Estas son las 11 preguntas planteadas para referendo y consulta

La Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, sin importar el delito que hayan cometido. Esto incluye aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes.

Por ello, el presidente Lasso argumentó que, en esos casos, debería permitirse que los narcocriminales sí sean extraditados.

El objetivo es que puedan ser juzgados en otros países donde hayan cometido delitos, con penas "más duras e ineludibles". Ya que el sistema judicial ecuatoriano tiene cada vez menos credibilidad.

En esa misma línea, el Gobierno quiere cambiar el funcionamiento de la Fiscalía, para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que ahora se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales.

El objetivo de la segunda pregunta del referendo es "garantizar la autonomía de la Fiscalía". Y que, en adelante, sea la misma entidad la que tenga la responsabilidad sobre los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal.

La Fiscalía no demoró en pronunciarse al respecto. Aunque está a favor de ganar más autonomía, la institución señala que la creación de un nuevo organismo obstaculizaría la intención.

En 2021, los ecuatorianos eligieron a 137 asambleístas y, según la Constitución, para las siguientes elecciones generales de 2025, el número podría ascender a 152.

Esto porque la cantidad de legisladores debe aumentar en proporción con el crecimiento poblacional de cada jurisdicción. Ese cambio estaba previsto para 2021, pero no sucedió porque el censo no se ejecutó en 2020.

La propuesta del Ejecutivo es que se elija a los legisladores de acuerdo a los siguientes criterios:

• 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes.
• 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes.
• 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior.

La quinta pregunta del referendo apunta a los 272 movimientos políticos, pero deja de lado a los partidos.

En medio de los permanentes escándalos por la afiliación fraudulenta de militantes de las organizaciones políticas y el nacimiento y renacimiento de tiendas políticas, el Ejecutivo propone un control de sus miembros, que sea auditado periódicamente.

Así como plantea que tengan un mínimo equivalente al 1.5% del padrón electoral de su jurisdicción.

La quinta pregunta del referendo busca crear un subsistema de protección hídrica, que forme parte de Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo control estatal.

"La consulta es de todos y eso debe incluir a nuestra madre naturaleza", dijo el Mandatario. Por ello, según el Gobierno, el objetivo es proteger el agua.

Esta interrogante también es de temática ambiental. Buscará que "el ciudadano que proteja el medio ambiente pueda recibir una merecida compensación por sus servicios", explicó el presidente Lasso.

El Estado, como administrador de los servicios ambientales, "regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento", indican los anexos.

Y, el documento, agrega que el Estado también "definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos".

En su afán de restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), el Gobierno plantea mantener las postulaciones ciudadanas para las autoridades de control, pero que su proceso de selección sea en el Legislativo.

El proceso para designar al Contralor, Fiscal, defensores Público y del Pueblo, y a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) estará en manos de la Asamblea.

Al igual que de los superintendentes y Procurador y del Consejo de la Judicatura.

Cada uno con sus plazos y con comisiones técnicas, que emitan informes vinculantes para aprobación del Pleno, con la mayoría absoluta de sus miembros (71).

Esta última enmienda constitucional plantea eliminar las elecciones por sufragio universal de los consejeros del Cpccs, pero mantiene la prohibición de que sean militantes de alguna agrupación política, al menos, en los últimos cinco años.

Y, en su lugar, propone que sean elegidos con el voto de la mayoría absoluta de los asambleístas (71), de entre una lista de 20 candidatos remitidos por la comisión técnica de selección.

El proceso se llevará de la misma manera que la designación del Contralor, Fiscal, defensores, CNE y TCE.

Esta primera pregunta de consulta popular busca invertir en la educación de niños y adolescentes todos los recursos que se generen del comiso de bienes, por delitos relacionados con el crimen organizado.

Las cifras oficiales indican que en Ecuador existen 668.203 niños entre 3 y 4 años, de los cuales el 49,75% no recibe atención de ningún servicio educativo inicial. Y, hasta 2018, 73.263 menores, entre los 8 y 18 años, tenían rezago educativo.

Esto implica, según el Ejecutivo, que las posibilidades de un pronto abandono de los estudios sean más altas, lo que les deja más expuestos ante la práctica de las bandas criminales de la cooptación de niños y adolescentes.

Además, el Gobierno admite que el Estado no tiene la capacidad técnica, ni económica, ni institucional para atender esta problemática. Y que existe la necesidad de fortalecer el sistema educativo.

La segunda interrogante también plantea una reforma penal. Pero esta vez el objetivo es tipificar el delito de extorsión, por el incremento en la práctica de las bandas delictivas de cobrar a los ciudadanos, especialmente comerciantes, por "protección".

La Policía registró en lo que va del año más del doble de denuncias (5.545) por presuntas extorsiones en 2021.

La propuesta busca reducir la impunidad de la extorsión por "protección", agregando un nuevo artículo al Código Integral Penal, que tipifique la extorsión con 7 a 10 años de prisión.

La tercera pregunta de la consulta popular plantea que haya una deducción adicional del 100% para el empleador, dentro del cálculo de la base imponible del impuesto a la renta por las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IESS, aplicable a los trabajadores mayores de 45 años.

El objetivo es promover la contratación de este segmento poblacional, ya que, según los datos oficiales, los ecuatorianos entre 45 y 64 años representan el grupo etario con menos acceso al empleo adecuado.

La reforma iría al artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno.