Fiscalía pide pena máxima de prisión para Rafael Correa por caso Sobornos

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

5 Mar - 13:20

La fiscal Diana Salazar durante la audiencia de juicio por el caso Sobornos, el jueves 5 de marzo de 2020. - Foto: API

Fiscalía pide pena máxima de prisión para Rafael Correa por caso Sobornos

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

5 Mar - 14:12

Cerca de tres horas se tomó la fiscal Diana Salazar para su alegato de clausura en el caso Sobornos 2012-2016. La funcionaria acusó a 20 de los 21 procesados y pidió para ellos la máxima sentencia agravada para el delito de cohecho, con varias excepciones.

Nota actualizada a las 13:30, del jueves 5 de marzo, con las declaraciones de la Fiscal General, corrige el monto de la reparación económica.

Al expresidente Rafael Correa lo acusó como autor mediato del delito, por dominio de organización. Es decir, dio las órdenes para que se cometa el ilícito sin la necesidad de gestionar directamente los sobornos y percibirlos.

Aunque en su caso hay evidencia de que recibió USD 6.000.

Incluso, Salazar comparó a Correa con Pablo Escobar, quien en la parte final de su carrera delictiva no tocó la droga pero montó una red de narcotráfico. Y con Alberto Fujimori, expresidente de Perú, quien sin necesidad de haber asesinado personas fue declarado culpable por conformar un comando dedicado a este delito.

A los demás funcionarios públicos y empresarios involucrados, en cambio, la Fiscal los acusó en calidad de autores directos del delito de cohecho. Estos son:

Funcionarios

  • Jorge Glas
  • Alexis Mera 
  • María de los Ángeles Duarte 
  • Walter Solís 
  • Vinicio Alvarado 
  • Pamela Martínez 
  • Laura Terán
  • Christian Viteri 
  • Viviana Bonilla 

Empresarios

  • Víctor Fontana
  • Rafael Córdova
  • Bolívar Sánchez 
  • Edgar Salas
  • Ramiro Galarza
  • Alberto Hidalgo
  • Teodoro Calle
  • Pedro Verduga
  • Mateo Choi
  • William Philips

La Fiscalía solicitó la pena máxima para el delito de cohecho, aumentada en un tercio por haber actuado en pandilla. Sin embargo, será el Tribunal el que decida bajo qué norma se calculará el tiempo.

Esto porque la investigación corresponde al período 2012-2016, lapso en el que estuvieron vigentes el Código Penal derogado y el nuevo Código Orgánico Integral Penal (Coip). Y en las dos normas la máxima pena por este delito varía.

Con el Código Penal derogado, la pena sería de seis años y ocho meses y con el Coip de nueve años y cuatro meses. Pero, por el principio de favorabilidad, los jueces en una eventual sentencia deberían utilizar la norma más favorable para los acusados.

El procurador Íñigo Salvador, sin embargo, hizo cálculos:

Las excepciones

De los 21 procesados, Salazar se abstuvo de acusar Yamil Massuh, quien era asesor de María de los Ángeles Duarte, porque las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia, dijo la Fiscalía. Por eso, no se presentó acusación.

En la pena máxima, la Fiscal pidió a los jueces hacer varias excepciones.

Para Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras de la Presidencia, por haber colaborado con la justicia a través de una cooperación eficaz se pidió una pena reducida en un 90%.

Y para Pedro Verduga, que ayudó con su testimonio, solo un tercio de la pena.

La reparación económica

En cuanto a la reparación integral, la Fiscalía solicitó dos cosas. Primero, el pago del triple de lo que los funcionarios recibieron como sobornos que fue USD 7.575.196,09 como multa. Es decir USD 22,7 millones.

Segundo, el pago de una reparación económica que ascendería a USD 1.130 millones. Durante los alegatos finales, la Fiscal pidió a los jueces considerar el daño hecho al Estado, ya que a cambio de los USD 7,5 millones en sobornos, el Gobierno entregó a los empresarios contratos por ese valor.

“Esa será una forma de asegurarnos que, en el futuro, las personas que se vean tentadas a cometer delitos no lo hagan”

Diana Salazar, Fiscal General

También pidió disculpas públicas de parte de las personas que sean sentenciadas. Y que la sentencia se publique en las páginas web de la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría del Agua, Celec, Petroecuador, Asamblea Nacional y Gobernación del Guayas.

La acusación del Procurador

Íñigo Salvador, procurador General del Estado, en su calidad de acusador particular también pidió la pena máxima agravada con un tercio más. Pero no hizo excepción para Pamela Martinez y Laura Terán, sino solo para Pedro Verduga.

El alegato final del funcionario duró cerca de una hora.

Sobre la reparación integral, la Procuraduría pidió USD 23 millones, que es el resultado de lo que los empresarios entregaron en sobornos a los exfuncionarios, multiplicados por tres.


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