El Ejecutivo y la Asamblea medirán fuerzas con la reforma tributaria

El Gobierno prevé entregar la próxima semana la propuesta, que incluiría la eliminación del impuesto a las herencias, modificaciones en los tributos al patrimonio, y sin cambiar el IVA, ni Renta.

La principal oferta electoral de Guillermo Lasso fue la reforma tributaria que se ha venido postergando en los primeros 100 días de Gobierno. El Ejecutivo ha trabajado en la propuesta con perfil bajo, y se espera que esta se presente ante la Asamblea la próxima semana.

Lo que se conoce de la reforma es poco. Extraoficialmente, se sabe que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto a la renta no se tocarían, que el impuesto a la salida de divisas se bajaría de forma gradual, y que el impuesto al patrimonio se ampliaría para quienes pertenecen al quintil más alto. Además, que se modificarían las exenciones vigentes.

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A esto se le suma está el anuncio del mismo Lasso de eliminar el impuesto a las herencias, donaciones y legados.

Pero mientras aún se construye la propuesta de ley, el Gobierno advierte la posibilidad de usar una consulta popular ante el caso de que la Asamblea bloquee sus propuestas. Esta idea ha sido repetida por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, en varias entrevistas esta semana, y ayer incluso fue mencionada por el presidente.

El oficialismo es un bloque minoritario en el Legislativo. Y las otras bancadas ya adelantan sus posiciones y sus “líneas rojas” sobre una propuesta de reforma tributaria que aún no llega.

Una minoría que no alcanza

El oficialismo tiene apenas 25 escaños en la llamada Bancada del Acuerdo Nacional, que agrupa a Creo, minorías y algunos separados de otros bloques legislativos.

Para pasar cualquiera de sus iniciativas, sin embargo, necesitará al menos 70 votos. Es decir que necesita de las otras bancadas, que analizarán su apoyo de acuerdo con las propuestas.

Pero más allá de esto, las bancadas creen que hablar de una consulta popular es una forma de “amenaza” a los legisladores, sobre todo, porque se menciona cuando ni siquiera hay una propuesta presentada.

Pachakutik, por ejemplo, aseguró que no apoyará la reforma tributaria, aunque aún no conocen su contenido. Mientras que el PSC cuestionó que se hable de bloqueo y aseguró que ese bloque votará por lo que “considere positivo”.

Esto presenta un nuevo reto para el oficialismo, pues también está la posibilidad de que la reforma tributaria sea profundamente modificada en su trámite en la Asamblea. Sobre todo porque la Comisión de Régimen Económico, que deberá encargarse de proceso, está dirigida por Pachakutik y el PSC.

Si bien el trámite deberá llevarse como económico urgente (es decir, procesarse en un mes), esto no impide que la Asamblea modifique la propuesta de Lasso, y por ejemplo, elimine parte de sus propuestas.

¿Cómo funcionaría la consulta popular?

La Constitución establece que el Presidente puede disponer al Consejo Nacional Electoral (CNE) que convoque a consulta popular sobre “los asuntos que estime convenientes“. Con esta base, los presidentes han usado la consulta popular para aprobar, modificar e incluso derogar leyes.

En 2011, el entonces presidente Rafael Correa planteó cinco preguntas mediante consulta popular. Estas permitieron la tipificación en el Código Penal del enriquecimiento privado no justificado y de la no afiliación al IESS, así como la creación de la Ley de Comunicación.

Mientras que la consulta popular de 2018, planteada por Lenín Moreno, dio paso a la derogación de la Ley de Plusvalía.

Ninguna iniciativa hasta ahora ha tenido relación con tributos, pero no hay una prohibición al respecto en la Constitución. Lo que sí se señala es que los gobiernos autónomos no podrán hacer consultas populares relacionadas con este tema.

Una consulta popular, sin embargo, sería una decisión costosa para el Gobierno. La de 2018 llegó a costar USD 40 millones, según datos del CNE. El Ejecutivo, por tanto, deberá medir muy bien esta posibilidad, y de ser la opción, incluir todos los temas que estime necesarios.

Hasta ahora, los temas mencionados son la eliminación del Consejo de Participación y el posible retorno a tres poderes del Estado. Estos ya no entrarían en una consulta sino en un referéndum para modificar la Constitución.