se trata de Paulina Aguirre, actual presidenta de la Corte, y del juez administrativo, Álvaro Ojeda.
¿Quiénes se van?
Los casos de corrupción que llegan a la Corte Nacional se tramitan en la Sala Penal. En esta instancia están cuatro de los magistrados temporales que serán reemplazados.
En la lista resalta el nombre de Iván León, el juez que sentenció a Rafael Correa y a otras 18 personas en el caso Sobornos 2012-2016.
Además, encabeza los tribunales de juzgamiento de los Casos Singue y Sabatinas, que involucran a altos funcionarios del gobierno anterior, como el exvcepresidente, Jorge Glas, y los exministros Wilson Pástor y Fernando Alvarado.
Los juicios, que están suspendidos por la emergencia sanitaria, deben completarse en los próximos meses, en caso contrario un nuevo juez tendrá que reemplazar a León, quien regresará a la Corte de Santo Domingo o podrá candidatizarse para una magistratura nacional.
Casos en juego
Al observar los casos de impacto que tiene pendientes la Corte Nacional, se pueden agrupar en tres listas.
Estos procesos serán completados por los nuevos magistrados.
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Casos del correísmo
Imagen de 2014, durante la posesión de Vinicio Alvarado como secretario de la Administración Pública. API
El caso Singue, que juzga irregularidades en la asignación de un campo petrolero e involucra al exvicepreisdente Jorge Glas, es el proceso más importante de este grupo.
Además, está el caso Sabatinas, que persigue un mal uso de recursos públicos en la realización de los llamados enlaces ciudadanos de Rafael Correa en televisión.
En este proceso, el principal acusado es Fernando Alvarado, uno de los hombres más cercanos a Correa.
Además, también en etapas previas hay casos relacionados con corrupción en el IESS, en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto, en vuelos presidenciales, mal manejo de la deuda, entre otros.
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El morenismo y la emergencia
Daniel Mendoza y su abogada, Gabriela Moreira, durante la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional, el 5 de junio de 2020. CNJ
La cantidad de casos de corrupción surgidos en la emergencia sanitaria por Covid-19 ha sobrepasado la capacidad de la Fiscalía y de la Contraloría.
La Fiscalía tuvo que crear una Fuerza de Tarea exclusivamente para investigar estos delitos.
Además de los casos de Mendoza y Ocles, la Corte -en su momento- deberá tramitar otros procesos como los del Municipio de Quito y la Prefectura del Guayas.
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Casos del paro de octubre
Jaime Vargas y Leonidas Iza a la salida de la Fiscalía, luego de rendir versiones por el caso de instigación a raíz del paro de octubre. API
Los líderes indígenas enfrentan cinco casos penales por el paro de octubre de 2019, uno impulsado por el Gobierno. Las causas son por:
- Secuestro.
- Instigación.
- Terrorismo.
- Odio.
- Grupos subversivos.
Los dirigentes indígenas, en cambio, planean contraatacar con una denuncia por uso excesivo de la fuerza, crimen de lesa humanidad o asesinato, contra las actuales autoridades de Gobierno.
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