En medio de denuncias periodísticas, de la sociedad civil y de la ciudadanía, la Fiscalía y la Contraloría han iniciado una serie de investigaciones para determinar si hay irregularidades o delitos en más de 50 entidades públicas, la mayoría hospitales.
La emergencia sanitaria creó el escenario perfecto para que las contrataciones “a dedo” y con sobreprecios afloraran en el sector público. El primer gran escándalo fue el caso ‘mascarillas’ del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En este se intentó comprar mascarillas a USD 12 cada una, entre otros insumos, por un contrato total de USD 9,4 millones.
El caso le costó el puesto a tres altos funcionarios de la entidad y, a mediano plazo, también al expresidente del Consejo Directivo, Paúl Granda, quien fue reemplazado por Jorge Wated.
Imagen del Hospital del IESS de Los Ceibos, en Guayaquil, tomada el 5 de mayo de 2020. Marcos Pin / API
Un mes después del allanamiento a la matriz del IESS por ese caso, el siguiente escándalo que sacudió al país fue el del sobreprecio en las bolsas para cadáveres, en el hospital de Los Ceibos, en Guayaquil. También del IESS.
Ahí se adquirieron 4.000 bolsas a USD 148 cada una, junto con otros insumos en un contrato total de USD 872.000. La Fiscalía investiga otros 11 casos después de este.
Entre ellos el denunciado por PRIMICIAS sobre el sobreprecio de 7.000 kits alimenticios adquiridos por la Secretaría de Riesgos, por el cual se formularán cargos en contra de Alexandra Ocles y otros cuatro funcionarios el lunes 18 de mayo.
La última investigación de la Fiscalía involucra a tres hospitales de Los Ríos y los allanamientos fueron la tarde del 13 de mayo de 2020, también por posibles irregularidades en procesos de compras de insumos.
Ante las constantes denuncias de la prensa, la sociedad civil, la ciudadanía e, incluso, algunas autoridades, la Fiscalía y la Contraloría inician nuevas investigaciones cada semana, hasta ahora estas alcanzan 15 provincias.
La Contraloría lleva adelante 52 exámenes especiales. Y ha emitido dos informes con indicios de responsabilidad penal: uno por el caso ‘mascarillas’ del IESS y otro por el caso ‘kits alimenticios’ de la Secretaría de Riesgos.
Mientras tanto, hasta la tarde del 13 de mayo, la Fiscalía había realizado 23 allanamientos relacionados con delitos de corrupción en entidades públicas, la mayoría hospitales.
Una docena de estos allanamientos e investigaciones previas se deben a compras irregulares hechas por las instituciones públicas, especialmente de insumos médicos y fármacos.
Pero las casas de salud también están envueltas en investigaciones por incumplimiento en la identificación de cadáveres, cobros indebidos para entregar cadáveres, desatención en salud, entre otros.
Además, entre estas investigaciones de la Fiscalía constan también presuntos delitos como el una posible red de corrupción, que estaría inmersa en el Ministerio de Finanzas.
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