Jueves, 25 de abril de 2024

Moreno desafía a la oposición con Romo a la cabeza de su terna

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

11 Jul 2020 - 0:05

Autor: Redacción Primicias

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11 Jul 2020 - 0:05

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una comparecencia ante la Asamblea el 19 de febrero de 2020. - Foto: Ministerio de Gobierno

La ministra de Gobierno es la primera opción del Ejecutivo para la Vicepresidencia. En su contra pesa un pedido de juicio político que no ha sido tramitado, y otro en el limbo. Entre los legisladores hay más resistencias que respaldos.

Apenas horas después de que la Asamblea aceptara la renuncia de Otto Sonnenholzner a la Vicepresidencia el 10 de julio de 2020, el oficio con la terna de nombres de los postulantes para su reemplazo ingresó al Legislativo.

El primer nombre de la lista no causó sorpresa. Era un secreto a voces que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sería parte de la lista. El segundo nombre no era esperado pero resultó obvio: el secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán.

Ambos parte de la conocida 'mesa chica' y del movimiento Ruptura 25.

Y el último no generó adhesiones ni resistencias ya que políticamente es un perfil desconocido: María Alejandra Muñoz, la directora del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Cargo al que llegó en septiembre de 2018.

Los dos primeros perfiles hacen que los legisladores de la oposición sientan que el presidente Lenín Moreno no tiene la voluntad de cambio, ni de refrescar al Ejecutivo, y que quiere seguir gobernando con su círculo íntimo.

El reto: alcanzar los votos

El panorama para la terna aún es incierto. Las bancadas de momento no dan a conocer sus posiciones consolidadas y los asambleístas prefieren mantener sus criterios como personales.

La Asamblea necesita 70 votos para posesionar al nuevo vicepresidente, un número que Alianza PAIS no logra en solitario. Y los cálculos se darán durante el fin de semana, ya que es probable que la convocatoria para analizar la terna sea para el lunes 13 de julio.

El oficialismo cuenta con 42 votos, que no siempre han sido fiables. Además, el titular del Legislativo, César Litardo, está ausente porque es uno de los contagiados de covid-19.

El segundo bloque con mayor presencia es el de la Revolución Ciudadana, que cuenta con 29 miembros. Y no prestarán sus votos para darle la Vicepresidencia a Romo.

A través de un comunicado, la cuestionaron por ser “responsable de la muerte de 12 personas y la detención ilegal de más de 1.200” durante el paro nacional de octubre de 2019.

Lo mismo sucede con la bancada socialcristiana. Aunque no se han reunido oficialmente, su coordinador, Henry Cucalón considera que sus compañeros tampoco prestarían sus votos para ello. "El Gobierno nacional ha tornado intrascendente quien ocupe la Vicepresidencia", dice.

Pero el legislador del PSC recuerda que, legalmente, el país necesita un Vicepresidente. Y advierte que éste no debe entrar por 'la ventana', es decir por el ministerio de la ley, esperando a que se venza el plazo para que Romo obtenga en cargo automáticamente.

Los votos de Creo son cruciales para esta designación, pues suman 18 legisladores. Pero dentro de la bancada tampoco hay una posición oficial aún.

Luis Pachala, coordinador del bloque, aseguró que tendrán una reunión el 13 de julio por la noche para tomar una decisión sobre si apoyarán o no a Romo. Aún así, cree que los tres nombres enviados por Moreno no “refrescan la línea” del Gobierno.

Su compañero de bloque, Homero Castanier, no considera que Creo debería apoyar ninguno de los tres nombres. Por eso, planteará a su agrupación el votar en contra de la terna para la Vicepresidencia.

Raúl Tello cuenta que la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) no suele votar de manera conjunta en estos temas, pero que tampoco cree que sus ocho integrantes apoyen a la ministra de Gobierno.

Mientras que los cuatro miembros de SUMA tomarán una decisión este 11 de julio, confirmó su coordinador, Sebastián Palacios. Pero sabe que, al final, los votos no importan ya que si el Legislativo no toma una decisión, Romo llegará al cargo automáticamente.

Eddy Peñafiel, coordinador de la Bancada de Integración Nacional (BIN), aseguró que también tienen prevista una reunión para analizar la terna.

Adelantó que él votará a favor de la propuesta, pues considera que es responsabilidad del Presidente nombrar para segundo mandatario a quien tenga su confianza.

Sin embargo, no cree que el resto de la bancada desee apoyar la postulación de Romo. El BIN está integrado por legisladores de Pachuakutik, que también cuestionan a la Ministra por la respuesta policial en el paro nacional.

El juicio político pendiente

El nombre de María Paula Romo aparece en la terna mientras en la Asamblea está pendiente un juicio político en su contra, planteado por los legisladores Amapola Naranjo (RC), Roberto Gómez (independiente) y Lourdes Cuesta (independiente).

La acusan de incumplimiento de funciones, por su actuación durante el paro nacional. Uno de los puntos principales del juicio es el presunto uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes.

La petición se presentó el 15 de enero de 2020 y aún no ha sido calificada por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).

Naranjo cree que hay una intención de proteger a la Ministra y que el CAL no está cumpliendo su trabajo. Asegura que insistirá en que el proceso avance, así llegue a ser nombrada Vicepresidenta.

Este es el tercer intento de fiscalizar a Romo. Una anterior iniciativa de juicio político, impulsada por los mismos tres legisladores, no logró ser aprobada en la Comisión de Fiscalización y quedó en el "limbo".

Para ese entonces, Creo aún era aliado de PAIS, y sus votos impidieron que el proceso pase al Pleno de la Asamblea.

Pachala señala que, si bien este juicio político pendiente no es un impedimento para que Romo sea incluida en la terna e incluso designada vicepresidenta, es un tema que el presidente Lenín Moreno sí debía tomar en cuenta.

Si el proceso de fiscalización lograra prosperar, la Vicepresidencia quedaría en manos de una funcionaria pública censurada por la Función Legislativa, aunque esto tampoco le impida legalmente seguir ejerciendo dicho cargo.