El Ejecutivo deberá decidir si impulsará una consulta popular, como lo había anunciado, o si insistirá con el proyecto, con cambios, ante la Asamblea. El tiempo es un factor crucial, pues las reformas tributarias necesitan aprobarse hasta diciembre para estar vigentes en el próximo año fiscal.
La respuesta del Gobierno a la devolución de la Ley de Creación de Oportunidades ha sido tibia. De momento, no hay una posición clara de cuál será el siguiente paso del Ejecutivo con respecto a su propuesta más importante, que recoge gran parte de sus ofertas de campaña y de la que depende gran parte de su plan económico.
El presidente Guillermo Lasso aseguró que apelará a todas las disposiciones legales y constitucionales "para hacer prevalecer" la propuesta legal del Gobierno. Mientras, el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, dijo que aún evalúan el siguiente paso y que, hasta la mañana de ayer, no habían sido notificados.
La resolución del CAL de no calificar la propuesta no solo cierra la puerta a su trámite en la Asamblea, sino que también bloquea otras dos salidas que podía tener la "megaley": su paso por el ministerio de la ley, o su aprobación directa por consulta popular.
La segunda opción queda truncada pues la ley dice que el presidente de la República podrá convocar a consulta popular cuando la Asamblea "niegue" una Ley. En este caso, el CAL no la negó, sino que no la calificó.
Pero aún así, el Ejecutivo tiene dos opciones para llevarla adelante. Y la decisión debe tomarse rápidamente, pues las reformas tributarias deberían estar aprobadas para diciembre para que puedan entrar en vigencia en el próximo año fiscal. Una demora dejaría los cambios en recaudación recién para 2022.
La primera opción: bajar la cabeza ante la Asamblea
La primera salida para la 'megaley' es justamente que deje de ser eso: dividir la propuesta en distintas partes y enviarlas a la Asamblea como proyectos distintos.
Esta justamente es la sugerencia que el CAL hizo a la Presidencia. Según su análisis, los únicos temas que entrarían dentro del proyecto calificado como económico urgente son las reformas tributarias y relacionadas con el tema financiero.
Esto incluiría las contribuciones especiales para la reactivación post Covid-19 y el régimen único impositivo para regularización de activos en el exterior. Además de los cambios en las leyes de Minería, Telecomunicaciones, Hidrocarburos, el Código de la Producción, el Coplafip y el Código Monetario, entre otros. Todas estas propuestas y reformas podrían entrar como un proyecto económico urgente.
Y la parte laboral de la iniciativa, junto con los cambios a otras leyes, tendrían que quedar para uno o varios distintos proyectos. Si la propuesta ya no incluye materias económicas, no puede ser urgente.
Sin embargo, aunque la 'megaley' se divida, esto solo garantizaría su calificación y el comienzo del trámite dentro de la Asamblea. Ya en las comisiones, el texto del Ejecutivo puede recibir cambios importantes. Entonces, se podría abrir una nueva pugna entre ambos poderes del Estado con los vetos y las ratificaciones.
La segunda opción: la consulta popular
El Código de la Democracia prevé que el Presidente de la República pueda convocar a una consulta popular "sobre un proyecto de Ley que haya sido negado por la Asamblea Nacional". El problema con la Ley de Creación de Oportunidades es que este no fue negado por la Asamblea, sino inadmitido por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
Aun así, el presidente Lasso tiene la opción de llamar a una consulta popular, pues la Constitución le da potestad de hacerlo "sobre los asuntos que estime convenientes". En gobiernos anteriores, ya se ha usado este mecanismo para hacer reformas legales o emitir nuevas leyes.
Pero en la consulta, también deberá separar los temas, pues cada pregunta debe tener una materia. No es posible hacer una sola pregunta sobre todos los temas de la 'megaley'. De su redacción dependerá también la campaña, y el resultado.
Una consulta, sin embargo, tiene dos aspectos negativos para el gobierno: el costo y el tiempo.
Según datos del CNE, la consulta popular de 2018 costó alrededor de USD 40 millones.
Los tiempos tampoco le son favorecedores, sobre todo por la premura de la reforma tributaria. El trámite de una consulta popular podría tomar unos tres meses, según los plazos legales, que no son suficientes para que los nuevos impuestos entren en vigencia en 2022.
Una solución radical
Una tercera opción aparece en el radar de las redes sociales, y ha sido mencionada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y los miembros de Pachakutik y UNES en varias ocasiones: la muerte cruzada.
El Ejecutivo no ha mencionado esta opción en ninguna ocasión. Sin embargo, Llori habló de esta "amenaza" hace pocos días, antes de que el CAL tome la decisión sobre la Ley de Crecimiento Económico.
La Constitución prevé que el Presidente podrá disolver la Asamblea cuando, "de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo". En este caso, el Consejo Nacional Electoral tiene siete días para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, que si Lasso disuelve la Asamblea, tendría que, de ser el caso, presentarse de nuevo a elecciones.
La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que nunca se ha utilizado. En el gobierno de Rafael Correa hubo varias amenazas, pero nunca llegó a concretarse.
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