Manifestaciones sociales, entre el uso del espacio público y de la fuerza

El descontento social en la región crece y las manifestaciones se multiplican. Las consecuencias de la pandemia de covid-19 implican que la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas este año, lo que conllevaría un alza significativa en los niveles de hambre.

Así lo sostiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en uno de sus informes.

La severa crisis económica que golpea a los estados y la población, por las medidas de restricción para reducir los contagios, se suman a la insatisfacción previa que ha ido estallando en varias ciudades del continente, por diversos factores.

Y, aunque la pandemia bajó los niveles de confrontación social en los primeros meses, ahora las manifestaciones vuelven a las calles y se toman las ciudades. Santiago, Bogotá y Quito han sido algunos de los escenarios de protesta frecuente.

Con las experiencias de las últimas protestas previas a la pandemia, en las grandes urbes se debate ahora la toma del espacio público como legítimo lugar de protesta y el cuidado del patrimonio histórico y propiedades privadas de las ciudades, cuando las manifestaciones se tornan violentas.

El ultimátum de las autoridades locales

El espacio público es una forma de democracia y, generalmente, las ciudades que acogen al poder político nacional prestan sus calles y plazas para acomodar a cientos y miles de personas que desean expresar su derecho a la protesta.

Sin embargo, con las crecientes crisis sociales y políticas a lo largo de la región, el estallido social ha tomado fuerza y la represión gubernamental también. Por lo que, el escenario de las manifestaciones, puede convertirse en un campo de enfrentamiento y los espacios públicos terminan afectados.

Es así que en medio del descontento social de la población y las decisiones de los gobiernos nacionales, las autoridades locales intentan defender sus espacios, sin limitar el derecho a la resistencia, ya que al final del día son los que deben reconstruir lo afectado.

Sin contar que las movilizaciones también afectan el flujo económico de las ciudades y sus negocios.

En Quito, después del paro de octubre de 2019, las autoridades locales rechazaron los daños al patrimonio público y privado. Y el concejal Omar Cevallos planteó incluso un proyecto de ordenanza que regula la responsabilidad y sanciones por daños al espacio público en el marco de reuniones y manifestaciones.

Es así que cuando varios sectores sociales agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunciaron nuevas movilizaciones para este 22 de octubre en varias capitales de provincias, las autoridades tomaron medidas.

En mesa compartida, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, y el alcalde capitalino, Jorge Yunda, explicaron el contingente y operativos de control que desplegarían para precautelar el orden.

Aunque el alcalde optó por persuadir a los manifestantes a expresarse pacíficamente, la ministra agregó que si cualquier protesta se torna violenta, “la Policía responderá, como es su trabajo y su responsabilidad”.

La Policía esperaba un escenario complicado, con 17 marchas, 13 plantones, seis posibles cierres de vías y cuatro caravanas. Incluso analizaron la posibilidad de que la protesta se prolongara por varios días. Y la estrategia era proteger la ciudad con 2.400 uniformados.

El Municipio tampoco se quedó atrás y puso todo su contingente en las calles, para colaborar con la Policía y las Fuerzas Armadas. "Aquí defenderemos a Quito", sentenció el alcalde. Aunque, finalmente, la manifestación en la capital transcurrió en relativa calma.

Si hay un acto vandálico, actuaremos con la ley en la mano y que se atengan a las consecuencias legales

Jorge Yunda, alcalde de Quito

Precisamente, la vecina Bogotá también se preparó para recibir a una marcha de unos 7.000 indígenas este 19 de octubre. La misma alcaldesa Claudia López les dio la bienvenida en la Plaza de Bolívar, centro del poder político de Colombia, haciendo un llamado a la paz y exhortó al presidente Iván Duque a que los atienda y escuche sus demandas.

Pero ya en junio, López había advertido: "Yo no puedo negar el derecho a convocar marchas, pero al primer acto vandálico, si lo que hay es violencia, van a encontrarse con el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), porque no podemos permitir que, además de que generar aglomeración, salgan a destruir lo poquito de patrimonio público que tenemos".

Y algo similar pasa en Santiago de Chile. Allí las protestas se reactivaron también un año después. El alcalde Felipe Alessandri dijo que: "Nosotros como alcaldía no podemos más. Invertimos 3.000 millones que no teníamos en recuperar la ciudad, es realmente decepcionante".

Y agregó que ahora "no le tenemos miedo a ejercer la autoridad, porque tenemos que poner orden, porque estoy seguro de que somos millones de chilenos y chilenas que queremos paz".

El uso de la fuerza en las manifestaciones

A la par que el descontento social sube, la violencia en las manifestaciones y la represión policial también. Es por eso que las fuerzas del orden en los distintos países están bajo observación, por posibles violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza.

La actuación de los carabineros de Chile, por ejemplo, está bajo cuestionamientos internacionales, especialmente por los cientos de personas que perdieron sus ojos a causa de la represión policial. Aunque el gobierno insiste en que no existe "una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes".

En el contexto ecuatoriano también hubo acusaciones similares, aunque en menor magnitud, tras las protestas de octubre de 2019. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó la reparación integral a las víctimas y los familiares de los fallecidos.

La misma CIDH también expresó su reciente condena por "los hechos de brutalidad y abuso policial sucedidos el 8, 9 y 10 de septiembre", donde hubo cientos de heridos y al menos 13 fallecidos.

En Ecuador, la ministra de Gobierno, que está siendo juzgada políticamente en la Asamblea, por la represión de las protestas de 2019, acepta que la discusión regional sobre el uso de la fuerza y la actuación de los cuerpos policiales es importante para las sociedades democráticas.

La pregunta de fondo es ¿hasta dónde puede llegar la policía en las manifestaciones que se tornan violentas? Y, aunque aún no hay una respuesta aún, en el escenario latinoamericano sí se prevé que el descontento social y las protestas se incrementen debido a la crisis económica.