Además del caso Las Torres, la Fiscalía abrió tres investigaciones en contra del contralor Pablo Celi. En la Asamblea, además, empezó el trámite para un juicio político.
La Fiscalía lleva 77 días de investigación en el caso Las Torres. La entidad intenta recabar pruebas para llevar a juicio a 13 personas, que supuestamente conformaron una estructura de delincuencia organizada.
A la cabeza de este grupo, presuntamente, está Pablo Celi, contralor general subrogante. Él está detenido, desde el 13 de abril de 2021, en la Cárcel 4. Ha intentado ser liberado tres veces, pero todos sus pedidos fueron rechazados.
Las pruebas recabadas deberían servir a la Fiscalía para demostrar la teoría del caso Las Torres: la exigencia de sobornos a cambio del desvanecimiento de glosas y el pago de planillas atrasadas a Nolimit, empresa proveedora de Petroecuador.
Pero, en el camino la Fiscalía se ha encontrado con otros indicios.
"Hemos logrado tener información relevante que desprendería otras conductas penales y que ya forman otras investigaciones".
Diana Salazar, fiscal general, en una audiencia el 21 de junio de 2021.
En concreto, la Fiscalía ha abierto tres investigaciones más. En las tres es investigado Pablo Celi y se persiguen delitos como el tráfico de influencias y otros en contra de la eficiencia de la administración pública.
Los nuevos casos
Estos son las investigaciones que están en marcha. Todavía están en etapa previa. Es decir, son reservadas y la Fiscalía todavía no ha formulado cargos contra ninguna persona.
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La glosa de Claro
Este caso se abrió con base en un chat encontrado en el teléfono de Pablo Celi. Los mensajes provienen del número de una exfuncionaria de la Contraloría.
Luego de ser desvinculada de la entidad, esta funcionaria escribió a Celi y le dijo que pese a su despido nunca se atrevería a decir nada de todo lo que tuvo que desvanecer, incluyendo el caso de Claro.
Este chat se complementa con la versión de otro subalterno de Celi. El 13 de abril, este funcionario dijo que Celi le pidió que elaborará el proyecto de desvanecimiento de una glosa por USD 112 millones a favor de Claro.
La telefónica en un comunicado negó cualquier irregularidad. En un comunicado explicó que la predeterminación inicial de una glosa por la Contraloría fue desestimada "luego de evaluar las pruebas aportadas a través de la intervención de expertos internacionales".
La @FiscaliaEcuador recolecta pruebas que refuerzan su teoría en el caso Las Torres y el supuesto desvanecimiento de glosas ordenado por Pablo Celi. » https://t.co/uWkRXrz6MR
— Primicias (@Primicias) June 25, 2021 -
Proyecto hídrico en Chimborazo
También se abrió una investigación por presunto tráfico de influencias. El hecho fue denunciado por Gonzalo Alulima, un consultor en temas hídricos en la provincia de Chimborazo.
Alulima, quien fungió como gerente de un proyecto hídrico en Chimborazo, también dio su versión libre ante la Fiscalía. Y habría denunciado como en la Contraloría de Celi se negociaba para otorgar beneficios a terceros.
Alulima dijo en su versión que intentó informar sobre las irregularidades al contralor Celi, pero que no lo atendió.
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Prefectura de Pastaza
La tercera investigación tiene que ver con la Prefectura de Pastaza. El 3 de mayo de 2021, Cumandá Guevara, viceprefecta de esa provincia, dio su versión ante la Fiscalía.
Según su relato, en 2019, ya con Celi a la cabeza de la Contraloría, un funcionario de esa entidad le solicito dinero para supuestamente emitir un informe que dejaría fuera del cargo al Prefecto de Pastaza.
Guevara entregó a la Fiscalía un audio en el que grabó al funcionario que le solicitó el dinero.
En la Contraloría de Pablo Celi se habría negociado hasta el mantener a autoridades destituidas por mala conducta. » https://t.co/7CIK2yQiVZ
— Primicias (@Primicias) May 28, 2021
Juicio político
Entre tanto, el 29 de junio de 2021, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, finalmente, avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del contralor Pablo Celi.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea resolvió este 29 de junio de 2021 avocar conocimiento del juicio político contra el contralor Pablo Celi. AN
Con esa acción de la Comisión, según lo que ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFJ) empiezan a correr los plazos para conocer si Celi será enjuiciado en el Pleno de la Asamblea.
- Primero, la Mesa tiene cinco días para calificar el pedido de juicio político y verificar que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución. Por ejemplo, que tenga al menos 34 firmas de respaldo.
- Una vez calificado el trámite, la Comisión notificará a Celi con el inicio del proceso. Y el funcionario tendrá 15 días para presentar sus pruebas de descargo. El asambleísta proponente, Juan Lloret (correísmo), tendrá el mismo plazo.
- Posteriormente, habrá un plazo de 10 días para que las partes expongan sus pruebas. Esto se realizará ante la Comisión de Fiscalización.
- Luego la Comisión tendrá cinco días para aprobar un informe en el que recomiende la realización del juicio a Celi o el archivo de la solicitud. Ese plazo puede extenderse por cinco días más.
- La Secretaría de la Asamblea tendrá dos días para difundir ese informe al funcionario y a los 137 asambleístas. Y la presidenta Guadalupe Llori tendrá cinco días más para convocar al Pleno para el posible juicio.
En total, si la Comisión, la Secretaría y la Presidenta de la Asamblea se toman el total de los plazos para cada acción, la decisión sobre la censura y destitución de Celi o el archivo del caso podría conocerse en unos 47 días. Es decir, hasta el 15 de agosto de 2021.
Unos días antes, el 13 de agosto de 2021, en cambio, concluirá la instrucción fiscal en el caso Las Torres. En ese momento se conocerá si la Fiscalía acusa a Celi de delincuencia organizada y si la justicia lo llama a juicio.
Del lado penal, solo con una sentencia ejecutoriada Celi podría perder su cargo. Mientras que en el área política, una censura de la Asamblea terminaría con su destitución.
Mientras tanto, desde la Cárcel 4 Celi seguirá ostentando el cargo de contralor subrogante. Al momento cuenta con una licencia por contagio de Covid-19. Y, posteriormente, su defensa ha anunciado que tomará los 58 días de vacaciones que tiene acumulados.
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