El Ejecutivo perdió su capital político para 'sobrevivir' a una muerte cruzada

El Gobierno busca alejarse de la posibilidad de una muerte cruzada, que implicaría disolver la Asamblea y convocar a nuevas elecciones.

Los desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo son notorios. Sin embargo, el discurso gubernamental insiste ahora en que buscarán los consensos y acuerdos necesarios para el tratamiento de sus iniciativas legales.

En octubre de 2021, el presidente Guillermo Lasso hablaba de que la muerte cruzada podría ser inevitable, después de que la Asamblea le devolviese su proyecto de 'megaley', que contenía tres reformas legales urgentes (tributaria, laboral, inversiones).

Militares hallan arsenal de armas, municiones y explosivos en la cárcel Regional de Guayaquil

Pero la figura nunca ha llegado a estar sobre la mesa.

Ahora que el segundo proyecto económico urgente del Ejecutivo está en el Legislativo, el 'fantasma' de la muerte cruzada reaparece. A la vez, los desencuentros entre ambas funciones se multiplican.

El último punto de quiebre fue la aprobación de las amnistías por el paro de octubre de 2019. Esto ha hecho que parte de la opinión pública, incluso, pida la disolución de la Asamblea y que entre los mismos legisladores discutan la ineficiencia de la entidad en este periodo.

"Hay muchas voces que, insistentemente, frente a esta relación tensa, conflictiva y beligerante insisten en la aplicación de la muerte cruzada", admite Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad.

El funcionario insiste en que el Ejecutivo enfrenta un momento crítico porque se mantienen los intentos de desestabilizar el sistema democrático, con "embestidas" por parte del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y un ala radical de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena.

Fuertes advirtió en una entrevista en Teleamazonas que, en caso de darse una muerte cruzada, el siguiente Gobierno enfrentaría el mismo problema con la Asamblea, "porque las reglas electorales no han cambiado" y el sistema de partidos tampoco.

Legalmente, el único motivo para tal disolución es que el Legislativo se haya arrogado funciones, que obstruya el Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis y conmoción interna. El Ejecutivo ya no muestra señales de querer jugar esa carta.

"No es el caso, en este momento, el gobierno busca priorizar el diálogo con los distintos bloques".
Carlos Jijón, vocero presidencial

La gestión marca los respaldos

Disolver la Asamblea implica que el Presidente gobierne sin oposición durante seis meses, a través de decretos ley, mientras se convoca a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, se repetirían los comicios de 2021.

Más allá de que el Ejecutivo requiera optar por una salida drástica a su problema de gobernabilidad, el principal obstáculo sería enfrentar un nuevo episodio electoral.

En tan solo 10 meses de gobierno, el escenario político y social ha cambiado drásticamente:

La alianza Creo-PSC que lo llevó al poder ya no existe. Ahora son los principales contradictores en el espectro de la derecha conservadora.
Las tres campañas electorales previas, que generaron expectativa entre sus seguidores, ahora son contrastadas por la realidad de los primeros meses de gestión, en los que -salvo la campaña de vacunación contra Covid-19- no hay grandes hitos.
Los compromisos y promesas de última hora en campaña, con sectores y colectivos sociales para ganar votos, se han ido perdiendo, como se evidenció con el veto a la ley de aborto por violación.
Su gestión y discurso también le han costado la relación con algunos de sus aliados naturales, como los gremios empresariales y los grupos provida.
El alza de impuestos y del precio de la gasolina Súper le ha hecho perder parte del respaldo de la clase media y no solo del sector empresarial y productivo.

Es así que, fuera del costo económico de convocar a otro proceso, la votación que obtuvo el presidente Lasso, gracias al debilitamiento del correísmo y al fraccionamiento electoral, podría mermar aún más.

Ya en 2021, logró llegar a la segunda vuelta con apenas un 0,35% de diferencia sobre Yaku Pérez (Pachakutik), pero un 13% por debajo del candidato correísta, Andrés Aráuz.

En la primera vuelta electoral Lasso solo ganó en seis cantones: Quito, Rumiñahui, Samborondón, Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal. Mientras que en 67 cantones alcanzó menos del 10% de respaldo y en otros 127 no llegó al 20%.

En la segunda vuelta, Lasso logró remontar la votación, en parte, gracias a una supuesta apertura al diálogo, bajo el ofrecimiento de llevar al debate los temas sociales y de no imponer sus doctrinas personales en los asuntos de Estado.

Así, el actual Presidente logró llevarse la victoria en la mayoría de cantones donde antes ganó Pachakutik y la Izquierda Democrática, los partidos que apostaron por un discurso progresista.