La Comisión de Fiscalización aprobó el calendario del trámite. Los asambleístas Amapola Naranjo (RC), Roberto Gómez (ind.) y Lourdes Cuesta (ind.) acusan a la ministra de incumplimiento de funciones por las acciones durante el paro nacional.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea avocó conocimiento, este 16 de octubre de 2020, de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
La solicitud se sustenta en supuestas acciones y omisiones durante el paro nacional de octubre de 2019.
El trámite de fiscalización contra Romo comenzará 10 meses después de que la solicitud fuera presentada. Los asambleístas Amapola Naranjo (RC), Roberto Gómez (ind.) y Lourdes Cuesta (ind.) acusan a Romo de incumplimiento de funciones.
Según el cronograma aprobado por la comisión, el informe en el que recomendarán o no el enjuiciamiento político estará listo hasta el 5 de noviembre de 2020. La mesa legislativa tiene previsto trabajar fines de semana en la recepción de comparecencias.
Los argumentos de los interpelantes son que la ministra es responsable política del uso de bombas lacrimógenas caducadas durante el paro nacional. También del ataque policial a los albergues de las universidades y la falta de protección a periodistas, agredidos por policías y manifestantes.
Los asambleístas argumentan que la actuación de la Policía Nacional, a cargo del Ministerio de Gobierno, no respetó el uso progresivo de la fuerza ni las normas internacionales de actuación durante manifestaciones.
La afrenta de Romo genera molestia
En su cuenta de Twitter, la ministra Romo cuestionó a los asambleístas que impulsan el juicio político. Aseguró que “se han paseado durante meses en medios, desacreditándome con mentiras”.
Días antes, cuestionó que la Asamblea siga en modalidad teletrabajo y exigió que el proceso en su contra sea presencial.
El oficio de la Ministra cayó mal en la comisión. José Serrano (Alianza PAIS) calificó de “prepotentes” las afirmaciones de Romo, aseguró que hace “alarde de su altísima autoestima” y que es un “descomedimiento” con los legisladores.
Mercedes Serrano (PSC) calificó el oficio de “desacertado”; Esteban Melo (RC), de “visceral”, y Elio Peña (BIN), presidente de la comisión, de “desafiante”.
Este es el tercer intento de destituir a Romo a través de un proceso de fiscalización en la Asamblea. Los dos anteriores fueron planteados por los mismos legisladores, pero la Comisión de Fiscalización de ese entonces no logró pasar el proceso al Pleno de la Asamblea.
Una comisión distinta
La actual Comisión de Fiscalización no tiene mayoría oficialista, e incluso Alianza PAIS ha tomado distancia de Romo y el Gobierno de Lenín Moreno. En ese terreno se analizará el juicio político contra la Ministra de Gobierno.
La anterior comisión, que archivó el pasado juicio político, tenía mayoría oficialista y tenía entre sus integrantes a los exlegisladores Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. Ambos están vinculados en la trama de corrupción de los hospitales de Manabí, y han señalado a Romo como encargada del “reparto”.
Mendoza incluso llegó a señalar que el archivo del juicio político contra Romo “fue parte de la negociación”.
Además del panorama adverso en la Comisión, Romo enfrenta al Pleno de la Asamblea, donde tampoco genera simpatía. De hecho su postulación para la Vicepresidencia de la República tuvo apenas 36 votos a favor. Y días después, los legisladores pidieron al presidente Moreno que la separe del Gobierno.
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