La posibilidad de que los ciudadanos consulten en línea si están afiliados a partidos o movimientos políticos abre la puerta a nuevos problemas de presuntos registros fraudulentos.
A puertas de unas nuevas elecciones seccionales en 2023, los partidos y movimientos políticos enfrentan un nuevo reto.
Un posible nuevo escándalo de “firmas falsas” ronda en las redes sociales, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitara la consulta en línea para que los ciudadanos verifiquen si constan como afiliados o adherentes a un partido o movimiento.
El problema en las afiliaciones y adherencias de los partidos no es nuevo. En 2012, el CNE de la época habilitó una consulta en línea similar, que derivó en cientos de denuncias de falsificación de firmas para los registros de partidos y movimientos políticos.
Pero han pasado 10 años y el problema de fondo sigue siendo el mismo. Hace pocas semanas, decenas de aspirantes a la Policía Nacional se toparon con la sorpresa de que aparecen como afiliados o adherentes.
Ellos tuvieron que hacer el trámite de nulidad de la afiliación para poder obtener el certificado de apoliticismo, uno de los requisitos para postular.
Algo similar sucedió con los postulantes, en estas elecciones, para el Consejo de Participación Ciudadana.
Una parte de los candidatos a consejeros fue descalificada por no cumplir con el requisito de no constar como afiliado o adherente a un partido o movimiento durante los últimos tres años.
Uno de ellos es Óscar Ayerve, quien aparecía como afiliado a la Izquierda Democrática.
Él apeló su descalificación ante el Tribunal Contencioso Electoral, cuestionando que la firma que aparece en la ficha de afiliación no era la suya. Y esta institución le dio la razón hace pocos días.
A esto se le suman ya decenas de denuncias en redes sociales de posibles afiliaciones fraudulentas.
Después de que el CNE habilitara la posibilidad de obtener el certificado de apoliticismo en línea, ciudadanos nuevamente se llevan la sorpresa de que, sin su permiso, aparecen como militantes de organizaciones políticas a las que no les dieron su firma.
El origen del problema
Cualquier organización política que quiera inscribirse para participar en las elecciones debe cumplir con un requisito: tener un número de afiliados (en el caso de partidos) o adherentes (en el caso de movimientos) correspondiente al 1,5% del padrón electoral vigente para esa fecha.
Actualmente hay 276 organizaciones políticas que tienen la posibilidad de participar en las elecciones de 2023. Es decir, que esos 276 partidos y movimientos cumplieron con el requisito del 1,5%.
El problema está en cómo lo cumplieron.
El proceso de registro de una organización en el CNE obliga a que las firmas que las organizaciones políticas presentan sean verificadas, comparándolas con la base de datos del Registro Civil.
Incluso con las firmas del padrón de elecciones anteriores (la firma que el ciudadano hace después de votar, antes de recibir su certificado de votación).
Además, el CNE verifica que esa persona no conste ya como afiliada o adherente de otra organización política.
Sin embargo, las denuncias de los ciudadanos evidenciarían que hay fallas u omisiones en esta revisión. Y no es la primera vez que algo así se detecta.
Un informe de Contraloría de 2019 dio cuenta de que el CNE permitió inscribirse a movimientos políticos que incluyeron firmas de fallecidos, menores de 16 años, o con números de cédula incompletos.
Un servicio con 10 años de retraso
La consulta en línea sobre los afiliados y adherentes a partidos y movimientos se habilita cuando se cumplen 10 años del escándalo de las firmas falsas.
En ese tiempo, en múltiples ocasiones se habló de la necesidad de hacer públicos estos datos.
Incluso la iniciativa de consulta popular del presidente Guillermo Lasso propone incluir en la ley la creación de una “una plataforma electrónica que permita a cada ciudadano consultar su estado de afiliación, garantizando el derecho a la protección de datos de carácter personal”.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, asegura que no se habilitó antes esta opción por falta de presupuesto y porque la página web del CNE, mejorada recientemente, estaba ya obsoleta.
“El CNE debe asumir la responsabilidad y dar los pasos para resolver este tema que se arrastra desde hace muchísimo tiempo“, dice.
El consejero José Cabrera agregó que esta fue una solicitud de la auditoría que hizo la Contraloría al sistema de revisión de firmas del CNE.
“Aprovechando que se estaba diseñando la nueva web, se incluyó este servicio. Tiene varias seguridades, pues no podemos entregar la información únicamente con el número de cédula”, señaló.
Las consecuencias
Los efectos de esta opción de consulta ciudadana pueden ser fuertes para las organizaciones políticas.
Por un lado, pueden enfrentar investigaciones en la Fiscalía. Atamaint llamó a los ciudadanos que crean que sus datos han sido usados dolosamente, o que han sufrido una falsificación de firmas, a presentar su denuncia para que haya una indagación más profunda al respecto.
Además, el reformado Código de la Democracia estableció una nueva causal para eliminar del registro electoral a un partido o movimiento político: la pérdida de 50% o más de sus afiliados o adherentes.
Es por ello que una desafiliación o nulidad masiva en contra de uno o varios partidos o movimientos podría terminar en que pierdan su personería jurídica.
Sin embargo, ante un porcentaje menor, no habría mucho más que el CNE pueda hacer. Aunque la consulta popular de Lasso, si llegara a pasar, obligaría a esta institución a controlar constantemente el listado de afiliados y adherentes de las organizaciones políticas.
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