El documento, redactado en 2014, sirvió de base para el trabajo de las Fuerzas Armadas en la revuelta de octubre de 2019.
La acción militar en las calles ha sido observada por dos aspectos en los últimos meses. Uno, por el rol que jugó durante el paro nacional de octubre de 2019.
Dos, por su colaboración con la Policía Nacional en el control de la seguridad interna, en medio de la denominada Gran Cruzada por la Seguridad Nacional.
La Constitución del Ecuador no faculta a las Fuerzas Armadas para el control urbano; el artículo 158 las limita a la salvaguardar la soberanía e integridad del Estado. Sin embargo, un manual interno norma su funcionamiento en este tipo de incursiones.
Este documento tiene una sola edición y fue escrito en 2014, durante el gobierno de Rafael Correa, cuando la excanciller del morenismo, María Fernanda Espinosa, era ministra de Defensa.
El marco legal
Según el propio documento, este tipo de manuales se han redactado “por la evolución del rol militar en el mundo”. Las operaciones están cada vez más lejos de los conflictos armados.
El trabajo de las Fuerzas Armadas en Ecuador está normado por la Constitución, los convenios internacionales, además de las leyes y los decretos locales. En total hay 10 documentos:
- Constitución (2008)
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
- Convención Americana de los Derechos Humanos (1978)
- Cuatro convenios y dos protocolos de Ginebra (1949 y 1977)
- Estatuto de Roma (1998)
- La Convención de la Haya (1954) y sus protocolos (1954 y 1999)
- Código Orgánico Integral Penal
- Ley de la Defensa Nacional
- Ley de Seguridad Pública y del Estado
- Decreto Ejecutivo 433 (2007)
En ninguna de estas normas se habla de la acción militar en las calles. Por ello se habló de que los militares actuaron, en las protestas de octubre y en la cruzada, sin marco legal.
Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, aclaró que sí existe una norma: el Manual de Derecho en las Operaciones Militares.
Uso progresivo de la fuerza
Uno de los aspectos que más polémica causó, en relación a las protestas de octubre, fue el uso progresivo de la fuerza.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, emitió un informe al respecto.
El documento expresa su preocupación por denuncias de detenciones arbitrarias y el uso de la fuerza en el marco de las manifestaciones. El organismo internacional pidió investigarlas.
La Policía Nacional, por su naturaleza, cuenta con una legislación interna para hacerlo, dependiendo del nivel de agresividad del sujeto a controlar.
Algo similar ocurre con las Fuerzas Armadas. El Manual detalla cuatro niveles:
Escala racional del uso de la fuerza en el marco de los Derechos Humanos. Comando Conjunto de las FF.AA.
Pese a esta directiva escrita, en la revuelta de octubre el Ministerio de Defensa limitó el accionar de respuesta hasta el nivel 3. Jarrín considera que los militares pudieron llegar a la fase más fuerte que incluye armas de fuego.
Luego de los hechos de octubre, el Ministerio de Defensa emitió una nueva directiva que complementa el Manual de Derecho. El objetivo, según Jarrín, es controlar los grupos insurgentes que se evidenciaron en las protestas.
Los militares han solicitado que se mejoren las condiciones para actuar en las calles. Fabián Fuel, director de operaciones del Comando Conjunto, dijo que ahora deberán identificar, aislar y neutralizar a delincuentes y terroristas. Para esto no cree que baste con una directiva o un manual.
“Necesitamos que se revisen las leyes, necesitamos equipamiento. Esta inversión será en beneficio de un bien público: la seguridad de los ecuatorianos”.
Fabián Fuel, durante la ceremonia por el Día del Paracaidista
El comandante del Comando Conjunto, Luis Lara, lo pidió en su posesión. El uniformado dijo que “es imprescindible protección legal para a las operaciones del personal militar“.
Lara tiene como una de sus principales misiones comandar el cambio de las Fuerzas Armadas a este nuevo escenario.
El ministro Jarrín aclaró que su nombramiento, y el cese de la anterior cúpula, no respondió a una desobediencia militar durante las protestas. Sino que la experiencia y especialización de Lara son óptimas para combatir la insurgencia.
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