El excontralor Pablo Celi compareció ante la Comisión de Fiscalización para defenderse, mediante el ataque, en el proceso de juicio político en su contra. Aseguró que todo el proceso de juicio político genera presiones a los jueces y a la Fiscalía en su proceso penal.
Noticia actualizada a las 19:45 del 26 de julio de 2021 con avances del proceso.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió, el lunes 26 de julio de 2021, al excontralor Pablo Celi, para que presente su defensa en el proceso de juicio político en su contra.
El exfuncionario llegó hasta el edificio del Legislativo, a pesar de que cumple prisión preventiva por su supuesta vinculación en el caso Las Torres.
Celi comenzó su comparecencia con críticas a la Comisión de Fiscalización. Acusó a los legisladores de desconocimiento de sus funciones como subcontralor y luego como contralor subrogante. Les dijo, además, que no están actuando de manera objetiva, pues han anticipado criterios en su contra, lo que se consideraría prevaricato si fueran jueces.
El excontralor habló durante casi tres horas. En su conclusión, aseguró haber desvirtuado cada una de las causales de las que se le acusa. “Mis actuaciones como autoridad de control se han dado con apego a la Constitución y a la ley”, dijo.
Además aseguró que todo el proceso de juicio político genera presiones a los jueces y a la Fiscalía en el proceso judicial en su contra, lo que violenta la Constitución y la Ley. Se declaró víctima de una “persecución política”.
“Usar el proceso penal como causal de juicio político está invalidando la actuación de otras funciones del Estado, independientes del Legislativo”
Pablo Celi, excontralor
Su legalidad como contralor encargado
Celi inició su intervención con la primera causal de la que se le acusa, que es la ilegalidad de su actuación como contralor encargado. Su predecesor, Carlos Pólit, aseguró en días pasados que Celi “se tomó la Contraloría por asalto”.
Frente a esto, defendió su nombramiento. Dijo que su ascenso a la Contraloría fue legal, y que prueba de ello es la sentencia en contra de Sabett Chamoun, por usurpación del cargo.
Cuestionó a la Comisión de Fiscalización especialmente por la invitación a Carlos Pólit, a la que acusó de estar llena de falsedades. Dijo que el trámite del informe sobre la comisión del 30S era plena facultad de Pólit, y que él no conocía al respecto.
Celi llamó “una burla a la memoria del país” el hecho de que Fiscalización haya llamado a comparecer a Pólit y a Chamoun.
“Han desfilado por esta Comisión personas con sentencia ejecutoriada, desconociendo procesos previos, para generar confusión en el país”.
Pablo Celi, excontralor
Defendió su gestión, con la que -según dijo- logró rescatar la institucionalidad de la Contraloría.
El caso Las Torres
Celi cuestionó que las pruebas del caso judicial en su contra se usen como causal de incumplimiento de funciones para buscar su censura. Aseguró que estar vinculado en la causa no sirve para un juicio político, “por más que el interpelante busque torcer la ley”.
Agregó que la Contraloría es un organismo técnico, cuyas actuaciones están normadas en la Constitución, las leyes y los reglamentos.
“Me gustaría saber quién de los que acusa conoce de manera profesional toda esta normativa. Estoy seguro que, si así fuese, no tendría que escuchar tantas barbaridades”.
Pablo Celi, excontralor
Celi aseguró que una supuesta red, como se acusa, tendría que existir en toda la estructura de la Contraloría “a los ojos de todos sus funcionarios“. “Estamos absolutamente equivocados. No se puede ser tan ignorante”, dijo.
Sobre el desvanecimiento de glosas del que se le acusa en la causa penal y en el juicio político, aseguró que ese es un derecho constitucional. Calificó como “fantasmagóricas” las acusaciones sobre este desvanecimiento, pues esto está normado en la ley como derecho al debido proceso.
Señaló que las glosas son predeterminadas, y los señalados pueden presentar descargos. Por lo que es normal y legal que se desvanezcan glosas. “No pueden inventarse hechos ni inventarse responsabilidades (glosas)”, dijo.
Además aseguró que, mientras no tenga una sentencia ejecutoriada, él sigue siendo inocente. Por lo que las pruebas que esgrime la Fiscalía no serían válidas en el juicio político. “Se está anticipando criterio, como si el asambleísta ya supiese a dónde va ese enjuiciamiento final”, dijo.
El contrato con la empresa de Daniel Salcedo
El excontralor aseguró que no participó en ninguna fase del proceso de contratación a la empresa HDC Producciones, cuyo accionista y gerente es Daniel Salcedo, procesado por corrupción y vinculado a la familia Bucaram.
Aseguró que, después de las denuncias, él personalmente pidió que inicie un proceso de auditoría al proceso de contratación.
“La suscripción del contrato con HDC no se da por delegación del contralor para ese proceso. Se da por delegación para todos los procesos de contratación”, aseguró.
La eliminación de cuatro organizaciones políticas
Sobre el examen especial que recomendó la eliminación de cuatro organizaciones políticas, señaló que este cumplió con todas las fases legales y de defensa. Celi ratificó que el examen fue al Consejo Nacional Electoral (CNE), y no a los movimientos políticos.
El pedido de eliminación -dijo- fue un pedido de acciones correctivas, pues no se habían verificado los registros de adherencia a los movimientos políticos. “Lo que más enardece a la bancada interpelante (UNES) es que la Contraloría no podía ocultar estas irregularidades”, dijo.
Cuestionó que desde el CNE se hable de una “intromisión en el proceso electoral“.
La respuesta de los asambleístas
Los legisladores hicieron preguntas y escucharon las respuestas de Celi durante dos horas y media. Sus principales críticas al excontralor fueron reclamos por los “epítetos” que el excontralor lanzó durante sus tres horas de comparecencia.
Las preguntas se centraron en las seis causales del juicio político, pero también se desviaron a temas ajenos al proceso. Hubo preguntas sobre presiones políticas, sobre su participación en el paro nacional de octubre de 2019, sobre la reforma a la Contraloría como institución, sobre informes de responsabilidades penales, sobre su familia…
Los asambleístas también aprovecharon sus intervenciones para hablar de la objetividad del proceso juicio político y de cómo se estaba garantizando a Celi el derecho a la defensa.
Con el cierre de las comparecencias, la Comisión de Fiscalización deberá entrar a la redacción del informe para el Pleno, en el que puede recomendar o no el juicio político y la censura del excontralor.
Si llega a ser censurado, no podrá ejercer cargos públicos durante dos años.
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