Los procesos de fiscalización del último año en la Asamblea se han iniciado por múltiples acciones de los enjuiciados. Las acusaciones son poco específicas y no se centran en las funciones constitucionales de los interpelados.
Una misma característica se repite en los procesos de fiscalización que la Asamblea Nacional ha llevado a cabo en el último año: todas las acusaciones son por incumplimiento de funciones y todos apuntan más de un supuesto incumplimiento.
La aparente mayor fiscalización en el actual periodo del Legislativo ha hecho que los pedidos de juicio político se presenten con mayor facilidad. Pero esto mismo ha causado que los procesos sean poco específicos y se adjunte una lista de causas para la destitución y censura de funcionarios.
El último caso es el de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. Su exposición de defensa en el proceso duró casi cinco horas, y debió responder a cuatro acusaciones: el caso Yasunidos, el de Luis Loyo, la auditoría de los sistemas informáticos y los problemas en Los Ríos en las elecciones seccionales de 2019.
En el documento, además, se encontraba una causal más: la falta de convocatoria al consejo consultivo de las organizaciones políticas que el CNE debe realizar cada año.
Todas estas acciones u omisiones configurarían un incumplimiento de funciones de la presidenta del CNE, según Jeannine Cruz y Fernando Flores (Creo), quienes la interpelan.
De hecho, la real causa para un juicio político, y la posible censura y destitución de una autoridad, es el incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley.
Cruz y Flores señalan a Atamaint con el argumento de que sus acciones en los cuatro casos configuran un incumplimiento de funciones.
Pero ella se defiende y señala que ninguno de los señalamientos tiene que ver con las atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley. Dice que los legisladores de Creo confunden sus funciones como presidenta con las del pleno del CNE, las de las Juntas Provinciales Electorales y las de las Direcciones Provinciales.
Finalmente la decisión, si hubo o no incumplimiento, está en los legisladores. La última semana de enero la Comisión de Fiscalización elaborará el informe, que puede archivar el caso o remitirlo al pleno de la Asamblea.
Juicios políticos poco específicos
El caso contra Atamaint no es el primero que se da por una multiplicidad de acusaciones que, según los interpelantes, suman un incumplimiento de funciones.
Los juicios políticos contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y la excanciller María Fernanda Espinosa muestran este patrón de acumulación de causas. Al final, la falta de una acusación específica terminó debilitando los procesos.
Romo fue señalada por cinco temas, entre ellos la crisis carcelaria y el aumento de la inseguridad en el país. El argumento de defensa fue el mismo: los asambleístas interpelantes no se referían a sus funciones constitucionales ni legales.
Tras el trámite, la Comisión de Fiscalización archivó el juicio político. Los legisladores coincidieron en que los acusadores no lograron comprobar el incumplimiento de funciones. Ahora hay un nuevo proceso en camino, nuevamente por varias causas.
El caso de la excanciller María Fernanda Espinosa fue un poco más complejo. También fue acusada de incumplimiento de funciones por cinco temas, entre ellos el manejo de la crisis en la frontera norte y las irreguralidades en el proceso de naturalización de Julian Assange.
El tema de Assange, sobre todo, dio argumentos para que el juicio pasara al pleno de la Asamblea. Las acusaciones de la socialcristiana Cristina Reyes mostraban actuaciones irregulares dentro de la Cancillería.
Pero en el pleno no hubo los votos suficientes para la censura, pues Espinosa ya no estaba en el cargo.
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