El juicio político contra el contralor se desarrollará por un supuesto incumplimiento de funciones que van desde su nombramiento en 2017 hasta sus acciones relacionadas con las organizaciones políticas y las elecciones. El proceso durará alrededor de un mes.
Los frentes que el contralor Pablo Celi debe encarar se amplían con el inicio del proceso de juicio político en su contra en la Asamblea. El funcionario deberá enfrentar las acusaciones por un supuesto incumplimiento de funciones, que podrían terminar en su censura y destitución.
Los señalamientos contra Celi, sin embargo, no se centran solamente en los presuntos delitos que la Fiscalía investiga. El proceso de fiscalización en el Legislativo analizará seis causales políticas, que van desde su mismo nombramiento como contralor subrogante.
El proceso es impulsado por el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), que lo planteó en el anterior período, el 5 de mayo de 2021. El correísmo ha cuestionado el nombramiento del Contralor desde hace años, pero la solicitud se oficializó después de la detención de Celi, en abril pasado.
Este 30 de junio de 2021, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político contra Celi. Con lo que los plazos comienzan a correr y, en poco más de un mes debería estar listo el informe que recomiende o no su censura y destitución.
Procesos independientes
El proceso que la Asamblea comenzará es totalmente independiente al de la Fiscalía, pues investigará la responsabilidad política de Celi.
Es también la única salida rápida para separarlo del cargo, que sigue ejerciendo desde la Cárcel 4, en donde está recluido. Si el contralor llegara a salvarse del juicio político, podría seguir ejerciendo al menos hasta que cumpla su tiempo de licencia y vacaciones.
Pero, el panorama político no es favorable para Celi. Será el primer proceso de fiscalización en la nueva Asamblea, que busca mejorar su imagen. Por lo que las bancadas difícilmente se opondrán a su censura y destitución.
Las seis causales
La acusación contra Celi se centra en un presunto incumplimiento de funciones, que se materializaría en seis causales. La Comisión de Fiscalización deberá analizar cada una de ellas:
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Su designación en 2017
El contralor Pablo Celi llegó a su cargo como subrogante en medio de polémica en 2017. Su predecesor, Carlos Pólit, abandonó el país con vacaciones, en medio de críticas por su vinculación en el caso Odebrecht. Pero antes de irse, separó a Celi como segundo a cargo, y dejó a cargo de la Contraloría a Sabett Chamoun.
En un video filtrado, se puede ver a Celi rompiendo los documentos que lo separaban del cargo y nombraban a Chamoun. Finalmente, él mismo firmó un acuerdo en el que subroga el cargo de contralor.
Según el pedido de juicio político, la acción de personal que separó a Celi de su cargo en 2017 era legal, pues Pólit la firmó antes de irse vacaciones. Por ello, el mismo nombramiento de Celi sería irregular.
El problema aquí es que Chamoun ya fue sentenciada por usurpación de funciones, denunciada por el mismo Celi. Y que, a pesar de estas irregularidades, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó a Celi en su cargo, y no lo evaluó.
La causal en este caso es que el contralor habría ejercido un cargo que no le correspondía.
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Falta de señalamientos a Odebrecht
El pedido de juicio político contra Celi señala que cinco exámenes especiales hablan sobre la contratación de obras públicas con la empresa brasileña Odebrecht.
Sin embargo, añade que dichos informes emitieron indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios y no contra la empresa.
La causal en este punto sería el incumplimiento de sus obligaciones, al dejar al Estado "en indefensión" en el caso Odebrecht.
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Contratos con la empresa de Daniel Salcedo
El documento sostiene que hay irregularidades en el otorgamiento de un contrato de comunicación a la empresa H.D.C. Producciones C.A., cuyo gerente y accionista mayoritario es Daniel Salcedo.
El contrato por Régimen Especial se adjudicó por “Servicios y productos comunicacionales para la difusión y análisis de la gestión de la Contraloría General del Estado”.
El pedido de juicio político sostiene que todo el proceso de contratación se desarrolló en seis días y se habrían cometido varias irregularidades. Además, añade que la empresa no cumplía los requisitos, pero aun así obtuvo el contrato.
La tercera causal es, por tanto, inobservancia de las normas de contratación pública.
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Interferencia en las funciones del CNE
El pedido recuerda todo el vaivén de decisiones alrededor de la eliminación de cuatro organizaciones políticas, que según Contraloría no cumplieron los requisitos para ser inscritas.
El tema que deberá analizar la Asamblea es si esto fue una interferencia en las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los consejeros argumentaron que no podían eliminar organizaciones por pedido de la Contraloría, ante lo cual el ente de control amenazó con su destitución.
La causal de este punto es la interferencia en las funciones de otra Función del Estado, la Electoral.
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Interferencia en el proceso electoral
Este mismo tema de las cuatro organizaciones políticas eliminadas -tres de las cuales sí pudieron participar en las elecciones de 2021- está señalado como una interferencia en el proceso electoral. Esta es una de las prohibiciones para todos los funcionarios en tiempos de elecciones.
Por tanto, el incumplimiento de funciones estaría en la interferencia en el proceso electoral.
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El proceso penal
La investigación penal por presunta delincuencia organizada es recién la última causal del juicio político. En este punto, el pedido señala los antecedentes del caso, relacionados con contratos de Petroecuador.
La causal señala el incumplimiento del deber de esa institución de determinar la responsabilidad por el manejo de recursos públicos.
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