Mientras el Ejecutivo, Fiscalía, Contraloría, Cpccs y Justicia discuten sobre la Secretaría Anticorrupción, los casos y denuncias siguen aumentando, especialmente por las investigaciones periodísticas y de la sociedad civil.
Las denuncias de corrupción van en aumento. El Gobierno lo atribuye a la libertad de expresión y a que la ciudadanía ya no tiene miedo a denunciar.
Sin embargo, los casos que se investigan oficialmente muestran que poco ha cambiado.
En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el 76% de los casos investigados por la Fiscalía involucran corrupción en hospitales.
La Fiscalía allanó Hospital del IESS de Babahoyo, por presunto sobreprecio en compra de insumos médicos, el 8 de mayo. Fiscalía
Desde que empezó la emergencia, no hay responsables claros en ningún caso. Si bien la Fiscalía y la Contraloría llevan adelante decenas de investigaciones y auditorías, la Justicia deberá definir, al final de los debidos procesos quiénes fueron los culpables.
La responsabilidad política no se ha mencionado. Si la Asamblea Nacional antes de la emergencia no rendía frutos en su tarea de fiscalización, ahora lo hace menos.
El Ejecutivo tampoco asume responsabilidades en cuanto a los casos de corrupción. Las máximas autoridades de las entidades cuestionadas renuncian a sus cargos y son reemplazados sin comentarios al respecto, más allá de la muletilla de “caiga quien caiga”.
Quiénes son los actores de la lucha anticorrupción
El Estado ecuatoriano y sus leyes establecen dos entidades específicas con capacidades y competencias para luchar contra la corrupción: la Contraloría y la Fiscalía General del Estado.
Ambas instituciones tienen casi 100 años de historia.
La primera es el organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. La segunda se encarga de las investigaciones y procesos penales para llevarlos ante la Justicia.
Pero desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, en 2008, hubo algunos ajustes. Ahí se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que debe establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público.
Y el año pasado -en febrero de 2019- el Gobierno creó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, que ha cambiado de titular en tres ocasiones. Y que ahora está en el ojo de una disputa política.
El Decreto 665 que dio vida a la institución le otorga la facultad de proponer directrices para la generación de políticas públicas y acciones que faciliten la denuncia de los actos de corrupción.
Todos contra todos
Pese a que las competencias parecen estar legalmente claras en el ámbito de la lucha contra la corrupción, ahora todos quieren ser investigadores.
Diana Salazar, titular de la Fiscalía, envió una carta al presidente Lenín Moreno, el 6 de mayo de 2020, alertando sobre los problemas que puede causar la interferencia de la Secretaría Anticorrupción en las investigaciones penales.
Según la Fiscal los requerimientos de información del secretario José De la Gasca “elevan el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia”.
Salazar añade que, en el marco de la anunciada política de austeridad, es “imperioso” que el Ejecutivo analice si beneficia al país financiar a una institución pública cuyas intenciones de investigación le atañen la Fiscalía.
José De la Gasca en el hospital de Los Ceibos, en Guayaquil, el 8 de mayo de 2020, tras las denuncias de sobreprecio en compras médicas. @SecAnticorrup
De la Gasca defendió su trabajo ante la Asamblea Nacional y dijo que en ningún caso la Secretaría interfiere en las competencias legales de la Fiscalía, pero sí comentó que la lucha contra la corrupción no alcanza sólo con la lucha contra el delito.
En su comparecencia del 11 de mayo afirmó que “hemos podido desentrañar, creemos, buena parte de estos mecanismos, de estos modus operandi, que existen para desviar los recursos del Estado”. E insistió en que esta es una lucha de todos.
Pero la carta de Salazar abrió paso a varias quejas en contra de la naturaleza de la Secretaría Anticorrupción, por interferencias o desperdicio de recursos públicos en época de emergencia sanitaria y de crisis económica.
El 13 de mayo, el Pleno del Consejo de Participación fue más allá y solicitó directamente al Presidente la eliminación de la Secretaría por no tener competencias legales ni constitucionales para investigar. “Y por no haber demostrado un aporte significativo a la lucha contra la corrupción”.
Además, el Consejo pidió “que los recursos que actualmente ocupa la Secretaría se destinen a los sectores de salud y educación”.
Esa misma noche, en una entrevista en Teleamazonas, el contralor Pablo Celi apoyó las observaciones legales hechas por la Fiscalía.
Más allá de la buena voluntad de la iniciativa, señaló, “la Secretaría no tiene las competencias legales y técnicas para hacer investigaciones, por lo que su actuación genera distorsiones y contradicciones interinstitucionales”.
Celi reconoció que en este momento el Ejecutivo debe contraer el tamaño del Estado y racionalizar el uso de recursos públicos, por lo que debería analizar mantener a la Secretaría.
El jueves 14 de mayo, se sumaron a las peticiones de que la Secretaría respete la independencia de funciones y no interfiera en su trabajo fueron el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante una intervención ante la prensa el 12 de marzo de 2020. Cortesía
Desde el Ejecutivo, fue la Ministra de Gobierno la que acudió en defensa de De la Gasca, según dijo, por pedido expreso del presidente Moreno.
La ministra María Paula Romo explicó que en ningún momento se pretende tener una duplicidad de funciones o desconocer aquellas que le corresponden exclusivamente a la Fiscalía.
Pero argumentó que, “a su forma de ver, la entidad que debería desaparecer es el Consejo de Participación Ciudadana“. Porque tiene 290 funcionarios y “no se ven muchos resultados al respecto en cuanto a participación ciudadana”. El mismo argumento que usó el Cpccs para desacreditar a la Secretaría Anticorrupción.
Mientras todas las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, al menos en concepto, discuten sobre sus competencias, las mayores denuncias siguen llegando desde los medios de comunicación y desde la sociedad civil.
Tanto que la Comisión Nacional Anticorrupción, un organismo no gubernamental que ha tomado relevancia por algunas de sus investigaciones, también se sumó a la petición de suprimir la Secretaría y de reorientar el Servicio de Contratación Pública (Sercop), ante la ola de casos de casos de corrupción en la emergencia.
¿Cuál es el precio de la corrupción?
Según Transparencia Internacional la corrupción toma muchas formas:
- Servidores públicos exigiendo o tomando dinero o favores a cambio de servicios.
- Políticos mal utilizando los recursos públicos u otorgando cargos públicos o contratos a sus auspiciantes, amigos o familiares.
- Corporaciones sobornando servidores públicos para obtener tratos lucrativos.
La corrupción puede ocurrir en cualquier lugar: negocios, gobiernos, cortes, medios, sociedad civil.
Puede involucrar a cualquiera: políticos, oficiales del gobierno, servidores públicos y ciudadanía. Y sucede con la ayuda de expertos, como banqueros, abogados, contadores, agentes de bienes raíces, sistemas financieros opacos y compañías de papel, entre otros, que ayudan en los esquemas de corrupción.
Además, la corrupción se adapta a los contextos y circunstancias y evoluciona en respuesta a los cambios de sistemas y legislaciones.
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