El karma de liderar el correísmo: la vinculación a procesos judiciales

Desde que Rafael Correa dejó el poder y encargó a su sucesor, Lenín Moreno, las riendas de Alianza PAIS, el movimiento político sufrió un traspié tras otro incluyendo la escisión en dos grupos que, ahora, son rivales.

Para el Gobierno no fue difícil adueñarse de Alianza PAIS y dejar a los seguidores del exmandatario, cada vez con, menos opciones.

Y, todos quienes han intentado liderar la facción correísta y reagruparla han ido cayendo, uno por uno.

Pero, aunque perdieron su marca y muchos de sus rostros más visibles están refugiados o presos, el correísmo es la segunda fuerza política del país, arropada por los colores y la personería jurídica de Fuerza Compromiso Social.

Allí conviven dos corrientes:

Vanessa Freire es la presidenta del movimiento, pero representante de la corriente del exministro y candidato presidencial Iván Espinel.

Mientras que la facción correísta está representada por Luisa González, quien fue la última secretaria de la Administración Pública durante el mandato de Correa. No tiene una trayectoria política destacada.

Ella, la semana pasada, anunciaba que apelarán a todas las instancias nacionales e internacionales los procesos judiciales contra sus dirigentes.

Quienes tomaron la posta

El primero en caer fue el ex vicepresidente Jorge Glas. Según Eduardo Mangas, exmano derecha de Moreno, él fue una imposición de Correa para el binomio presidencial. Glas era el primer vicepresidente de Alianza País y el correísta con mayor rango en la función pública.

Pero, el 3 de agosto de 2017, Moreno le retiró todas sus atribuciones vicepresidenciales. Las delaciones del caso Odebrecht apuntaron a la gestión previa del entonces Segundo Mandatario, quien dos meses después, el 2 de octubre de 2017, era encarcelado.

Glas cumple seis años de prisión por asociación ilícita y es investigado por presunto cohecho, peculado y delincuencia organizada.

Una vez caído el entonces vicepresidente, el excanciller Ricardo Patiño tomó las riendas de Alianza PAIS. El ala correísta lo declaró como presidente del movimiento, el 31 de octubre de 2017.

Patiño se dedicó entonces a armar la ofensiva en contra de Moreno para intentar recuperar el control de la agrupación política. Y un año después, el 29 de octubre de 2018, llamaba a sus seguidores a pasar a una "resistencia combativa".

Alentaba a los correístas a tomarse las instituciones públicas y tomarse caminos y carreteras. Pedía prepararse para la represión. El 18 de abril un juez ordenó su detención, por el presunto delito de instigación. Un día antes Patiño ya había cruzado por tierra hacia el Perú y, ahora, está asilado en México.

El exasambleísta Virgilio Hernández y la exministra Paola Pabón se separaron de Moreno junto con Patiño, en agosto de 2017, tras haber formado parte de su gabinete. El objetivo era luchar por Alianza PAIS.

En octubre de ese mismo año, presentó argumentos ante la Corte Constitucional para evitar la muerte civil de los funcionarios inmersos en delitos de corrupción, es decir, que nunca más puedan ocupar cargos públicos. Esta era la primera pregunta de la consulta popular planteada por Moreno.

En 2018, hablaba de una persecución política, especialmente en contra de Correa, y advertía que iban a responder. Hernández era uno de los correístas que buscaba la forma de conseguir una tarima política partidista. El primer intento fue con el movimiento MANA, que no llegó a buen fin, porque los correístas fueron expulsados.

Este año Hernández aprovechó, al igual que los demás seguidores de Correa, para impulsar las protestas de octubre en contra de las medidas económicas del Gobierno. Incluso convocó a la ciudadanía a organizarse y "generalizar la lucha" para evitar que la represión se concentre en un solo lugar, o sea para debilitar a las fuerzas del orden.

Por esto fue acusado de presunta rebelión, al igual que Pabón, y ahora ambos están detenidos y procesados.

Otros dirigentes políticos y brazos operativos

Varios otros rostros visibles del correísmo están en la mira de las autoridades porque han sido vinculados al cometimiento de presuntos delitos, especialmente, relacionados con el paro nacional.

En ese caso está, por ejemplo, la exsecretaria de Alianza PAIS y legisladora Gabriela Rivadeneira.

Ella está refugiada en la Embajada de México en Quito, aunque no tiene aún procesos judiciales en su contra. Buscó asilo apenas las manifestaciones de octubre empezaron a calmarse. Ella, junto con sus compañeros de bancada legislativa, pidieron desde el primer día del paro que el presidente Moreno deje su cargo.

Sus mismos pasos siguieron otros tres legisladores: Soledad Buendía, Carlos Viteri y el alterno Fernando Molina. Pero no fueron los únicos. Molina también era funcionario de la Prefectura de Pichincha y se refugió con otro compañero, al igual que los esposos de Buendía y Viteri, que también fueron funcionarios públicos.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, fue detenida en su propia casa, por el presunto delito de rebelión, al igual que Hernández. Ambos están acusados de participar en el financiamiento y organización de grupos violentos que aparecieron en las jornadas de protesta.

Finalmente, a Doris Soliz, también exsecretaria de Alianza PAIS y legisladora, le llegó el turno recientemente. La Secretaría Anticorrupción pidió a la Fiscalía que la vincule al caso Coopera, por supuesto delitos contra la administración pública.